Granja de Homún desacata orden judicial, alegan cenoteros

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy 

La agrupación Guardianes de los Cenotes notificará al juzgado cuarto de distrito federal sobre el incumplimiento a la orden de paralizar actividades en la mega granja que se construye cerca de Homún, al tiempo que solicitarán aplicar las acciones legales en contra de quienes violaron el mandato.

En rueda de prensa en el restaurante Amaro del centro de Mérida, la abogada de este grupo, Lourdes Medina Carrillo, precisó que al vencer el plazo determinado por el juzgado en cuestión y al no cumplirse la orden, se procederá a notificar al juez sobre la medida con miras a que la autoridad determine las sanciones para los involucrados.

“Presentamos un escrito para que se cumplan los apercibimientos por el desacato. Solicitamos que se dé vista al Ministerio Público, que se proceda contra las autoridades responsables por el desacato. Solicitamos que además de las multas que se pongan a la empresa y a las autoridades, se cumpla con la medida de sanción contra estas que comprende la inhabilitación de sus cargos”, apuntó.

Medina Carrillo dijo que las autoridades implicadas y que también recibieron la orden de hacer cumplir su parte en el proceso son el Gobierno del Estado de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como el Ayuntamiento de Homún.

Precisó que también el juzgado tiene la capacidad de ordenar el uso de la fuerza pública para el cumplimiento de la orden, a través de la intervención del ejército.

La litigante recordó que el amparo contra la granja se promovió el 28 de septiembre de este año, aunque fue hasta el uno de octubre cuando se ordena la suspensión temporal; el 9 de octubre se dicta la medida de suspensión definitiva y se hace una inspección en sitio por parte del juzgado cuarto.

Sin embargo, el 23 de octubre se ratifica la suspensión en la que se determina la paralización del lugar y se otorga un plazo de cinco días hábiles para que la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) proceda a retirar a los cerdos y evitar el vertido de las aguas, medida que también abarca a los entes de gobierno mencionados.

Respecto al tema, apuntó que al vencer el plazo esta semana, la empresa no cumplió con ninguna medida por lo que se mantiene en desacato.

“El lunes pasado hubo una inspección por parte de diputados locales. Esto solo fue una burla para los habitantes de Homún, pues desde ese tiempo la granja ya debía haber cumplido con la orden y se dio cuenta de que aún hay 30 mil cerdos e incluso, ya hay vertido de desechos. Ya pasaron 38 días para que la granja haya acatado la orden y no lo ha hecho”, externó.

“El Congreso se está presentando a una maniobra para beneficiar a la empresa pero se está ignorando la determinación del pueblo de Homún y también dieron su aprobación de manera arbitraria”, aseguró.

Por otro lado, José May Echeverría, miembro de Guardianes de los Cenotes, acusó a Ricardo Díaz Montes de Oca, miembro del consejo de administración de PAPO, de haber difamado a este grupo, al afirmar que estos le solicitaron dinero para permitir la operación de la granja mediante un “emisario”.

“Son difamaciones y calumnias. Homún ha decidido no ser espacio de prueba ni poner en riesgo a sus habitantes. Hemos decidido defender a los infantes, al agua y el derecho a decidir sobre el territorio”, apuntó.

El próximo 15 de noviembre habrá una audiencia en el juzgado cuarto en torno a la granja, en la que podría darse entrada a los señalamientos que haga los promoventes del amparo en torno al presunto desacato de la empresa. Reporteros Hoy

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Niega desacato en Motul

“Es mentira que el Ayuntamiento de Motul caiga en desacato por el conflicto de la pavimentación de una carretera en un terreno en conflicto porque el denunciante que la promovió la perdió”, dijo el director del Catastro, Hérbert Góngora Gómez.
Como publicamos, Joaquín Cutz Pech dijo que mantiene un litigio federal contra el Ayuntamiento 2015-2018, contra el cual promovió un juicio de amparo porque, según denunció, le invadió su terreno al construir y pavimentar la calle 28 entre 11 y 17 de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el norte de esta ciudad.
La semana pasada Cutz Pech intentó impedir que trabajadores de Obras Públicas coloquen un letrero de alto en ese tramo, que es una ampliación de la calle 28.
Según el reporte policiaco, el vecino agredió a los trabajadores y ellos llamaron a la Policía Municipal, cuyos agentes llegaron al mando de su subdirector Helberth Delgado Moguel, quien pidió que dejen trabajar a los de Obras Públicas y dijo que si los dueños consideran que se violan sus derechos ya saben dónde pueden denunciar.
Góngora Gómez explicó que por el amparo solicitado por Cutz Pech con número 111-142/2016 en el Juzgado Tercero de Distrito, la juez Pamela Medina Sánchez dictaminó que se niega la suspensión definitiva de los actos que reclamó contra las autoridades municipales por el caso del terreno que dice que se le invadió con personas y maquinaria pesada en la finca denominada “finca Chavez”.
El 28 de marzo
“La resolución se dio con fecha del 28 de marzo, por lo que es extraño que diga que se está cayendo en desacato cuando de antemano él sabe que está mal, a lo mejor su abogado lo está engañando para cobrarle más dinero”, dijo Góngora Gómez.
“El terreno en cuestión que dice que es de él, según datos investigados en el Registro Agrario Nacional, fue una afectación presidencial en 1939 para ampliar ejidos de Ticopó, y que surge efecto en 1981, de mala fe una persona se lo vendió a Pech Cutz en 1981 sabiendo que estaban afectadas las 24 hectáreas de la ‘finca Chavez’.
“Ahora con el arquitecto Cuauhtémoc Cámara Acevedo pretenden quedarse con 24 hectáreas dentro la ciudad, que es lo que está vendiendo con un nuevo croquis que hicieron a su conveniencia, contrario al original que tenían, que está a dos kilómetros al norte de Motul pasando el libramiento”.
Con esto está quedando a la vista un presunto fraude de este sujeto que está vendiendo terrenos que no son de su propiedad, al dar a los incautos documentos de promesa de venta que no tienen valor”, aseguró.
“Los propietarios de los terrenos, que se están vendiendo, son de la inmobiliaria Ambit Desarrollo con el predio número 230, que se sabe ha interpuesto las demandas correspondientes”.
“Ante eso, como Ayuntamiento no se está desacato, se está cumpliendo con las cosas y por eso se construyó esa calle”, agregó Góngora Gómez.

