Un simulacro escolar ocasiona problemas

25 junio 2010
Noticias de Yucatán
(caso curioso)

Un persona tira cal para simular el humo en la Secundaria Técnica 54 Certifica.com

Utilizan cal para el humo en lugar de fuego controlado
25/06/2010

Un simulacro de incendio en la Secundaria Técnica 54, en Vergel II, causó perjuicios a estudiantes, maestros y agentes de la SSP, porque en lugar de simular un incendio con fuego controlado decidieron tirar bultos de cal para recrear el humo.

La capa de polvo que se levantó propició que los alumnos, maestros, funcionarios municipales tuvieran dificultades para respirar e irritaciones en los ojos.

Bomberos indicaron que no se descarta que mañana comiencen a surgir casos de conjuntivitis entre maestros y alumnos, porque la cal lastima directamente la conjuntiva de los ojos.

“Fue un error que usaran cal en lugar de simular un incendio controlado”, dijo un oficial.

“De poco sirvió nuestra presencia”, dijo otro.

El simulacro se inició a las 11:15 de la mañana. La SSP cerró la calle 10-D s/n con 23 de Vergel II. La sirenas alarmaron a algunos vecinos, que salieron a ver lo que ocurría.

Hubo un momento en que los alumnos salieron corriendo del inmueble, no por el peligro del fuego sino por la densa capa de cal que se levantó. Fotógrafos que cubrían el simulacro tuvieron dificultades para obtener imágenes del “siniestro”.

Manuel de Jesús Sauri Flota, director de la escuela, informó que en 2:50 minutos se desalojó a 750 alumnos. Se decidió usar la cal, dijo, por el temor de que al encender fuego éste pudiera salir de control.

Jorge Gamboa Wong, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento, fue uno de los funcionarios que sufrió de los problemas con la densa capa de cal.

Bomberos luchan contra el “fuego” durante el simulacro en la Secundaria Técnica 54 del fraccionamiento Vergel II

Llega a Yucatán polémico libro

Noticias de Yucatán
(pri, critica, iglesia)

El doctor Elios Masferrer Kan e Iván Franco Cáceres, en la presentación anoche del libro “El PRI y sus obispos”

Presentan “El PRI y sus obispos” en el Palacio Cantón
25/06/2010

—Algunas apariciones en los medios del arzobispo (Carlos Emilio Berlie Belaunzarán) dando ciertas declaraciones tienden a coadyuvar con ciertas posiciones de poder, principalmente del PRI —afirmó anoche el investigador e historiador Iván Franco Cáceres.

—Aunque la relación del PRI con la jerarquía católica ha menguado, los priistas están retomando esa relación debido a que no tienen discurso político y les está pareciendo atractivo e interesante ir a misa y que la gente los vea, con la finalidad de encontrar nuevas clientelas —apuntó el investigador, al presentar en Mérida su libro “El PRI y sus obispos”, en el Palacio Cantón, sede del Museo de Antropología local.

La obra también fue comentada por los historiadores Elio Masferrer Kan y Enrique Montalvo Ortega.

El libro presenta un análisis de la relación de la Iglesia
Católica y el Estado en Yucatán durante los últimos 10 años y es una continuación de un trabajo anterior de tesis realizada por Franco Cáceres.

El investigador explicó que se toma como figura principal al
arzobispo Berlie, ya que tiene un papel significativo en la vida local y nacional.

—Ha tenido presencia en espacios que han sido polémicos, como en Tijuana cuando asesinaron a (Luis Donaldo) Colosio, y luego se traslada a Yucatán al parecer por presiones del gobierno norteamericano —apuntó el autor.

Iván Franco comentó que no se puede precisar cuán influyente es el arzobispo en la entidad. “A mí me parece que influye en ciertos sectores y medios de comunicación”, dijo.

Apuntó que las relaciones actuales con el Ejecutivo son buenas y de diálogo, y añadió que las declaraciones del grupo del Decanato No. 9 antes de las elecciones eran una jugada para medir a los candidatos priistas.

Denuncia contra la Comuna

Noticias de Yucatán
(animaya, denuncia, muerte de animales)

25/06/2010

El lunes pasado la Asociación por los Derechos de los Animales en Yucatán (ADAY) interpuso una denuncia ante el Ministerio Publico Federal contra el Ayuntamiento de Mérida y su presidente municipal saliente, César Bojórquez, por el maltrato que sufren los animales en el zoológico “Animaya”.

