El organismo ciudadano Indignación-Yucatán presentó un informe del capítulo Yucatán sobre detenciones arbitrarias y torturas en el estado, en el cual destaca un número considerable de acciones inconstitucionales de los elementos judiciales y policiacos, violatorios de Derechos Humanos.
Con el respaldo del grupo Amnistía Internacional, se ofrecieron una serie de incidentes que se han presentado en el estado provocados por las autoridades municipales, estatales y judiciales sobre hechos de violencia contra grupos de la sociedad.
Martha Capetillo, integrante de Indignación, Carlos Zazueta, de Amnistía Internacional y Pedro Juan Santana, presentaron hechos sobre distintas acciones de agentes de seguridad pública y elementos judiciales sobre acciones que han ocasionado la pérdida de vidas a manos de policías yucatecos y que se mantienen impunes.
En el informe que se presentó ante medios de comunicación y estudiantes, Carlos Zazueta destacó que de las 2 mil corporaciones de seguridad que hay en el país, un alto porcentaje no cubre las expectativas de seguridad que tiene la población, además de no estar debidamente preparadas y capacitadas para realizar su trabajo como representante del orden público.
Sostuvo que el gran común de las policías en México es su falta de preparación, los abusos y violaciones que cometen al abusar de manera desmedida de la fuerza y el alto porcentaje de delitos que cometen los propios agentes al realizar sus labores .
El representante de Amnistía Internacional expuso que las corporaciones policiacas de México no están calificadas para cumplir con su trabajo debido a múltiples factores, pero que los principales son el desconocimiento de la ley y su falta de certificación y medición de sus condiciones psicológicas y sociales.
Por su parte, Martha Capetillo, integrante del grupo Indignación, dio a conocer detalles de los numerosos hechos que han ocasionado tanto elementos de seguridad pública municipal, como agentes de seguridad estatal y fiscales judiciales quienes no tienen la capacidad para aplicar medidas específicas en detenciones, ya que, no cuentan con protocolos adecuados, siembran pruebas, ocultan información y con esto dañan el cabal proceso judicial.
Capetillo habló sobre los incidentes contra ciudadanos en 2010, 2015 y 2016 en los municipios de Tekax, Temax y Mérida, en donde dos personas perdieron la vida en celdas municipales provocadas por presuntas torturas y la situación de la comisaría de Chablekal en donde agentes policiacos dañaron, agredieron y lesionaron a ciudadanos con detenciones ilegales, abuso y tortura. Puso en evidencia también una serie de hechos en los que se han presentado intervenciones de elementos policiacos y donde se han gestado situación de presión para ellos. Casos incluso recientes en contra de ciudadanos que están detenidos de manera arbitraria por la autoridad del estado.
Recalcó que al igual que los procedimientos que se registran en otros estados, la policía de Yucatán no detiene mal, pero no usa los protocolos establecidos para dar protección a los ciudadanos y con ello comete muchas violaciones a los hechos humanos.
Añadió que los agentes estatales no están capacitados para cumplir con algunas de las funciones que le asigna el nuevo rol de la justicia, ya que muchas breves realizan detenciones sin justificación legal, sin una base jurídica y ocasionan de alguna manera tortura psicológica en la ciudadanía. Con Información de Reporteros Hoy
Vecina de Mérida, identificada como Maricarmen Castillosubió una queja en su espacio de Facebook en la que expresó su molestia contra supuestos empleados de una empresa subcontratada por la CFE, quienes sin previo aviso a ella que es la propietaria del predio en cuestión, se dieron a la tarea de desmantelar el medidor de corriente eléctrica.
En estos momentos en que la seguridad está muy cuestionada este tipo de hechos generan de manera justificada el disgusto y la zozobra de los ciudadanos.
En el vídeo la mujer en varias ocasiones señala que quienes hicieron esa tarea no se identificaron y tampoco mostraron la respectiva orden de trabajo.
Este es el mensaje que dejó junto con su vídeo: "Esto acaba de pasar en mi casa en Montebello que llegaron gente agenda a CFE sin notificaciones ni avisarme que iban hacer con mi medidor el disque empleado que no se acreditó conmigo dijo que tenía toda la autoridad para hacer lo que tendrá que hacer por el medidor es propiedad de comisión federal lo cual no les da derecho a llegar córtate tus cables desmantelar tu medido que para que verifiquen si lo que se consume en casa lo refleja el medido o sea que ellos presuponen que tengo disblito como se lo hicieron a una vecina y le cortaron la luz esto es el colomo mucho cuidado !!!!!hay que denunciarlos no pueden llegar y desmantelar".
Un nuevo escándalo se asoma para la aerolínea estadounidense United Airlines.
Una pareja, que junto a sus amigos volaba desde Salt Lake City hacia Costa Rica, fue retirada de un vuelo, por condiciones que no quedan muy claras.
Michael Hohl y su novia, Amber, cuando se detuvieron para una escala en Houston, fueron obligados a bajar del vuelo 1737 de United Airlines.