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Apple no quiere dar su brazo a torcer al gobierno

WASHINGTON (AP).— Apple no cumplirá la orden de un juez federal que lo obliga a hackear el dispositivo de un usuario como parte de la investigación del atentado de diciembre pasado en San Bernardino, California.
Ayer, el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, declaró que acceder a la petición debilitaría el cifrado del aparato y abriría una puerta trasera que podría usarse en otros equipos.
La declaración de Cook, subida en la madrugada del miércoles a la web de la empresa, responde a la orden de la jueza Sheri Pym de que Apple ayude al gobierno de Estados Unidos a acceder a un iPhone encriptado que era propiedad de uno de los responsables del ataque.
La decisión, la primera de su tipo, es una victoria significativa para el Departamento de Justicia en el debate sobre la legislación tecnológica que enfrenta a la privacidad digital con la seguridad nacional.
“Este momento pide un debate público y queremos que nuestros clientes y la gente de todo el país comprenda lo que está en juego”, dice Cook sobre la orden, emitida anteayer en California. Ésta “tiene implicaciones mucho más allá del caso legal en cuestión”.
La presidencia de Barack Obama ha promovido que se refuerce el cifrado de información a fin de mantener a los consumidores a salvo en internet, pero ha tenido problemas para encontrar un ejemplo convincente.
En su comunicado, Cook señala que aceptar la orden significaría usar software especializado para crear lo que en la práctica sería una puerta trasera, una “llave maestra capaz de abrir cientos de millones de cerraduras”.
“No se equivoquen…”
“En manos equivocadas, este software —que no existe ahora— tendría el potencial de desbloquear cualquier iPhone en poder de una persona”, advierte. “El FBI podría utilizar diferentes palabras para describir esta herramienta, pero no se equivoquen: construir una versión de iOS que eluda la seguridad crearía sin ninguna duda una puerta trasera”.
“Si bien el gobierno puede alegar que su uso se limitaría a este caso no hay modo de garantizar ese control”.
El director del FBI, James Comey, afirmó la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos que el cifrado es un problema para las fuerzas de seguridad del país, que “encuentran un dispositivo que no puede abrirse ni siquiera cuando un juez dice que hay causa probable para abrirlo”. El fallo judicial vinculó el problema al ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense desde los ocurridos en septiembre de 2001 contra el World Trace Center y el Pentágono.
Syed Farook y su esposa Tashfeen Malik mataron a 14 personas el 2 de diciembre durante un tiroteo en una fiesta de fin de año de los colegas de Farook.
La pareja murió más tarde en un enfrentamiento con los agentes de policía.
Fiscales federales dijeron anteayer a la jueza —en una sesión en la que no se permitió la participación de Apple— que no pueden acceder al teléfono del trabajo utilizado por Farook porque no conocen su contraseña y Apple no coopera con ellos.
Desde 2014 Apple incluye un sistema de cifrado por defecto en sus iPhone que limita el acceso al contenido del aparato a quien conozca la contraseña.
De un vistazo
Interés
No se sabe qué creen los investigadores que podrían encontrar en el teléfono de Syed Farook o por qué la información no estaría disponible mediante otro proveedor de servicio, como Google o Facebook.
Varias dudas
Farook no tenía con él su teléfono del trabajo en el momento del ataque. Éste fue descubierto en una búsqueda posterior. No se sabe si se olvidó del iPhone o no le importaba que fuera encontrado.

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Suprema Corte ordena consignación de ex alcalde de Telcha Puerto

Noticias de Yucatán

En un procedimiento legal pocas veces aplicado, la Suprema Corte de Justicia ordenó la consignación directa ante un juez penal del ex alcalde de Telchac Puerto. José Humberto Marrufo Ramírez, por no acatar la sentencia de un juzgado de Distrito.
La misma medida se dispuso contra la ex tesorera Martina Kamal Chuk.
Sin embargo, al parecer ninguno de ha sido detenidos para ser presentados ante el juez.
La consignación se dispuso luego de los requerimientos hechos para que acataran la sentencia.
No lo hicieron cuando el juez de Distrito lo ordenó, ni cuando lo hizo el Tribunal Colegiado y ni siquiera cuando lo dispuso la propia SCJN, por lo que se agotaron los recursos y se dispuso la detención.
Todo derivó de la demanda de amparo que interpuso la parte quejosa, una empresa particular, reclamando disposiciones de la Ley General de Hacienda para los municipios de Yucatán, relativas al impuesto por adquisición de inmuebles.
El juez concedió la protección y ordenó a la autoridad devolver 240 mil 200 pesos a la quejosa.
Sin embargo, el municipio no cumplió, por lo que el asunto pasó al Tribunal Colegiado y luego a la SCJN.
Debido a que hasta hoy no había elementos para acreditar el cumplimiento, se ordena la consignación de las ex autoridades en desacato y se obliga a cumplir a quienes ocupan actualmente esos cargos en el municipio.