La denuncia fue presentada por la presidenta de dicha asociación, la Doctora Rosario Sosa Parra, por los posibles delitos de abuso de autoridad, delitos contra el consumo y la riqueza nacional y daños contra los recursos naturales de la nación. El zoológico del Bicentenario o “Animaya”, abierto al público desde el 30 de abril, ha generado una gran polémica debido a las irregularidades en que se ha visto envuelto.

La misma ADAY interpuso el 25 de mayo, la denuncia con número de expediente PFPA/37.7/2C.28.2/0063-10 ante la delegación de la Profepa por sus deficientes instalaciones y por la muerte de 4 animales originado por las malas condiciones en que se encuentra dicho parque. Tres días después, la dependencia federal realizó una visita de inspección a cargo del subdelegado Luís Antonio Balam Tzeek, sin embargo, aún no han resuelto nada al respecto.

El 8 de junio, la doctora Sosa Parra y representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizaron un recorrido en las instalaciones de Animaya, constatando las graves deficiencias que este tiene. Entre ella se encontró a un venado que presentaba heridas en el rostro e infección en el ojo y oído, cerca electrificada que impedía que los animales se acercaran a tomar agua en el lago, escasos refugios para que los animales se resguarden del calor, nula vegetación, hábitat inadecuado, entre otras. Ante estos reclamos, el alcalde Bojorquez, se limito a expresar que “el mundo no se acaba por la muerte de algunas especies” y “nunca han multado al Ayuntamiento y son accidentes y decesos esperados”.

Al respecto, la presidente de la ADAY señalo que “es muy importante que todos nosotros como ciudadanos le pidamos a nuestras autoridades estatales y federales el traslado inmediato de los animales de Animaya de vuelta al zoológico. Ellos ya no pueden esperar más, y es muy claro que este parque no cuenta con las condiciones necesarias para que puedan habitar adecuadamente” Por ultimo, la Doctora Sosa Parra hizo hincapié en que la Asociación seguirá trabajando incansablemente en beneficio y apoyo de los animales e hizo una invitación a todas las personas que quieran apoyar esta noble causa a que se comuniquen a los teléfonos 920-7501, o al número celular 999-958-05-83.

Edificarán 3 puentes peatonales

Noticias de Yucatán
(obras, promesa, compromisos no cumplidos)

El primer puente peatonal del Periférico fue construido a la altura de San José Vergel, a raíz de un fatal accidente

La construcción se iniciaría en agosto; estarán en el Oriente
25/06/2010

En los primeros días de agosto se empezaría a construir otros tres puentes peatonales en el sector oriente del Anillo Periférico, indicó ayer Francisco Torres Rivas, secretario de Obras Públicas.

En un boletín se indica que el funcionario dio a conocer que ya se cuenta con los recursos necesarios para iniciar con el proceso de construcción de estos puentes y que por la situación económica que atraviesa el país las empresas no han querido participar a cambio de colocar su publicidad.

“Había empresas interesadas (en patrocinar los puentes), pero, por la crisis y los efectos de la influenza, ya no se dieron las condiciones para manejar el mismo esquema y no se contaba con un presupuesto para este tipo de obras”, dijo Torres Rivas.

La primera estructura que se concesionó a esta empresa tuvo una inversión cercana a los $6 millones y una duración de construcción de unos tres meses.

Hay $21 millones destinados para la construcción de tres puentes peatonales, los cuales se liberarán en 15 días para proceder con la licitación y en agosto iniciar la construcción.

“Estos puentes estarán a la altura de Alborada, frente a la escuela Melchor Ocampo y en la Benito Juárez Oriente. Para tener una mejor idea de su ubicación, estarán entre la fábrica de una empresa embotelladora y Mulchechén”, indicó.

Remarcó que estas obras van a contribuir para la seguridad de quienes circulan por esta vía, tanto para automovilistas como para peatones, y que se suman a la iluminación, la construcción de carriles de desaceleración y a la limpieza constante.

Ucú y Chichén, temas en el D.F.