En entrevista para la NBC, la pareja declaró que fueron los últimos en subir al avión cuando se dieron cuenta que un hombre estaba acostado sobre la fila de asientos que tenían asignados.
Hohl explicó que decidieron no despertar al sujeto y mejor se sentaron tres filas por delante de sus asientos.
“No pensamos que era un gran problema, no era que estamos tratando de saltar a un asiento de primera clase”, dijo Hohl. “Estábamos simplemente en la clase económica unas filas por delante de nuestros asientos”.
Una vez se sentaron, una azafata se acercó a ellos y les preguntó si estaban en sus asientos. La pareja explicó la situación y preguntó si podían quedarse en esos asientos.
La azafata le habría dicho a la pareja que tenían que volver a sus asientos asignados.
Hohl, dijo que después de cumplir con las recomendaciones, un agente federal presente en el avión se les acercó y les exigió desembarcar.
La pareja cooperó y se bajó del avión ante el desconcierto de todo el grupo de invitados que se dirigía a la boda.
“Ellos dijeron que estábamos siendo desordenados y que éramos un peligro para el resto del vuelo, para la seguridad de los otros clientes,” dijo Hohl, molesto.
United Airlines afirma que la pareja “en varias ocasiones” trató de sentarse en otros asiento sin pagar por estos y “no siguieron las instrucciones de la tripulación.”
La pareja finalmente voló a suelo costarricense en la mañana del domingo y aseguró que nunca más volverá a viajar en esta aerolínea.
“La forma en que United Airlines manejó esto es realmente absurdo”, afirmó Michael Hohl, quien explicó que la boda está programada para este jueves.
Este sería un nuevo caso de maltrato de esta aerolínea hacia sus clientes, ya que desde la semana la compañía ha sido noticia mundial tras la difusión de un video que muestra a un pasajero violentamente arrastrado por las autoridades al negarse a ceder su asiento, el caso de que retiraron a unas jóvenes por llevar ‘leggins’, además de que ya hay otras denuncias de este tipo. Fuente: Vanguardia
Los llamados "Súpercívicos" conocidos por tocar diferentes temas relacionados con la vida urbana tanto de la Ciudad de México como de algunas partes del país, llegaron atraídos por las detenciones arbitrarias que realiza desde hace tres meses el gobierno de Rolando Zapata Bello.
Entre otras cosas comentan que ellos mismos al solicitar el servicio de un Uber notaron algo extraño y más aún cuando les pidieron que en caso de alguna detención de digan que son sus parientes o sus amigos.
"Notamos el miedo que viven estos choferes", expresaron.
También dieron voz a algunos choferes quienes relataron algunas anécdotas sobre las atropellos de los que han sido víctimas en manos de la SSP o de la Dirección de Transporte del Estado.
En momento dado, de modo irónico los actores señalaron a Rolando Zapata Bello que lo que está haciendo con los Ubers no es nada bello, sino que es bien "fello".
Firmado por Luis Pérez, director de Cuentas de Tecnología Eureka & Co., la plataforma de transporte Uber se queja de que las autoridades de Yucatán mantienen detenidos más de 350 de sus autos, cuando, dice, los dueños cumplen todos los requisitos para liberarlos.
“Las autoridades de tránsito de Yucatán mantienen detenidos más de 350 vehículos cuando los dueños han cumplido con todos los requisitos para liberarlos, incluso algunos han pagado una multa de 40 mil pesos y han tenido que tramitar un amparo para obtener su liberación. Uno de los motivos que detiene la liberación de las unidades es que las autoridades no califican las multas, por lo cual el proceso nunca se inicia.
“Armando, dueño de un auto detenido por más de 58 días, así como otros cientos de conductores han declarado públicamente que hoy no cuentan con una ganancia adicional para sus familias. ‘Ya hemos pagado y entregado toda la documentación que nos piden en el corralón, pero no nos entregan los coches’, señaló. El gobierno ha declarado que tiene en su poder 200 autos y que ha liberado el 10%, pero de acuerdo a los reportes de Uber, hoy siguen retenidos más de 350 vehículos.
“A pesar de que hoy la regulación para Uber presenta ciertas limitantes, más del 33% de los integrantes del Congreso del Estado presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la recién reformada Ley de Transporte. Sin embargo, la represión a socios conductores por parte del gobierno continúa, mientras se espera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Esto deja en claro que hoy la Ley de Transporte que aplica el gobierno limita los derechos de los yucatecos.
“En Uber, nuestro propósito es contribuir a la movilidad de las ciudades y a su economía a través de una aplicación que permite el emprendimiento y la contratación de un servicio de transporte privado. Desafortunadamente hoy las autoridades no reprimen a Uber, sino a los propios yucatecos, su necesidad de una ganancia adicional para ayudar a sus familias y su necesidad de contratar un servicio de transporte seguro, eficiente y accesible”
Un operador de la empresa Uber, denuncia en un vídeo que fue detenido de forma arbitraria por agentes de la policía, quienes argumentaron primero el haberse pasado un alto y luego que llevaba drogas al interior del vehículo.