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Respuesta oficial sobre presunto desacato

Noticias de Yucatán

Texto íntegro del comunicado que envió la Unidad de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con información emitida por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, respecto de un caso familiar que se desahoga en el juzgado I de oralidad familiar:

“En el Juzgado Primero Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado se radicó el expediente 296/2013 relativo al Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales promovido por la señora R.M.M.V. en contra del señor Carlos Amílcar Esquivel Patrón, en el cual, por sentencia emitida el nueve de mayo del año dos mil catorce, se declaró disuelto el vínculo matrimonial. Asimismo, de conformidad con lo acordado por las partes, se declaró que los hijos menores de edad quedarían bajo el cuidado y custodia de su madre, conservando ambos progenitores la patria potestad, fijándose un régimen de visitas y convivencia de los citados menores con su padre el señor Esquivel Patrón, mediante visitas supervisadas por un periodo de tres meses ante el Centro de Convivencia Familiar del Estado. Transcurrido dicho término, previos los resultados de una valoración psicológica, el señor Esquivel Patrón tendría derecho a visitar y sacar a pasear a sus hijos, siendo la entrega y recepción de los menores en el referido Centro.

Cabe señalar que, desde el 6 de mayo de 2013, el juzgado ya había dictado una orden de protección a favor de la señora R. M. M. V., debido a que desde el inicio del proceso de divorcio, en abril de 2013, ésta había referido ante la jueza situaciones de violencia emocional por parte del C. Esquivel Patrón. Posteriormente, el señor Esquivel Patrón aduce incumplimiento por parte de la señora R.M.M.V. respecto al régimen de visitas y convivencia ya referido, por lo que derivado de esta circunstancia se emiten los acuerdos fechados el 8 de octubre y 17 de diciembre, ambos del año 2014, siendo que el señor Esquivel Patrón interpone sendos juicios de amparo en contra de los citados acuerdos. Dado que en ambos juicios de amparo se promovieron recursos de revisión, las sentencias ejecutoriadas de los dos procesos fueron recibidas en el Juzgado, una de ellas se recepcionó, para su cumplimiento, el 10 de septiembre de 2015 y la otra el 11 de septiembre de 2015, luego de lo cual dicho juzgado ha procedido a cumplir en tiempo y forma el mandato de la autoridad federal, que en ambos casos consiste en realizar valoraciones psicológicas y en escuchar la opinión de los menores en relación a la convivencia con su padre no custodio, así como el desahogo inmediato de las pruebas periciales ordenadas en auto de 17 de diciembre de 2014, para tomar en cuenta su resultado al decidir sobre la convivencia familiar solicitada por el progenitor, sin perjuicio, en caso de considerarlo necesario, de que la juez se allegue de diversas probanzas que considere pertinentes y benéficas a los menores de edad.”- (Comunicado Poder Judicial del Estado de Yucatán)

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"Hay autoridades que todavía violan la ley"

Noticias de Yucatán

Ante la desobediencia del mandato de un juez y magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del XIV Circuito, el médico Carlos Esquivel Patrón informó que hoy realizará un plantón en las oficinas de los juzgados de oralidad familiar y frente al Palacio de Gobierno.

Dice que independientemente de que ya reportó a la jueza familiar estatal Rosa Isela Sandoval Durán ante el juez y magistrados federales por no obedecer sus sentencias, es importante que la sociedad yucateca se entere que hay autoridades que todavía violan la ley y la aplican en forma parcial con algún interés particular.

Esquivel Patrón recordó que está divorciado de Roxanna Méyer Veliz, con la que procreó dos hijos, y en la sentencia de la disolución del vínculo matrimonial quedó establecido que podía convivir con sus dos hijos, quienes reciben 35% de su sueldo como empleado del IMSS para su manutención.

Su ex mujer, según explicó, rompió el trato legal y se llevó a sus dos hijos a la ciudad de México y desde hace casi un año no los ve ni tiene trato con ellos.

Notificó de estos hechos a la jueza Sandoval Durán, titular del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, pero ésta argumentó subjetivamente que los niños no deseaban tener convivencia con su padre. Entonces promovió un amparo en el Juzgado 5o. de Distrito por denegación de justicia.

El juez federal ordenó a la jueza que promueva el acercamiento paternal, que ordene a la madre a la presentación de los niños ante el tribunal, pero la jueza no acató la orden judicial.

La jueza pidió revisión y hace unos días los magistrados Gabriel Alfonso Ayala Quiñones, Rafael Martín Ocampo Pizano y Luis Armando Cortés Escalante, presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del XIV Circuito, confirmaron la sentencia, pero tampoco la cumplió la jueza.

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No hay visos de proceder contra una edil

Noticias de Yucatán ()

Tanto en el Tribunal Electoral del Estado, como en el Poder Legislativo estatal, parecen no tener la intención de proceder contra la autoridad municipal de Tinum, que de manera reincidente comete desacato.

En el Congreso del Estado, Luis Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno confirmó que el Tribunal le dio vista por segunda vez, de que esa autoridad se niega a cumplir la sentencia de pagar los sueldos que se le deben a los regidores de la administración anterior.

El diputado priista manifestó que estarán pendientes de que el Tribunal agote todos sus recursos para hacer cumplir su sentencia.

Hevia Jiménez añadió, que también permanecerán en espera, por si el Tribunal le solicita al Congreso iniciar algún proceso en contra de esa autoridad municipal.