Noticias de Yucatán
(corrupción, ucú, chichén)

25/06/2010

Bajo el título “Yucatán: Megaobras, megafraudes”, la revista Proceso publicó ayer en su sitio web un reportaje de Jenaro Villamil en el que da a conocer proyectos del Ejecutivo estatal en Ucú y Chichén. A continuación, una síntesis:

Por su empeño en desarrollar dos megaproyectos —un complejo hotelero en Chichén Itzá y la construcción de una ciudad dormitorio paralela a Mérida—, la gobernadora Ivonne Ortega concitó el rechazo de artesanos y comuneros de varios municipios, que la acusan de querer beneficiar a una decena de firmas inmobiliarias, en particular al Grupo Kaknab.

En Chichén Itzá, comentan artesanos, el gobierno estatal pretende beneficiar al Grupo Kaknab, que encabezan Eduardo González Cid y Nicolás Zapata, y a otros desarrolladores inmobiliarios. Pero, sobre todo, sostienen que la gobernadora utilizó recursos públicos para adquirir un predio de 83 hectáreas de Hans Jurgen Thies Barbachano a un sobreprecio de más de 2,750%, en vez de expropiarlo. Todo, insisten, para llevar adelante la transformación de ese sitio en zona hotelera.

Los artesanos Silvia Cimé Mex, Jesús Solís Alpuche, Juan Alberto Bermejo y el abogado Villevaldo Pech Moo aseguran que la megaobra, que ocupará 83 hectáreas —45 pertenecen a Chichén—, constará de 12 hoteles, playas y lagos artificiales, campos de golf, un parque acuático, casas de artesanías y centros de convenciones.

Advierten que Ivonne Ortega prácticamente privatizaría esa zona arqueológica para beneficiar a González Cid y Zapata. El primero, aseguran, es muy cercano al gobernador de Quintana Roo y artífice en buena medida del triunfo de la mandataria.

Grupo Kaknab es la contraparte de otro poderoso consorcio turístico y empresarial, Grupo Xcaret, que administra el parque del mismo nombre. Durante la administración de González Canto y de Ivonne Ortega, Kaknab se benefició ya con dos obras: Discover México en Cozumel y el diseño del Palacio de la Cultura Maya de Yaxcabá, ambas a petición del gobierno de la yucateca.

En el segundo de esos proyectos, las autoridades adquirieron 300 hectáreas y se las adjudicaron a Kaknab para que, por medio de su filial I Arquitectura erigiera el Palacio de la Cultura Maya.

Diario de Yucatán y José Luis Sierra Villarreal, ex delegado del INAH en Yucatán, han documentado que Grupo Kaknab compró hace años 600 hectáreas en los alrededores de Chichén Itzá para impulsar un “parque temático” y un proyecto megahotelero.

El 30 de marzo, el gobierno estatal informó sobre la adquisición de 83 hectáreas por las que pagó $230 millones con un préstamo a través de Cultur. Las tierras de la zona arqueológica estuvieron en litigio varios años. Hace dos décadas, el antropólogo Sierra Villarreal inició las negociaciones con la familia Barbachano para adquirir las 83 hectáreas. No tuvo éxito. En 2006, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) valuó la extensión en $8 millones. Y en marzo pasado la administración estatal anunció que finalmente era propietaria de ese terreno. Según el boletín oficial, el gobierno pagó por él 230 millones de pesos, gracias a un préstamo bancario que obtuvo a través de la dirección del patronato Cultur.

De las 83 hectáreas, 45 corresponden a la zona arqueológica y las restantes a las zonas contiguas, conocidas como “polígonos”: sur, norte y noroeste, en los que se construirá un nuevo aeropuerto y, según los planes de Ivonne Ortega, un desarrollo turístico de gran escala, similar a Disneylandia.

El director del patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, justificó el pago de 230 millones de pesos al actual propietario de la vieja hacienda, Hans Jurgen Thies Barbachano, con el argumento de que el gobierno federal se mostraba indeciso.

Los artesanos de Chichén Itzá, encabezados por Cimé Mex, Solís Alpuche, Bermejo y el abogado Pech Moo sostienen que desde noviembre de 2009 denunciaron que el Sistema para el Financiamiento del Estado de Yucatán (Sifidey) tenía en mente realizar el megaproyecto hotelero en los alrededores de Chichén Itzá.

El mismo grupo de artesanos pidió en septiembre de 2008, ante la Cámara de Diputados, que el gobierno federal expropiara las 746 hectáreas que comprenden los terrenos de la zona arqueológica, impidiera el cobro por el acceso a los monumentos históricos y evitara el desalojo de los comerciantes.