Finalmente se dijo que fue una revisión de rutina.
¿O fue sólo porque es un chofer de Uber?
Alrededor de 100 profesores provenientes del municipio de Valladolid fueron retenidos al intentar ingresar a Mérida.
Autoridades afirmaron que superiores les dieron la orden de impedirles el paso, ya que había la posibilidad de que viajara un posible estafador. Elementos policiacos mantuvieron los dos autobuses detenidos, negándole a los profesores retirarse en cualquier tipo de transporte; sin embargo, afirman que en todas las entradas a Mérida verifican para impedir al paso a los educadores.
Hoy aproximadamente mil maestros protestaban en San Juan.
En un vídeo que circula en Internet se pone en evidencia la manera tan arcaica en que operan agentes policiacos vestidos de civil, supuestamente como parte del programa estrella de seguridad de Rolando Zapata Bello, denominado Escudo Yucatán, violentando toda clase de derechos mínimos de las personas y más aún evidencian las mentiras.
Según se publica en una página denominada Infolliteras, entre las irregularidades se mencionan detenciones sin orden de aprehensión, allanamientos de morada, amenazas, lesiones, retención ilegal e incomunicación y sustracción de equipos de cómputo.
Se trata de la detención por demás arbitraria y mentirosa de quienes están involucrados en el caso de “Crecicuentas” en Yucatán, como consecuencia de presiones políticas días antes del tercer informe de, Rolando Zapata Bello, para desactivar posibles protestas de las llamadas “Abuelas de la Plaza Grande”, las que tienen más de un año con sus plantones cada sábado frente a Palacio de Gobierno.
En el caso de la quiebra de la Caja de Ahorros Crecicuentas cientos de ahorradores, de pensionados yucatecos, se quedaron sin su patrimonio en 2012. Se ha hablado de un quebranto millonario a familias yucatecas, que oscila entre los 500 y 800 millones de pesos, aunque cifras más reservadas hablan de 50 millones.
En un vídeo de una cámara de seguridad, que circular por la Internet, y que, según se informa, es parte del expediente 073/2016 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), se muestra cómo un grupo de sujetos encapuchados irrumpen en una oficina, golpean y someten a una mujer, amagan con armas a otras personas y, finalmente, salen del predio con un detenido y computadoras, todo sin mostrar orden alguna de detención o cateo.
Los sujetos iban con los rostros cubiertos, con las armas desenfundadas, y sometieron al personal que se encontraba en esa oficina con violencia, incluyendo a mujeres.
Así actuaron los elementos policíacos el pasado 11 de enero de 2016, cuando en una operación coordinada por el actual titular de la Secretaría General de Gobierno del Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, detuvieron –alrededor de las 18:00 horas- a Miguel Ángel Argaez López.
Previamente, ese mismo día por la mañana, se cometieron otra serie de irregularidades durante la aprehensión de Claudia Rubí y Jorge Alberto Argaez López, así como en la detención de la madre de ellos tres, Lina Rubí de Guadalupe López Conrado. Las mentiras del “parte oficial” ¿Cuántos más habrá así todos los días?
El jefe del grupo de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Israel López Pech, asegura en su parte informativo, con fecha 28 de enero de 2016, que estaban a bordo de la camioneta oficial matrícula YR-07757 en la calle 17 entre 38 y 40 de la colonia San Damián, donde se encontraba Miguel Ángel Argaez, y alrededor de las 18:35 horas el ahora detenido salió del predio.
“Al momento de acercarnos a él –sostiene el policía ministerial en documento- me identifico como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, a lo que el mencionado Argáez López, empieza a correr para evitar ser detenido y al correr cae, por lo que el suscrito, así como mi compañero Agente de la Policía Ministerial Investigadora Felipe Alpuche Canul, lo alcanzamos”.
Y añade: “pero el mencionado Miguel Argaez, en forma agresiva comienza a golpear a mi compañero, con el fin de impedir su detención por lo que el que suscribe solicita apoyo vía radio a la central de radios (sic) de la Policía Ministerial, indicándole que contaba con una orden de Reaprehensión en su contra, pero éste de manera agresiva continúa resistiéndose a la detención, pasado un rato y luego de forcejear es que logramos controlarlo”. La verdad de los hechos se muestra en el vídeo
Lo cierto, es que la detención ocurrió con el allanamiento del predio ubicado en San Damián que se muestra en el vídeo. Los policías, en realidad, nunca se percataron que estaban siendo grabados por una cámara de seguridad ubicada en una esquina de la habitación principal.
Incluso, en la secuencia del vídeo donde se les ve bajar del segundo piso con Miguel Argaez ya sometido, puede observarse que las lesiones del detenido concuerdan con lo reportado en el parte médico de la propia FGE, que también forma parte del expediente.