En el Tribunal electoral informaron, que con darle vista al Congreso y a la Fiscalía General del Estado consideran que ahora es a esas autoridades a las que les corresponde actuar contra la autoridad municipal que se encuentra en desacato.

En el caso de la Fiscalía General, en esa dependencia se informó que se encuentran en revisión de ese expediente municipal.

En cuanto a porqué el Tribunal no solicitó hacer juicio político o algún otro proceso al Congreso, contra ese municipio, consideran que no les corresponde, porque no sería correcto ordenarle a otra autoridad o decirle lo que debe de hacer por ese motivo, solo le dio vista.

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Iniciaría proceso contra alcaldesa por dos desacatos

Noticias de Yucatán ()

Turnan caso a la Fiscalía

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) dio vista por segunda vez al Congreso y la Fiscalía General del doble desacato de la alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, para que procedan contra esa autoridad municipal por negarse a pagar los sueldos de los regidores de la administración pasada.

El mismo tribunal dio vista al Congreso de la reincidencia en desacatar la orden de los magistrados por parte de la alcaldesa de Sudzal, Kithy Janet May Chuc, quien también adeuda el pago de salarios a sus ediles, quienes fueron destituidos ilegalmente.

Auuque en este último caso, según trascendió, Kity May Chuc ya entró en negociaciones con sus regidores para pagarle los sueldos que adeuda y por los que fue demandada.

Sin embargo, se informó que mientras llegan a un acuerdo el proceso continuará contra la alcaldesa.

Nueva falta

Respecto al caso de Tinum, en el Tribunal se indicó que desde el pasado miércoles se le dio vista a las demás autoridades sobre la reincidencia de esa autoridad en mantenerse en desacato.

Aunque se considera como reincidente a esta autoridad municipal, en realidad serían dos las personas que incurren en no cumplir la orden magisterial: Natalia Mis Mex, quien pidió licencia para dejar el cargo y ser candidata a diputada local plurinominal del PAN (fue la primera en incurrir en el desacato), y la que se quedó en su lugar ya que también faltó a la orden del Tribunal, por el mismo caso.

Este problema se originó porque Evelio Mis Tun, quien fue alcalde de Tinum en la administración pasada y es padre de la alcaldesa con licencia, no le pagó sus salarios a los regidores, y ahora busca repetir como alcalde por el PAN.

En teoría, según se informó en el Tribunal, al estar con licencia para dejar la alcaldía Natalia Mis no tiene fuero en la actualidad, por lo que las autoridades estatales podrían proceder contra ella sin tener que someterla a un juicio político en el Congreso del Estado.

En la Fiscalía General del Estado se informó ayer que en ambos casos, pero sobre todo en el de Tinum (siendo recincidente debido a que ya fueron dos veces que se le da vista de esta situación), están en un proceso de revisión.

Aunque el Tribunal turnó el caso a la vice fiscalía especial de delitos electorales, primero deberán definir si las anomalías que se señalan son de ese ámbito, o caería en un delito del fuero común.

Por el momento ya ambos casos pasaron del Tribunal, al Congreso y a la Fiscalía General del Estado, donde siguen pendientes.

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Acanceh está en “desacato”

Noticias de Yucatán ()

Ex empleados del Ayuntamiento de Acanceh denunciaron que el actual alcalde Jorge Faustino Tolosa Pool está en desacato de una orden judicial y del Cabildo, ya que ayer debió pagar en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios los 5 millones de pesos que la Comuna les adeuda por despedidos en 2007.

Lincoln Palma Rodríguez, abogado de los demandantes, afirmó que el Ayuntamiento, para pagar el adeudo millonario, contrató un préstamo bancario, el cual fue aprobado por el Cabildo.

Sin embargo, desconocen dónde acabo ese dinero.

Ayer mismo los ex empleados acudieron a la Fiscalía para denunciar judicialmente al primer edil.

Recordaron que en 2007 un grupo de 12 empleados de la Junta de Agua Potable fue despedido. Desde ese día interpusieron una demanda contra el Ayuntamiento por el despido injustificado.

Luego del litigio, el Tribunal emitió un fallo en el cual ordenó a la Comuna pagarles el adeudo a los empleados.

Hace unas semanas, el Tribunal envió un documento al alcalde para recomendarle que liquide conforme a la ley a los ex empleados. Desde esa fecha la Comuna ya cambió varias veces sus cuentas bancarias y a últimas fechas las partidas del gobierno del Estado las recibe en efectivo.”No se pueden congelar, porque no tienen ni un solo peso”, explicó el litigante.- D.Ch.C.

Acanceh | Deuda

En agosto de 2013, el Tribunal embargó las cuentas bancarias del Ayuntamiento.

Embargo

El embargo fue, como publicamos, por un laudo que establece que la Comuna debe pagar por indemnizaciones a nueve demandantes $3.620,000, de los cuales, el Tribunal dispuso se les entregue el 15 de agosto de 2013 un millón 800 mil pesos.

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Reportan desacato del Ayuntamiento

Noticias de Yucatán ()

Llega a tribunales una decisión del rastro municipal

Jueves, 20 de diciembre de 2012 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

Jairo Quintal Larrocha, presidente de la Alianza de Abastecedores y Tablajeros de Yucatán, acusa al Ayuntamiento de desacato a la orden de un juez federal y de perjudicarlo a él con esa desobediencia.

Con documentos en la mano, el dirigente explica que solicitó amparo de la justicia federal contra la orden de la Comuna de suprimir los descuentos en el rastro municipal por la matanza de animales. La Alianza gozaba de una reducción de 40%, que oficialmente se manejaba como “bonificación”.