No sólo no fueron escuchados por las autoridades federales, sino que los especuladores inmobiliarios y desarrolladores turísticos comenzaron a transformar la zona arqueológica en un centro de espectáculos. Hoy, a menos de tres años de distancia, el gobierno estatal ha promovido, entre otros, funciones exclusivas como los conciertos de Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John, con el argumento de que se trata de “promoción turística”.

La transmisión de esos conciertos y la venta de boletos ha estado a cargo de empresas vinculadas con Televisa, el consorcio que más recursos y contratos publicitarios ha recibido del gobierno de Ivonne Ortega.

Gran negocio en Ucú En paralelo, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo un endeudamiento de $343.375,000 para adquirir terrenos ejidales en Ucú, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado, que encabezaba Angélica Araujo Lara, actual alcaldesa electa.

Angélica Araujo es, junto con el diputado federal priista Felipe Enríquez Hernández, artífice del Plan Maestro de Ucú, cuyo objetivo es construir 56,800 viviendas en una extensión de 1,800 hectáreas. Con este plan se elevaría a casi 100,000 el número de edificaciones en esta zona y Caucel, donde han sido beneficiados 10 grandes grupos constructores.

Uno de ellos es el que encabeza Pedro Espadas, pareja sentimental de Angélica Araujo y socio, junto con Ricardo Combaluzier, de la empresa Construcasa, S.A. de C.V., beneficiaria a su vez del desarrollo inmobiliario en Ciudad Caucel.

Las otras firmas inmobiliarias son: Grupo Sadasi, representado por Leandro López, también impulsor de las Ciudades Bicentenario del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, en especial las del municipio de Tecámac.

Los yucatecos denominan a este tipo de desarrollos inmobiliarios “chiquilotes”, por las minúsculas casas-habitación de 5x15 metros de extensión. La mayoría tiene servicios de transporte precarios o carece de ellos, pero cuentan con infraestructura vial, eléctrica y de agua potable, que aporta el gobierno del Estado. El senador panista Hugo Laviada Molina sostiene que detrás del caso de Ucú “existe una gran operación nacional dirigida por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y ejecutada por su agente financiero: Felipe Enríquez Hernández, para financiar campañas del PRI; todo consiste en trabajar con mafias agrarias”.

La presencia de Enríquez Hernández en los grandes negocios inmobiliarios ha sido notoria y constante en Yucatán durante los últimos años. Compadre de Ivonne Ortega, amigo cercano de Peña Nieto y colaborador de Natividad González Parás durante su sexenio en Nuevo León, Enríquez Hernández llegó a Yucatán en 2007 con una encomienda: arrebatarle la gubernatura al PAN.

Enríquez Hernández también fue secretario particular de María Teresa Herrera Tello cuando era la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y director de Fomerrey (2003-2005), oficina del gobierno de Nuevo León responsable de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de “regularizar” tierras.

En 2005, Enríquez Hernández colaboró en la campaña que llevó al gobierno de Quintana Roo a Félix González Canto. Y en 2007 se incorporó al equipo de logística de Ivonne Ortega durante el proceso electoral en Yucatán.

En su edición del lunes 14, Diario de Yucatán informó que Enríquez Hernández participó en una venta paralela de terrenos de Ucú en una extensión de aproximadamente 581 hectáreas. Según el rotativo, el dinero recaudado presuntamente servirá para financiar la campaña estatal del PRI.

El rotativo citó las declaraciones del comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán, quien admitió que “un empresario de Monterrey” les compró 581 hectáreas.

La revista “Artículo 7” publicó un análisis en el que aludía al negocio de Ucú y la manera en que opera: “Se compran las tierras pagando $120,000 por hectárea a los ejidatarios; el gobierno del Estado, tras introducir infraestructura urbana, las vendería al grupo de inmobiliarios en $1.200,000 por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de $3,600 millones. La mayor parte de este millonario negocio se movería “por debajo del agua” y gran parte se utilizaría en campañas del PRI.

El despojo Proceso confirmó que detrás del megadesarrollo urbano de Ucú existe un presunto fraude a los 176 ejidatarios, a quienes hasta ahora no se les han pagado 3,600 hectáreas, así como una denuncia por despojo que encabeza Pedro Manuel Rosado Reyes, dueño del predio llamado Chacsiniché.