Documentos oficiales revelan que ese día de enero, uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se presentaron al domicilio de Lina Rubí López Conrado, madre de los Argaez López, donde vecinos del rumbo reportaron al número de emergencia un movimiento inusual de sujetos armados y un secuestro.
En el parte de la SSP sobre ese hecho ocurrido alrededor de las 10:00 horas, se informa que se trababa de elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Yucatán que cumplían un arresto. Sin embargo, la orden de aprehensión, fue otorgada hasta pasadas las 15:00 horas del 11 de enero de 2016. Por lo que la detención habría violentado el debido proceso, según el nuevo sistema de justicia que se ha implantado en Yucatán.
De esa manera, los policías ministeriales retuvieron por más de cinco horas a la mujer, mientras que su hija Claudia Rubí y su hijo Jorge Alberto, fueron detenidos en otros puntos de la ciudad a las 9:00 horas y los “pasearon” por diversos rumbos de Mérida hasta las 17:00 horas, cuando los presentaron al Ministerio Público.
A diferencia de otros casos similares que se han denunciado por este tipo de actuaciones de las autoridades policiales y judiciales en Yucatán, esta vez todo el proceder irregular se encuentra documentado y tiene ramificaciones con implicaciones políticas. Las acusaciones
En febrero de 2013 se presentó una serie de denuncias contra los ahora detenidos por un presunto fraude en “Crecicuentas”, instancia normada por la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Así, la FGE abrió más de 210 carpetas de investigación contra los hermanos Argaez López.
El 3 de noviembre de 2014, al agotarse las primeras indagatorias, la propia Fiscalía de Yucatán se declaró incompetente y turnó los casos a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que a nivel estatal es improcedente cualquier delito por tratarse de un asunto federal, conforme lo establece el acta número 01/000299/2013 y de la Dirección de Averiguaciones Previas de la FGE.
No obstante, el juez Sexto Penal en el estado, Manuel de Jesús Soberanis Ramírez, obsequió una orden de aprehensión por otra de las tantas investigaciones abiertas en el caso Crecicuentas. Ante ello, los indiciados recurrieron a un juicio de Amparo, que les otorgó la protección de la justicia federal, pues no se habían acreditado los delitos que les señalaban.
Pese a ello, y ante la insistencia de mantenerse en su decisión de consignarlos en el penal, en cinco ocasiones el Juzgado de Distrito requirió a Soberanis Ramírez para que justificase su decisión, lo cual nunca hizo. Al hacerse notoria la consigna bajo la cual actuaba, y ya en pleno proceso electoral, el Consejo de la Judicatura de Yucatán determinó suspenderlo de sus funciones por seis meses, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2015.
Aunque las vías legales se estaban siguiendo, la presión en medios de comunicación empezó a incrementarse con las manifestaciones periódicas de las llamadas “Abuelas de la Plaza Grande”, un grupo de personas que tenían sus inversiones en “Crecicuentas” y exigían la restitución de su dinero, como señalamos.
Justo en plena campaña política en 2015, cuando contendían por una diputación la ex fiscal Celia Rivas Rodríguez, y el ex secretario general del gobierno, Víctor Caballero Durán, se incrementaron las protestas e, incluso, Ruz Morales -acompañada del senador del PAN Daniel Ávila Ruiz- y a nombre de las personas que afirman haber sido afectadas por “Crecicuentas”, promovió la cancelación de las candidaturas de esos políticos priistas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC). La resolución del proceso sancionador UTCE/SE/SO/015/2015 emitida por ese organismo, indica que las acusaciones fueron improcedentes.
Ese componente político fue el que derivó en el operativo policiaco evidenciado en el vídeo que tuvo lugar el pasado 11 de enero de 2016, mismo que fue coordinado, según sus propias declaraciones, por el actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf. Así, el domingo 17 de enero de este año durante el tercer informe de Rolando Zapata Bello, se destacó la detención de la familia Argaez López como un logro y éxito de las autoridades locales. Confabulación y presiones políticas
El caso de la sociedad de ahorro “Crecicuentas” ha sido utilizado con fines políticos debido, en parte, a la presión en medios que han realizado las llamadas “Abuelas de la Plaza Grande”.
En ese contexto se explica la forma en la que se llevaron a cabo las detenciones de los hermanos Jorge y Miguel Argaez López, al igual que la de su hermana Claudia y su madre, estas últimas aprisionadas para obligar a una declaración de culpabilidad de los varones, según argumenta en un escrito de su puño y letra el propio Miguel Ángel.
“El gobierno le mintió deliberadamente a su ciudadanos, ya que desde 2013 informamos a las autoridades que un grupo de agiotistas, en contubernio con empleados desleales de Crecicuentas, imposibilitaron la operación de la empresa. En un reunión ese año, planearon acusarnos de fraude y presionar moralmente involucrando al entonces secretario general de gobierno, Víctor Caballero Durán”, asegura Miguel Argaez.