En resolución del viernes 14 de este mes, el Juzgado 3o. de Distrito acordó: “Por lo que respecta a las consecuencias del referido acto reclamado, se concede dicha medida cautelar, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y las autoridades responsables continúen efectuando el descuento consistente en el cuarenta por ciento sobre el monto total del precio por el servicio de la matanza de animales, tanto de cerdo como de res, hasta en tanto se resuelve lo conducente acerca de la suspensión definitiva solicitada”.

Jairo Quintal indicó que anteayer se presentó al rastro y, en desacato a la orden federal, le cobraron las tarifas sin descuento. Mostró recibos para sustentar su afirmación.

El presidente de los tablajeros recurrió ayer de nuevo a la justicia federal para exponer la desobediencia de la Comuna, con pruebas.

“Juan Carlos Luceiro (director del rastro) me preguntó: ‘¿Te das cuenta de que te estás metiendo con el alcalde de Mérida?’ Le respondí que yo sólo quiero que se respete la ley”, dijo.- Ángel Noh Estrada

El rastro | Bonificaciones

La Comuna decidió eliminar los descuentos por matanza de animales en el rastro.

Hasta agosto

Hasta el final de la anterior administración se aplicaba una bonificación de 40% a los tablajeros.

Eternos subsidios

La autoridad considera que esa medida afectaba las finanzas del rastro, que vive de subsidios.

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“No cederemos”, dice una comisión

Noticias de Yucatán ()

Afirma que hay mala interpretación de los 23 citatorios

Lunes, 26 de noviembre de 2012 - Edición impresa En: Gobierno, Mérida

Ante la polémica por los citatorios a 23 ex funcionarios del Ayuntamiento de Mérida para que comparezcan y aclaren una serie de inconsistencias, la Comisión para el Análisis del Expediente Protocolario de Entrega-Recepción subraya que los llamados están bien sustentados jurídicamente y no cederá “ante declaraciones y comportamientos que tienen como fin confundir”.

“Tampoco dejaremos de lado la exigencia ciudadana de llegar al fondo de las inconsistencias, las cuales tienen que ser aclaradas”, añade.

Ayer publicamos que Rubén J. Bolio Pastrana, quien representa a los ex funcionarios municipales citados, recalcó en una carta que los llamados están fuera de tiempo y, por tanto, son ilegales.

En representación de la comisión edilicia que nombró el Cabildo para analizar el expediente, Alejandro Ruz Castro, secretario de la Comuna, indica lo siguiente:

-Los citatorios se hicieron apegados a Derecho. Antes de la fijación de las cédulas de notificación se les hizo un citatorio, como marca la ley, lo cual queda demostrado con las manifestaciones de los abogados (de los priistas)en las que confirman el recibimiento. O sea, se dan por legalmente notificados.

-Es impreciso señalar que sólo pueden ser citados a declarar el ex presidente municipal, la ex síndico, el ex director de Gobernación (quien firmó el acta por la inasistencia del ex tesorero) y el ex contralor, quienes firmaron el acta de entrega recepción, ya que si bien son los suscriptores del documento, no son los únicos que intervinieron. Sería absurdo pensar que por el solo hecho de no asistir a firmar ya no se pueda llamar al ex tesorero a rendir cuentas y a hacer aclaraciones.

-Con esas manifestaciones se está tratando de confundir a la ciudadanía, porque los plazos de 60 días a que se refieren los defensores corresponden a los procedimientos de entrega-recepción “individual”, lo que ocurre cuando un funcionario es removido o deja el cargo. Sin embargo, ahora nos encontramos ante un proceso de entrega recepción de la “Administración Pública Municipal”, cuyos procesos y plazos son diferentes, como lo precisa la ley en la materia.

-Hay total incongruencia porque aseguran que sus manifestaciones no tienen tinte partidista y al mismo tiempo se refieren a la actual administración como “panista”.

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No asiste a comparecer ex secretaria técnica del Comité del Carnaval

Noticias de Yucatán ()

Lunes, 26 de noviembre de 2012 - 3:43 pm En: Gobierno, Mérida

Imagen de Ana Laura Esquivel Carrillo, ex secretaria técnica del Comité Permanente del Carnaval.- Foto de Archivo

Lunes 26 de noviembre de 2012

Después de esperar media hora en el edificio de la Contraloría Municipal, los integrantes de la Comisión Especial para Analizar el Expediente Protocolario de Entrega Recepción comenzaron a levantar el acta en el que se señala que no asistió a comparecer Ana Laura Carrillo Esquivel, ex secretaria técnica del Comité Permanente del Carnaval de Mérida.

La comparecencia estaba programada para las 11 de la mañana pero la ex funcionaria no asistió.
Esperaron en vano los siguientes integrantes de la Comisión Especial: Lízbeth Estrada Osorio, Lolbé Carrillo Jiménez, Paloma Angulo Suárez, Rubén Segura Pérez y Enrique Alfaro Manzanilla, así como la contralora municipal Yazmin Castillo Ojeda.

Lo mismo hicieron otros ex funcionarios a los que la Comisión solicitó su comparecencia: la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, Doris Candila Echeverría, quien debió asistir el jueves 22 pasado, y Luis Barrera Huerta, ex director de Gobernación, quien fue citado para el viernes siguiente.

Ante la inasistencia de los ex funcionarios quedaron sin aclarar las dudas que dejó el proceso de entrega recepción de cada uno de ellos. El Ayuntamiento continuará con el procedimiento respectivo.