Él asegura que fue despojado de su propiedad con el aval del gobierno estatal y menciona el motivo: el terreno, que adquirió en 1978, está en medio de la carretera que conducirá al nuevo complejo habitacional.

Comenta que lo utilizó para sembrar henequén, que vendió durante algunos años a la desaparecida paraestatal Cordemex. Y aclara a Proceso: 'Nunca tuve ningún problema'.

Sus dificultades, dice, comenzaron en 2008, cuando el gobierno de Ivonne Ortega y la responsable del IVEY, Angélica Araujo, ya habían proyectado el Plan Maestro de Ucú.

Relata que en octubre de 2008, por instrucción de la jueza primera de lo Civil, Elsa Guadalupe Rivera Uc, fue despojado de su terreno para beneficiar al empresario Guy Boyancé Cervera, quien meses después, en julio de 2009, al frente de un grupo de 50 personas invadió el predio Chacsiniché.

'Todo estuvo debidamente orquestado para despojarme', denuncia Reyes Rosado. Su abogado, José Manuel Echeverría Bastarrachea, advierte que en este litigio está involucrado también Rafael Acosta, quien fue subprocurador a principios de la gestión de Ortega Pacheco y hoy se desempeña como su asesor.

Reyes Rosado asegura que en agosto de 2009 se entrevistó con la gobernadora para exponerle su caso. Ella se comprometió a que “todo se haría conforme a la ley”. A 10 meses de esa reunión no sólo no obtuvo respuesta, sino que el mismo Ministerio Público yucateco permitió que el predio invadido por Boyancé Cervera fuera vendido.

'Es escalofriante lo que está pasando. Ahora tenemos más violencia y robo, que es organizado por el propio gobierno de Yucatán. Todos le tienen miedo a Ivonne Ortega. Yo pensaba que ella no iba a sacrificar su futuro político, pero es ella la que parece encabezar este despojo', sentencia Reyes Rosado.

El INAH: No habrá aumento

Noticias de Yucatán
(alza, tarifas, cultur, turismo)

No cambiarán las tarifas para entrar a zonas arqueológicas
25/06/2010

En respuesta a la preocupación de los empresarios del ramo turístico de Yucatán por las cuotas de acceso a las zonas arqueológicas del Estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que no habrá aumentos de parte de la Federación.

En un boletín indica que la cuota oficial para el ingreso a las zonas arqueológicas de todo el país se establece en la Ley Federal de Derechos y es aprobada anualmente por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Agrega que la tarifa vigente para este año, de acuerdo con la categoría de las zonas con mayor afluencia en Yucatán, es: Chichén Itzá y Uxmal (categoría AAA), $51; Dzibilchaltún (AA), $49; Chacmultún y Kabah (B), $37, y Ek Balam, Acanceh y Mayapán (C), $31.

Este cobro no puede ser alterado ni dispensado por ninguna autoridad local.


INAH

- Zonas arqueológicas Otros datos sobre los cobros que se hacen para entrar a las zonas arqueológicas del país: Los que no pagan La ley exenta a adultos mayores, estudiantes del Sistema Educativo Nacional con credencial, menores de 13 años, y discapacitados. Los domingos la entrada es gratuita para mexicanos y residentes en el país.

No están considerados Los demás cobros que realizan las autoridades estatales en zonas arqueológicas no están considerados en la Ley Federal de Derechos y no deben impedir el ingreso a esos sitios.

“Un barniz de legalidad”

Noticias de Yucatán
(despilfarro, deuda, empleados del gobernador, fast track)
  • El PRI aprobó $15,000 millones sin ver, señala la oposición
  • “El trasfondo del 'fast track': limpiar el cochinero”, dicen
25/06/2010

“La prisa por aprobar las cuentas del gobierno del Estado fue para darle un barniz de legalidad al millonario despilfarro que tiene quebrado y endeudado a Yucatán”, afirma la diputada Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso del Estado.

“Es el colmo del descaro, ya no guardan ni las formas: ¿cómo es posible que en sólo seis días la mayoría priista apruebe un gasto de $15,000 millones?”, cuestiona la ex procuradora del DIF.

“Equivale a revisar $2,500 millones por día. Suponiendo que hubieran trabajado las 24 horas revisando facturas, recibos, comprobantes, en cada hora avalaron ¡más de $100 millones!.