En otro vídeo se observa cómo a finales de 2012 se orquestó una estrategia de “pánico financiero”, a fin de desestabilizar a “Crecicuentas”. En las imágenes, puede apreciarse que se instiga a los ahorradores a retirar de golpe todo el dinero, cuestión que se encuentra restringida por el artículo 65bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Debido a que se empezaron a dar retiros masivos en las diferentes sucursales de la sociedad de ahorro, tuvieron que acogerse a la Ley y, de esa forma, pactar una serie de pagos diferidos conforme se recuperase la cartera vencida y entrasen a remate los bienes embargados de socios morosos. Sin embargo, al desatarse la controversia y las presiones mediáticas, la operación de “Crecicuentas” se tuvo que suspender.
“Los agiotistas que están presionando al gobierno, lo han hecho de tres maneras: primero, cuadruplicaron el número de afectados y los montos reclamados; segundo, expusieron vínculos de Víctor Caballero con ‘Crecicuentas’; y, tercero, amenazaron al gobierno con trabajar a favor de otro partido político”, añade el escrito autógrafo.
Detrás de este segundo video, en el que se fragua la desestabilización de “Crecicuentas”, se encuentran los hermanos José Luis y Eustacio Rodríguez Fuentes, así como el ex empleado de esa sociedad de ahorro Wilberth Luna Martín, además de Ruz Morales y Berzunza Escaroz de Pérez, ésta última, prestamista de oficio.
En el caso “Crecicuentas”, los medios de comunicación han difundido una serie de cifras estratosféricas sobre el dinero que se encuentra involucrado y la cantidad de personas que reclaman sus ahorros. Los números van de 200 a 800 millones de pesos, mientras que los supuestos afectados lo mismo son 500 que mil 500 personas.
Lo cierto, según estados de cuenta y balances financieros obtenidos para esta investigación, es que el monto total del reclamo es del orden de los 58 millones de pesos. De los cuales, constan en actas de los diferentes procesos mercantiles, ya se han solventado más de 30 millones de pesos, por lo que restaría la restitución de 28 millones de pesos.
En el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” tenemos conocimiento que el día de hoy 3 de mayo, la Policía Estatal del estado de Yucatán detuvo arbitrariamente a dos integrantes de la organización de derechos humanos Indignación A.C.
*Les pedimos difundir en redes sociales la siguiente Acción Urgente y etiquetar a los funcionarios que aparecen al final del correo. En adjunto compartimos imágenes de los hechos.
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ACCIÓN URGENTE
Policía Estatal de Yucatán detiene arbitrariamente a integrantes de la Organización Civil de Derechos Humanos “Indignación A.C.” Jorge Fernández Mendiburu y Martha Capetillo Pazos, en la Comunidad de Chablekal, Mérida, Yucatán.
Este Centro de Derechos Humanos tuvo conocimiento de que el día de hoy la Policía Estatal del estado de Yucatán detuvo arbitrariamente a dos integrantes de la organización de derechos humanos Indignación A.C., cuando realizaban labores de observación frente al desalojo injustificado de una familia. Tenemos información de que la patrulla en la que fueron subidos, dichos defensores de derechos humanos se identifica con el número 6262.
Asimismo, el Abogado Orvelín Montiel Cortés, colaborador de la misma organización fue lesionado cuando pedía explicaciones de su actuación ilegal de los elementos de la Policía Estatal.
Frente a los hechos denunciados exigimos:
1. La liberación inmediata de Jorge Fernández Mendiburu y de Martha Capetillo Pazos.
2. Se garantice la integridad personal de Jorge Fernández Mendiburu y de Martha Capetillo Pazos.
3. Se inicie una investigación inmediata en contra de los elementos de la Policía Estatal que participaron en la agresión y en la privación ilegal de la libertad.
ATENTAMENTE
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ A. C.
(CENTRO PRODH)
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
LIC. ROLANDO ZAPATA BELLO
twitter @RolandoZapataB
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF
twitter @GobYucatan
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
CMDTE. LUIS FELIPE SAIDÉN OJEDA
twitter @PoliciaYucatan
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE YUCATÁN
Los mismo que antes fueron negados por la propia dependencia luego que fueron denunciados en redes sociales por detención arbitraria en el Periférico
Marzo 28, 2016
Luego que se divulgara en redes sociales un video en donde se observa que dos agentes ministeriales exigían al conductor de un vehículo que se detuviera en el periférico, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que estos funcionarios no cumplieron adecuadamente los protocolos, por lo que fueron suspendidos tres días.
En un comunicado, la Fiscalía indicó que el pasado 24 de marzo, dos elementos de la Policía Ministerial, al realizar labores de patrullaje y vigilancia sobre el Anillo Periférico sur de esta capital, en apoyo al operativo de seguridad por el periodo vacacional “Semana Santa 2016”, se percataron de la circulación a exceso de velocidad de un vehículo de lujo que no portaba placa delantera y cuya placa trasera estaba protegida con un porta placas ahumado, lo cual dificultaba su identificación.