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“Permiso otorgado conforme a la ley”

Noticias de Yucatán ()

El gobernador dice que revisará presunto desacato

Martes, 23 de octubre de 2012  -  Edición impresa

Las concesiones del transporte entregadas en la anterior administración se hicieron de acuerdo con la ley, sin embargo se revisará el caso de la ruta del Periférico, ofreció ayer el gobernador, Rolando Zapata Bello.

“Lo que nosotros sabemos es que las concesiones fueron otorgadas de acuerdo con la ley, en el marco de la ley al finalizar la administración, que en efecto hay un procedimiento, un juicio de amparo que está corriendo y que se le ha estado dando seguimiento”, afirmó.

Ayer informamos que, en sus últimos días como gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco pasó por alto una orden de un juez federal al entregar concesiones del transporte, cuando la indicación era que se abstuviera de hacerlo.

Entrevistado al respecto, el gobernador dijo que verificaría exactamente el momento procesal en el que se encuentra el juicio de amparo.

Anticipó que a todos los juicios federales en los cuales sea parte el gobierno se les dará cabal atención, y la información que tiene es que ya se atiende este caso.

“Las concesiones, la información que yo tengo, es que las concesiones se otorgaron con un procedimiento apegado al derecho, como las convocatorias, las licitaciones, etc.”, puntualizó.

Por la tarde Henry Sosa Marrufo, director estatal del Transporte, se comunicó con el reportero para informar que no hay tal desacato.

Precisó que esa concesión se otorgó una semana antes de que el juez diera la orden.

“Cuando el juez dio la orden de suspender todo, ya el gobierno había otorgado la concesión, por eso no hay tal desacato”, afirmó.

Sosa Marrufo, quien es director del Transporte desde la administración de Ivonne Ortega, recordó que la concesión la firmaron la gobernadora y el secretario general desde antes que el juez diera la orden.- DAVID DOMíNGUEZ

Gobierno | Presupuesto

Aún no definen si habrá aumentos salariales en el gobierno para 2013.

En análisis

El gobernador indicó que todavía analizan las variables económicas 2013, las cuales le darán la base para la integración de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2013.

Paquete fiscal

Aún falta definir la integración de todo el paquete fiscal del gobierno estatal para 2013, afirmó el jefe del Ejecutivo.

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Lío en una ruta del transporte

Noticias de Yucatán ()

Permiso de última hora para operar en el Periférico

Lunes, 22 de octubre de 2012  -  Edición impresa

La falta de un sistema de transporte obliga a muchos a usar bicicleta en el Periférico

El 28 de septiembre, cuando le restaban sólo 48 horas al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, el Juzgado Primero de Distrito ordenó al Ejecutivo del Estado que se abstuviera de emitir el fallo de la licitación de la ruta detransporte Circuito Periférico y, por ende, no entregara el título de concesión respectivo.

Sin embargo, menos de una semana después la Dirección de Transporte dio a conocer públicamente que había otorgado la concesión de esa ruta a dos empresas: Turismaya y Circuito Metropolitano.

El acuerdo del Juzgado de Distrito consta en el expediente del juicio de amparo 1309/2012-II, interpuesto por Rebeca Jairala Rodríguez, hija y heredera de los bienes del fallecido transportista José Antonio Jairala Spat.

La promovente se inconformó contra el gobierno de Ivonne Ortega por el proceso de licitación de la ruta Circuito Periférico, que, según documentos que anexó a su demanda, le fue concesionada a su padre por el gobernador Víctor Cervera Pacheco en 2000, con vigencia de 20 años.

El título de concesión establece su validez a partir del 18 de febrero de 2000, con permiso para operar la ruta con 16 vehículos. Tiene las firmas de Cervera Pacheco y el entonces secretario de Gobierno, Cleominio Zoreda Novelo.

En su demanda, Rebeca Jairala indica que si bien su padre se reservó el derecho de nombrarla beneficiaria en la concesión, sí la designó heredera universal de sus bienes y derechos en un testamento.

Después de citar varios preceptos jurídicos en los que basa su petición, subraya que el gobierno nunca le informó de un proceso de revocación del permiso y ella se enteró de la licitación el 21 de septiembre, “pues no soy abogada y no leo el Diario Oficial…”.

La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial el 4 de septiembre. El Ejecutivo otorgó la concesión a las dos empresas que se inscribieron.

El director de Transporte, Henry Sosa Marrufo, informó el 4 de octubre que el representante legal de Turismaya -una de las permisionarias- es Enrique Baxir Saidén Isaac, padre de Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública y uno de los firmantes de la convocatoria.

Al resolver en audiencia incidental sobre la demanda de amparo, el Juzgado 1o. de Distrito negó la suspensión sobre los efectos de una parte de la Ley de Transporte y la publicación de la convocatoria, por ser hechos consumados, pero sí concedió la suspensión definitiva sobre las consecuencias de los actos reclamados, es decir, ordenó al Ejecutivo que se abstuviera de emitir el fallo.

La resolución establece que la orden es válida “hasta en tanto les sea notificada a las autoridades responsables la sentencia firme que se dicte en el juicio de amparo del que derivan estos autos”.

No se conoce el desenlace jurídico del caso aún.- Ángel Noh Estrada

El caso Periférico

Juicio de amparo

Rebeca Jairala Rodríguez interpuso una demanda de amparo contra el Congreso, la ex gobernadora Ivonne Ortega y otras autoridades por la expedición de una convocatoria para concesionar la ruta de transporte Circuito Periférico, que en 2000 fue asignada a su fallecido padre, José Antonio Jairala Spat. Hasta donde se sabe, la concesión no fue utilizada, pero tampoco se hizo un procedimiento para revocar el permiso, que tiene una vigencia de 20 años y, por tanto, debe concluir en 2020. La promovente del amparo subraya que se violan sus derechos.