“Para nosotros queda muy claro que el trasfondo del 'fast track' fue limpiar el cochinero”, subraya la legisladora.

Para la diputada del PRD, Bertha Pérez Medina, quien, como publicamos, votó en contra de la aprobación de la cuenta pública del segundo semestre de 2009, este caso es una muestra más del abuso del poder y de la impunidad que reina en Yucatán.

“La mayoría priista aprobó las cuentas sin ver. Con esta acción tratan de sepultar el millonario préstamo, el caso Ucú, los conciertos de Cultur...”, advierte la diputada.


Intento de ”limpiar el cochinero”
Una diputada del PAN hace críticas duras al “fast track”

25/06/2010

La diputada panista Patricia Gamboa Wong criticó duramente la aprobación “fast track” de las cuentas del gobierno del Estado y consideró que fue un intento de la mayoría priista por “limpiar el cochinero”.

Señaló que la aprobación fue para dar un barniz de legalidad al millonario despilfarro que tiene quebrado y endeudado a Yucatán. La actual Legislatura tendrá su última sesión el próximo día 30, en la cual se integrarían concejos ante resultados electorales pendientes.


“Lo aprobaron a ciegas”
Los diputados del PRI están buscando otro hueso, señalan

25/06/2010

“Para mi los diputados del PRI aprobaron a ciegas la cuenta pública del gobierno del Estado por dos razones: una, fue para cubrir el millonario dispendio, y dos, para congraciarse con la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco) antes de irse, ya que están buscando otro hueso”, apunta la diputada Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la bancada panista del Congreso.

“Sólo así se explica la prisa y la forma tan burda como aprobaron las cuentas por 'fast track', incurriendo incluso en violaciones a la ley, al convocar a un período extraordinario de sesiones sin respetar los plazos establecidos”, subraya la abogada, quien, junto con su colega del PRD, Bertha Pérez Medina, fue objeto de burlas y ofensas en la sesión de anteayer, en la que se aprobaron por mayoría las cuentas del segundo semestre de 2009 del sector público estatal.

Con ese paquete de cuentas, la mayoría priista avala el gasto de más de $29,000 millones que hubo el año pasado y los $56,945 millones que llevaba ejercidos la administración de Ivonne Ortega desde su toma de posesión hasta el cierre del año pasado.

Sólo queda pendiente lo que ejercerá este año. La cuenta llega por semestres al Congreso para su análisis, dictamen y aprobación. De enero a marzo (primer trimestre 2010) el gasto fue de $5,083 millones, según cifras del propio gobierno del Estado.

“No podemos aprobar algo que no tiene soporte documental, comprobantes, estudios contables, etcétera”, indica la diputada Pérez Medina.

“La cuenta pública llegó el 7 (de este mes), la Diputación Permanente le dio entrada oficialmente el 8 y lo turnó a la Comisión de Hacienda. El 9 esta Comisión convocó a sesión para el día siguiente y resulta increíble que en esa sesión (del 10) ¡llegara con un predictamen aprobatorio de las cuentas!”, subraya la legisladora.

“Sólo porque Julio Garrido se opuso y pidió que las cuentas se separaran en dos paquetes, se convocó a otra sesión para el 14 —'porque se les cruzó el fin de semana'—, en la que, entonces sí, aprobaron los dictámenes. Es decir, en sólo seis días aprobaron $15,000 millones, sin ver, desde luego”, recalca.

Cuentas

- Polémica aprobación La diputada Bertha Pérez, del PRD, asegura que en la cuenta no hay información de la deuda.
Dos paquetes En total, la mayoría priista y la diputada Doris Candila aprobaron 36 cuentas divididas en dos paquetes, que juntos suman $15,000 millones, en números cerrados.
Caso Ucú “No podemos aprobar el préstamo para comprar tierras del ejido de Ucú, que es ilegal de origen y ya fue objeto de una denuncia por peculado”, advierte Bertha Pérez.
“¿Inversión productiva?” “Tampoco podemos avalar el préstamo de $1,800 millones porque no hay informes claros. ¿Dónde está la inversión pública productiva?”.
“Lo salvable” “Lo único salvable es el segundo artículo transitorio de los dictámenes, que dice que la aprobación de la cuenta no exime a las autoridades sujetas a revisión de que se les pueda fincar responsabilidades civiles o penales en el período que marca la ley”, dice la diputada Patricia Gamboa.

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