Después de seguir al vehículo, identificaron que la placa de circulación era del estado de Quintana Roo, por lo que solicitaron al conductor que se detuviera para realizar una revisión rutinaria, la cual forma parte de las actividades de dicho operativo.
Sin embargo, los agentes incurrieron en una indebida aplicación de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y operativos conjuntos al no identificarse plenamente con los ciudadanos ni informarles los motivos por los cuales se solicitaba que detuvieran su marcha.
Debido a estos hechos y como resultado de las averiguaciones realizadas por la Visitaduría General de la FGE, órgano interno de control de esta dependencia, se informa que los elementos involucrados en los mismos recibirán una sanción administrativa que consistirá en la suspensión de sus funciones por tres días, decisión que se tomó con apego a Derecho y como establece la ley.
La FGE descarta categóricamente que el actuar de sus elementos corresponda a un intento de extorsión o presunta comisión de algún hecho delictivo que pudiera vulnerar la integridad de los ciudadanos.
Sin ningún aviso oficial, difunden nuevo "servicio"
De manera sigilosa y sin ningún aviso oficial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a difundir esta semana entre los usuarios de la ciudad una nueva modalidad de pago programado a través de medidores electrónicos llamada “Tú tienes el control”.
Se trata de una tarjeta que la CFE entregará a los usuarios, a fin de “facilitar” la manera de pagar.
Dicha tarjeta sirve como lector digital que se debe pasar sobre un nuevo medidor electrónico que se instalará.
Brigadas de jóvenes recorren el fraccionamiento Francisco de Montejo para entregar el “Manual de Medidores Electrónicos en Pago Programado”, donde se explica de manera breve esta nueva modalidad de pago.
El folleto, entregado a los usuarios, indica que en esta forma de pago se puede elegir la fecha del pago mensual que más le convenga (1, 5, 10, 15, 20 ó 25 del mes).
Una luz verde fija en el medidor electrónico significará que la fecha seleccionada de pago está próxima a vencer, por lo que hay que colocar la tarjeta sobre el medidor durante 15 segundos para tomar la lectura y luego acudir a pagar a los centros de atención a clientes de CFE o CFEMáticos.
Según el instructivo, una vez realizado el pago se coloca la tarjeta sobre el medidor durante 15 segundos para descargarlo. La tarjeta es permanente.
Se pidió información a la CFE sobre si sería obligatorio el programa y cuándo se instalarían losnuevos medidores, pero la vocera señaló que en el transcurso de la semana se dará a conocer el programa “Tú tienes el control” con más detalle.- Luis Iván Alpuche Escalante
CFE | Tarjeta de pago
Con este sistema de pago la CFE pretende evitar el robo de la energía eléctrica.
Control del usuario
El nuevo sistema “Tú tienes el control” consiste en un binomio entre el medidor y una tarjeta electrónica que se comunica con el medidor por radiofrecuencia, para tener el control de la energía que compres a través de la tarjeta.
Más sencillo
Si no realizas tu pago en los 10 días después de tu fecha seleccionada, el servicio se suspenderá automáticamente y podrás reconectarlo tú mismo sin costo, luego de hacer tu pago.
Lunes, 25 de febrero de 2013 - Edición impresa En: Ciudadanos, Mérida
PISTÉ, comisaría de Tinum.- Un grupo de 300 personas, entre artesanos y restauranteros, realizaron ayer una manifestación ante el comisariado para protestar contra el ex alcalde Evelio Mis Tun, quien -afirman- manipula a su hija, la alcaldesa Natalia Mis Mex.
Los quejosos aseguran que Mis Tun “orquesta las arbitrariedades que se cometen contra los artesanos y restauranteros de Pisté”, como la clausura de varios negocios sin causa aparente.
Los quejosos llevaban pancartas exigiendo justicia y amenazaban con llegar “hasta las últimas consecuencias” si no reciben solución.
En la noche trascendió que estaban a punto de enfrentarse dos grupos y que acudieron antimotines de Mérida.
La senadora Beatriz Zavala Peniche pidió en el Senado que los retenes instalados por los gobiernos estatales no cometan arbitrariedades ni afecten el libre tránsito y que los ciudadanos no sean detenidos o retenidos de manera indebida o ilegal.
En el marco del punto de acuerdo que presentó el senador priísta Fernando Castro Trenti para modernizar los retenes del Ejército en todo el país, la senadora Zavala Peniche pidió que estas reformas incluyan mejoras en los retenes estatales con el fin de no afectar los derechos ciudadanos en las entidades.
Al recordar la detención que sufrió durante más de 40 minutos en junio de 2009 por un retén de policías estatales de Yucatán, junto con el senador panista Santiago Creel, la senadora planteó la necesidad de que la modernización que se pretende ayude al mejor cuidado de los ciudadanos y también del libre tránsito en nuestro país, y que sea ampliada los retenes controlados por los gobiernos de las entidades.