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Desacato a un juez federal

Noticias de Yucatán ()

Entregan una ruta que estaba desde 2000 en concesión

Lunes, 22 de octubre de 2012  -  Edición impresa

Gobierno

En sus últimos días el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco pasó por alto una orden de un juez federal y, como “papa caliente”, dejó en manos de su sucesor un problema legal relacionado con el transporteurbano.

Según el expediente del juicio de amparo 1309/2012-II, el 28 de septiembre el Juzgado Primero de Distrito ordenó al Ejecutivo que se abstuviera de emitir un fallo en la licitación a que convocó para concesionar la ruta Circuito Periférico, otorgada a un transportista en 2000.

Dos días después Ivonne Ortega dejó el gobierno, sin acatar la orden.- A.N.E.

La controversia

Juicio de amparo

El juicio de amparo que derivó en una orden para suspender el proceso de concesión de una ruta del transporte tiene sus antecedentes en 2000, cuando el gobierno de Víctor Cervera Pacheco asignó la ruta del Periférico a un transportista.

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No responde a petición judicial

Noticias de Yucatán ()

Aún no entrega unas grabaciones la Policía de Mérida

Publicada: Jueves, 3 de mayo de 2012 3:00 am  |  Mérida  |  43 de 254  |  

La Policía Municipal de Mérida no ha respondido a la petición de un juzgado penal: las grabaciones de una cámara de seguridad de la Plaza Grande.

Éstas fueron ofrecidas como pruebas de inocencia a favor de Esteban Che Pech, acusado del homicidio de José Carlos Martínez Salazar.

El detenido afirmó que después de estar en casa de Martínez Salazar, éste lo llevó a la Plaza Grande y luego él caminó rumbo a su casa, en el Oriente de la ciudad y, por lo tanto, él no lo ultimó.

Su defensa sostiene que las cámaras de seguridad instaladas en ese sector debieron grabar las escenas.Al vencer el plazo para definir su situación jurídica, el Juzgado 8o. Penal acordó someter a juicio al inculpado y, al mismo tiempo, mencionó que se solicitaron las grabaciones a la policía, pero no las ha recibido.

Se espera que, ya en juicio, la defensa insista en esas pruebas porque considera que Che Pech es inocente.-

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Desacato en el gobierno federal

Noticias de Yucatán

 (desacato, amparo, produce, gobierno federal)

Invitación a llevar el caso Produce a la agenda nacional 
Publicada:  12 febrero 2012

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga Castañeda, cayó en desacato ante la justicia federal al no responder a dos requerimientos sobre una demanda de amparo de la Fundación Produce Yucatán.

La solicitud de amparo data de diciembre de 2011 y tiene los siguientes antecedentes:

-Hay un convenio firmado por la Sagarpa y el gobierno del Estado para canalizar a la Fundación Produce recursos del programa Soporte para investigación, validación y transferencia de tecnología.

-Como no cumplieron desde 2010, el presidente de la asociación civil, Pedro Cabrera Quijano, envió varios escritos a la Sagarpa -a Mayorga Castañeda y a la delegación local- para preguntarles sobre el incumplimiento.

-Al no haber respuesta, Cabrera Quijano interpuso una demanda de amparo contra la Secretaría. Mayorga se negó a contestar el primer requerimiento del Juzgado 3o. de Distrito, que recibió el 9 de enero según constancias del tribunal. Se le hizo nueva notificación y se le fijaron 24 horas para responder, pero tampoco cumplió.

-La titular del Juzgado 3o. de Distrito, Julia Ramírez Alvarado, le advirtió en el segundo aviso que le impondría multa de 10 días de salario mínimo si no respondía.

Al comentar el desacato, Pedro Cabrera calificó de lamentable y vergonzoso que un alto representante del gobierno federal vea con desdén una demanda ciudadana.

"Nuestra demanda está relacionada con la lucha contra la impunidad y el saqueo en el campo. No es una simple solicitud de amparo", subrayó.El dirigente invitó a los precandidatos presidenciales del PAN, Josefina Vázquez Mota; del PRI, Enrique Peña Nieto, y del PRD, Andrés Manuel López Obrador, a que conozcan el caso de la Fundación Produce y hagan un pronunciamiento.

"Si de verdad quieren abordar temas de interés común, en el caso de la Fundación tienen un ejemplo idóneo para analizar lo que no debe ocurrir en ningún gobierno: corrupción, abuso de poder y cerrazón ante la ciudadanía", apuntó.

Cabrera Quijano dijo que enviará a los tres precandidatos documentación suficiente sobre los problemas de la Fundación, para que la analicen."El campo yucateco está agonizante, sin que la Sagarpa, que nos resulta cara con toda la corrupción, frene el abandono", añadió. "Por si fuera poco, la delegación de esa Secretaría sigue acéfala, como si el campo no fuera importante para el gobierno federal"."En el gobierno del Estado tenemos otra cara de la corrupción. La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, con Alejandro Menéndez a la cabeza, se ha convertido en una dependencia fantasma... Ojalá me equivoque, pero parece que el hambre se acerca al campo yucateco".- Angel Noh Estrada
 

Tema: Gobierno Federal 

En contexto:

Produce | Lucha legal

La Fundación Produce ha emprendido una batalla legal desde varios frentes.

Negativa

El Registro de la Propiedad se ha negado a inscribir, desde marzo de 2011, el acta de la asamblea en que se ratificó a Pedro Cabrera como presidente de la asociación, pero sí inscribió el de la reunión apócrifa de los consejeros disidentes.

