(1)El 4 de abril de 2009, hace dos años, el gobierno del Estado presentó con bombo y platillo el Plan Maestro Ucú, que daría origen a una ciudad modelo, "la segunda más grande de Yucatán", con 56 mil 880 casas que se desarrollaría en siete años.
Emanado del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y específicamente del proyecto "Destino Yucatán Exitoso: El camino al futuro", según refirió entonces la directora de la desaparecida Cousey, Angélica Araujo Lara, el Plan Maestro Ucú permitiría controlar el crecimiento desordenado de la ciudad, dar certeza jurídica a la propiedad, frenar la especulación de tierra y propiciar un desarrollo urbano ordenado, armónico y sustentable.
Durante su toma de posesión, en 2007, la gobernadora afirmó que procuraría "un desarrollo territorial y urbano planificado que haga realidad la infraestructura de comunicación de clase mundial, que permita tener ciudades funcionales con vivienda digna para todas las familias y siempre respetando nuestros recursos naturales para ésta y para futuras generaciones".
La historia de Ucú comenzó el 22 de febrero de 2007 cuando casi en el sigilo, pues no hubo información previa, la Cousey acordó con el ejido la compra de 3,012 hectáreas y pagó incluso ese mismo día un anticipo de $10,000 a los 176 ejidatarios y de $8,000 a los 180 posesionarios para "amarrar" el trato.
La Procuraduría Agraria advirtió desde entonces que la operación era ilegal debido a que no se cumplieron las formalidades de ley y porque la Cousey no estaba facultada para pagar anticipos al ejido.
Sin embargo, el Ejecutivo siguió con el plan y 16 de abril de 2008, la mayoría priista del Congreso aprobó un crédito bancario de $360 millones para comprar las tierras de Ucú.
Vinieron los pagos sucesivos a los campesinos, quienes se convirtieron en los nuevos ricos de la zona y transformaron la fisonomía del municipio, dejando atrás las casas de paja por otras de mampostería y luciendo hasta tres camionetas en sus cocheras. Las cantinas con meseras proliferaron.
El asunto siguió su curso y aparentemente todo iba sobre rieles hasta que en enero de 2010, la diputada Patricia Gamboa Wong denunció públicamente que funcionarios del Registro Agrario Nacional (SRA) se coludieron con el gobierno del Estado para ordenar que se emitan los títulos de propiedad, no obstante que violarían el artículo 59 de al Ley Agraria.
La legisladora advirtió que esas tierras son forestales y no son susceptibles de compra-venta, de manera que la operación era nula de pleno derecho.
Fue la mecha que prendió el escándalo, que llegó incluso a las altas esferas del gobierno federal e, incluso, a la Presidencia de la República. La emisión de los título de propiedad se frenó y desde entonces la operación Ucú permanece entrampado.
"Ucú está condenado a la tumba, nació muerto", afirma el senador Alfredo Rodríguez Pacheco, quien firmó el desplegado del 29 de marzo, en el que los legisladores panistas piden a la gobernadora y al fiscal Héctor Cabrera Rivero que se proceda contra los responsables de este presunto delito de peculado.
La denuncia de peculado y prestación indebida del servicio público fue interpuesto el 1 de mayo de 2010 por el senador Hugo Laviada Molina y la entonces diputada Patricia Gamboa.
Rodríguez Pacheco insiste en que la operación es ilegal, no existe la "compra perfecta" que alega el consejero jurídico Sergio Cuevas González, pues se pagó $360 millones por un bien que no se tiene, y exige que rompa el silencio la ex directora de la Cousey y del Ivey, Angélica Araujo, para que dé su versión sobre este espinoso asunto.
"La Fiscalía no le ha dado curso a la denuncia, lo que demuestra que está sometido al Ejecutivo y que la justicia no existe para la ex cuñada, pero estamos viendo qué procede contra esta denegación de justicia".
El consejero Cuevas González insiste en que se trata de una "compra perfecta", pues desde el 8 de enero de 2010 el RAN ordenó -'como consta en el oficio DGR/DP-093/10'- expedir los títulos de propiedad de las 11 parcelas de Ucú (3,012 has) que pasarán a manos del Ejecutivo.
"Desde el punto de vista jurídico no hay ningún problema, esto está detenido por cuestiones políticas, es una bandera política del PAN", afirma el abogado. "No se vale que por cuestiones políticas frenen el desarrollo de un proyecto de esta magnitud".
El fiscal Cabrera Rivero afirma que la denuncia por peculado no está "congelada" y han realizado diligencias desde que se interpuso la demanda.
El ex procurador asegura que están integrando el expediente, aunque indica que por ahora no se tiene considerado citar a algún funcionario a declarar.
"El delito está consumado y documentado, no tienen ni tendrán los títulos de propiedad. Lo que procede es castigar a los responsables de este millonario daño patrimonial", subraya el diputado Renán Barrera Concha.- FéLIX UCáN SALAZAR
La alcaldesa Angélica Araujo no accedió a una entrevista sobre Ucú, pero envió un comunicado
"Apego a la ley"
"Su desempeño al frente del Ivey fue con estricto apego a las leyes y a la normatividad vigentes, buscando siempre innovadores esquemas para garantizar el acceso a una vivienda digna en beneficio...".
"Espíritu"
"Con redoblado espíritu de servicio, trabaja sin límites de horario y con sólida convicción de apego a la ley en el honroso encargo otorgado por la confianza...".
Otras instancias
"Los temas relacionados con el ejido de Ucú competen atenderlos a las instancias pertinentes, por lo que Angélica Araujo tiene hoy centrada su atención y esfuerzos para responder día a día -con resultados- al compromiso con los meridanos".
El diputado Renán Barrera Concha afirma que ya solicitó que se sancione a Eduardo Castro López y Juan Angel Avila, titular del Area de Quejas del Organo Interno de Control y jefe de Inscripciones del RAN por considerar que es procedente la expedición de los títulos, pretendiendo pasar por encima del artículo 59 de la Ley Agraria.
También pidió al procurador agrario Rosendo González Patiño que promueve un juicio o en contra del ejido de Ucú para anular la compra-venta.
El ejido de Ucú ha anunciado que demandarán al RAN por "retener" los títulos de propiedad. La polémica tiene detenida la venta paralela de 576 hectáreas a un "comprador de Monterrey", que según el PAN es Felipe Enríquez Hernández, compadre de la gobernadora
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