El senador priísta Cleominio Zoreda Novelo pidió a la senadora recordar el número de la patrulla que la detuvo pues, según afirmó, no le parecía correcto la idea de traer al Senado un tema de "la edad arcaica".
La senadora respondió que el tema de los retenes es un tema delicado para la ciudadanía, pues es una situación que abunda en todos los estados del país, en las carreteras federales y al interior de las ciudades.
"El objetivo aquí es dar mayor seguridad a los ciudadanos en los retenes, y dado que el hecho es muy similar al que ha presentado el senador Castro Trenti nos parece adecuado que pudiéramos ampliarlo porque este tipo de retenciones si no les queremos llamar ilegales, indebidas, se dan en retenes que no solamente corresponden al Ejército en este país." -dijo.
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados comentó, durante su intervención, que "Ya de por sí es bastante controvertible la constitucionalidad de los retenes", y que los estados podrían establecer retenes donde escanearan mercancías, podrían detener camiones para que les pasara un escáner y revisaran qué mercancías contienen.
Zavala Peniche contestó que coincide con el hecho de que son de duda constitucional los retenes, aclaró que lo que se pide, es que la modernización que propone el senador prísta Fernando Castro Trenti se amplíe a los retenes operados por los gobiernos estatales a fin de que afecten lo menos posible la libertad de tránsito y que no se cometan arbitrariedades.
En el Inifap les dicen que es porque finalizó el contrato
La alegría que conlleva cada cobro de quincena se transformó en un día de drama el jueves 31 pasado en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) de Mérida. El motivo fue porque 14 investigadores de alto nivel fueron despedidos presuntamente en forma injustificada.
Sin más explicaciones que "ya terminó tu contrato" o "ya ter minó el proyecto", los funciona rios del Inifap de Mérida emplazaron a los investigadores y técnicos para que recojan sus pertenencias y desalojen las oficinas y laboratorios donde trabajaban, tanto en Mérida como en Mocochá.
Llanto inconsolable de doctoras, maestras en ciencias y de ingenieras que desde hace dos o tres años laboran en el campo de la investigación de Yucatán surgieron porque de una decisión de alto nivel derrumbó su futuro, desequilibró la vida familiar y profesional porque quedaron desempleadas y, en algunos casos, fuera de su ciudad natal.
El director regional del Inifap, Jaime Piña Razo, confirmó el despido de 14 investigadores en Yucatán con el argumento de que concluyeron sus contratos o proyectos.
"Cuando hayan otros proyectos se les podría recontratar", dijo el funcionario federal.
Pero en las redes sociales algunos de los afectados ya empezaron a difundir la realidad de la situación laboral y aseguran que no hubo una explicación racional al despido masivo. Incluso, refieren que es un despido masivo nacional que afecta a más de 300 investigadores de este centro científico.
Califican como despido injustificado la rescisión del contrato y anuncian una lluvia de demandas laborales para defender sus derechos.
"Es injusto el trato que nos dan los funcionarios porque somos personas muy preparadas, con doctorados, posdoctorados, reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt por los logros científicos en nuestros laboratorios", dice una doctora en a red social.
Según indica, mañosamente el Inifap otorga contrato cada tres meses y siempre vivían en la zozobra del despido porque no se sujetaban a los caprichos de los directivos del Inifap de conseguir proyectos externos para obtener recursos para la institución federal.
El maestro en ciencias Piña Razo no abundó en las explicaciones del despido y negó que hayan rescindido el contrato a trabajadores de base o sea un despido masivo.
"Sólo terminaron sus contratos o proyectos", alegó y cortó la entrevista.
Desmantelan sus oficinas empresas y otras 4 asociaciones
El CITI, Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información de Yucatán, integrado por varias empresas, comenzó a desmantelar sus oficinas en el Centro de Convenciones Siglo XXI a petición de Cultur, para dar lugar al Museo Maya (1)
Veintiséis empresas, cuatro asociaciones y una incubadora denegocios comenzaron el desmantelamiento de sus oficinas en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde operó durante 7 años el Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información de Yucatán (CITI).
La razón es que Cultur les pidió que desocuparan el edificio: el 9 de abril concluye el comodato del inmueble.
El espacio, argumentaron, servirá para el Museo de la Civilización Maya que promueve el gobierno estatal.
Alumnos del Instituto Tecnológico de Mérida realizaron ayer la última visita al sitio y durante su recorrido los estudiantes no se llevaron una imagen positiva de las empresas mientras se estaban desmantelando, dijo Claudia Romero Hidalgo,administradora del CITI.
"Es muy duro aceptar que este proyecto que en su momento fue el primer cluster (conjuntos o conglomerados de empresas del mismo giro) de software en el país ya no continúe".
Menciona que las alternativas que les sugirió Cultur es que se mudaran a Parque Científico, lo que no es muy posible debido a que es un punto muy lejano que frenaría el ritmo de negocio de las empresas.
Agregó que en un principio las compañías tendrán que mudarse a oficinas particulares y trabajar en un proyecto conjunto en busca de mayor autonomía, lo que será un parteaguas porque se seguirá trabajando para evitar que se desintegre.