Decisión pendiente

Después de requerimientos en un juicio de amparo, el Registro envió al juzgado 3o. de Distrito copias certificadas del acta que se niega a inscribir. Ahora el tribunal decidirá.

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Mérida, "al estilo Moreira": deuda ilegal

Noticias de Yucatán

 (deuda, ilegalidad, estupidez, araujo, desacato)

La deuda de $100 millones es ilegal, dice una regidora 
Publicada:  17 diciembre 2011

   "Haciendo a un lado el acuerdo del Cabildo y usurpando funciones que le competen al Congreso local, la alcaldesa Angélica Araujo Lara contrató el préstamo de $100 millones en condiciones distintas a las autorizadas y lo convirtió en deuda pública, violando la ley", afirma la regidora Claudia Canto Mézquita.

  "Debió comprometer sus participaciones en garantía y devolver el empréstito en 15 meses, pero no acató el decreto. Ahora pagará más caro el préstamo, difirió los pagos a 2012 y no halla como resolver esta deuda. Mérida ya está al estilo Moreira".

"Desacato de la alcaldesa"
Contrató deuda que no le autorizaron, señala una regidora 
Publicada:  17 diciembre 2011

Sesión de Cabildo de anteayer, donde se discutió sobre un empréstito (1)

"En el decreto 432 del 15 de julio de 2011, el Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Mérida a afectar en garantía sus participaciones para contratar el empréstito de $100 millones, que hasta hoy no sabemos en qué lo utilizó, y a registrar esa afectación ante la Secretaría de Hacienda", indica la regidora Claudia del Rosario Canto Mézquita.

"Previamente, el Cabildo había aprobado que ese préstamo se devolviera a 15 meses, a partir de su contratación en julio de este año, pagando capital e interés mes a mes", apunta la ex tesorera.

"Sin embargo, la alcaldesa Angélica Araujo Lara incurrió en un desacato al Cabildo y al Congreso y contrató el préstamo como quiso. En principio, no comprometió las participaciones como le ordenaron y al no darlos en garantía, el banco le fijó una tasa de interés más alta, porque a mayor riesgo mayor tasa.

"En vez de amortizar el préstamo mes a mes, sin hacer caso a lo autorizado, la alcaldesa se comprometió en el contrato con Bancomer, No. 0185736498, a pagar el capital en cuatro fechas: el 29 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril y 31 de mayo de 2012, a razón de $25 millones por fecha, además de los intereses correspondientes.

"Aquí hay graves violaciones a la ley: el Congreso autorizó un empréstito, que se debe pagar el mismo año, nunca un endeudamiento neto, que se extienda a otros años.

"La alcaldesa dispuso de $100 millones sin dar en garantía sus participaciones, no inscribió el préstamo ante Hacienda, no pagó capital e intereses mes a mes y convirtió el empréstito en deuda, sin la autorización del Cabildo.

"El arco del triunfo"

"Se pasó las leyes por el arco del triunfo y ese hecho es muy grave, ya que no sólo violó leyes estatales y federales sino incluso la Constitución. Además, es un traspié grave para las finanzas de Mérida, que se ven debilitadas", subraya la ex tesorera Canto Mézquita, quien planteó esta exposición en la sesión de Cabildo de anteayer, en la que no hubo réplica a sus argumentos.

La alcaldesa guardó silencio y el regidor priista Julio Avila sólo respondió, como suele ocurrir en Cabildo, con descalificaciones a la ex tesorera municipal.- FÉLIX UCÁN SALAZAR

 

En contexto:

Cifras | Deuda municipal

Contrato

100millones de pesos es el monto autorizado del empréstito que pidió la alcaldesa, pero no respetó los términos aprobados por el Cabildo y el Congreso local.

Acuerdo original

71millones de pesos debió pagar la Comuna este año por concepto de deuda total, pero hasta ahora siga intacta la deuda de $100 millones que se pagaría en 2012.

fuente: Ayuntamiento
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Llegan para exigir una indemnización

Noticias de Yucatán

 (protesta, ancianos, lío laboral, plantón, desacato)

Protestan en la Plaza despedidos del cenote Zací 
Publicada:  23 noviembre 2011

Ex trabajadores de Valladolid ayer en una protesta en Mérida (1)

  Ex empleados del Ayuntamiento de Valladolid realizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco que intervenga y haga que la Comuna vallisoletana les pague un millonario adeudo por los despidos de 19 trabajadores.

  Según indicaron, el Tribunal Superior de Justicia del Estado falló a favor de ellos y la Comuna está obligada a pagar 22 millones depesos por conceptos de liquidaciones y sueldos caídos de los empleados.

  Los manifestantes, en su ma yoría personas de la tercera edad, explicaron que hace siete años fueron despedidos como empleados del cenote Zací, de Vallladolid. Había empleados con hasta 35 años de servicio. "Entregamos nuestras vidas a Valladolid", dijeron.

  El despido fue durante la administración del perredista Jesús Chacón Vivas. Los quejosos indicaron que interpusieron una demanda colectiva, primero ante los tribunales de conciliación y arbitraje y luego ante el Tribunal Superior de Justicia, y en ambos se benefició a los despedidos.

Sin embargo, el actual alcalde, Gonzalo Escalante Alcocer, les indicó que no les podía pagar debido a que el Cabildo no aprueba el pago.

Los despedidos indicaron que vinieron a Palacio para buscar la ayuda de la gobernadora, pues el Ayuntamiento está en desacato
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