Indicó que actualmente hay 27 clusters similares en el país, algunos de los cuales se han visto afectados por los cambios de administración de los gobiernos estatales.
El proyecto ha dado buenos resultados porque se tiene una base de datos de más de cien compañías externas con las que se mantiene contacto, comentó.
Añadió que son necesarias políticas públicas para proteger los clusters y los proyectos productivos no se vean interrumpidos por situaciones de este tipo.
Para llevar al cabo el traslado tendrán que utilizar sus recursos.- Alejandro Moreno Peña
En contexto:
CITI | Desalojados
Las empresas tendrán que desocupar el edificio que albergó a Cordemex:
Integrantes
26 compañías de tecnología de la información especializadas en desarrollo de software, cuatro asociaciones incubadora de negocios de Universidad del Mayab..
Objetivo
Desarrollar las tecnologías de información en Yucatán: en 7 años se crearon 15 empresas que tienen facturaciones aceptables, que en total general mil empleos.
No hay nada sobre una posible protesta de los transportistas
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco durante una de las actividades que sostuvo ayer con la secretaria de Turismo federal, Gloria Guevara Manzo, de lo que informamos en otra página de esta misma sección. Las acompañan el director de Cultur, Jorge Esma Bazán y el secretario de Fomento Turístico, Juan José Martín Pacheco, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI (1)
El gobierno del Estado estudia la posibilidad de trasladar al Citi Centro todas las industrias que pudieran estar en mejores condiciones, dijo ayer la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Por otra parte, anticipó que saben de la intención de los transportistas de hacer otro plantón de protesta por el alza del combustible y estarán al pendiente para buscar la forma de no afectar a los usuarios y respetar el derecho de expresarse de los inconformes.
Entrevistada en el Centro de Convenciones donde presidió dos eventos con la secretaria de Turismo -de lo que informamos en nota aparte-, también habló de sus planes para el Centro Histórico de Mérida.
En el caso del CITI Centro, ayer informamos que durante un evento de la gobernadora el día anterior de manera sorpresiva el presidente del Consejo de la Industria Tecnológica de la Información en Yucatán, Farique Cetina Carrillo, le pidió publicamente "con el corazón en la mano" una cita.
Al respecto, la gobernadora dijo ayer que todavía no decide cuándo le dará la cita, pero "ya la pasé a mi agenda para que la podamos atender".
Sobre la posibilidad de que continúen operando el CITI Centro en los terrenos del Siglo XXI, que es lo que les preocupa a los industriales, tampoco dio una respuesta clara la gobernadora.
Dijo que la Secretaría de Fomento Económico trabaja con ellos, en las posibilidades de que puedan trasladarse al CITI Center todos.
Manifestó que se busca que pudieran estar en mejores condiciones, sobre todo porque ahora el mantenimiento del CITI es muy caro, porque son unas instalaciones ya antiguas, pero cuando tengan los acuerdos se informará.
En el caso de los transportistas y sus protestas, convocados principalmente por el Frente Unico de Trabajadores del Volante (FUTV) dijo que en este momento están atentos de lo que pueda acontecer.
Todavía no tienen una confirmación de alguna acción que estén planeando como parte de sus protestas, saben de una intención, pero no confirmada.
"Entendemos que hay que respetar la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, pero también tenemos que cuidar que no se afecte a los ciudadanos, eso es lo que tiene que cuidar el Gobierno", y con esto concluyó la entrevista .
Liberación casi de inmediato de tres acusados de delitos
Víctor Manuel Chuc Keb, uno de los beneficiados con cambios legales (1)
Víctor Manuel Chuc Keb, Víctor Manuel Baeza Pérez y Víctor Baeza Novelo son tres acusados de diversos delitos que fueron detenidos y de inmediato recuperaron su libertad gracias a las reformas legales recientes.
Ninguno de los acusados depositó fianza para garantizar el daño causado.
Baeza Pérez decidió, de manera voluntaria, depositar una cantidad para que se pagara, en su caso, a los quejosos.
Los quejosos son Jesús Gilberto Salazar Che, Teresa de Jesús Salazar Alonzo, Guillermo Adán Aguilar Salazar, Mirna Alonzo Salazar y William Uicab Tzab, quienes denunciaron daño en propiedad ajena o lesiones.
Los acusados declararon en el Juzgado 1o. Penal, pero de inmediato se ordenó su liberación porque los delitos que les atribuyeron ya dejaron de merecer prisión de manera directa.
Por tanto, seguirán el juicio en libertad y sin depositar ninguna fianza. Otros beneficiados, como informamos, fueron liberados, pero algunos regresaron al penal por cometer más delitos.
Las detenciones se hicieron por la Judicial del Estado a pesar de las reformas.
Esto obedece a que los jueces penales no le han informado a la policía qué órdenes de detención ya no tiene caso llevar al cabo ante los nuevos beneficios de ley .
(1)
