En un desplegado, anunciaron que a partir del este viernes 8 de julio, estará a disposición de los ciudadanos para su firma el escrito dirigido al Senado de la República para proceder con la solicitud formal.
"El próximo 11 de julio los ciudadanos o empresas afectadas por el incumplimiento de un programa social, obra púbica o un contrato podrán firmar un amparo en contra del nombramiento del Auditor Superior del Estado y su respectivo suplente.
"También anunciamos la realización próxima de un foro de expertos en Derecho Constitucional sobre el tema de Los límites de una reforma Constitucional Local", informaron.
Adicionalmente, adelantaron que realizarán diversas acciones de inconstitucionalidad, juicio político y petición de admisión a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos fundamentales en el estado de Quintana Roo, de las cuales darán detalles con posterioridad.
"Que el derecho se armonice con la necesidad popular", demandan, al tiempo que apelan al ejercicio de su función social como juristas.
En el texto exponen que, tras el análisis de fondo de las reformas y decisiones aprobadas por el Congreso local a propuesta del gobernador Roberto Borge Angulo, se puede concluir que las leyes promulgadas tienen por razón principal, generar condiciones para evitar la fiscalización profunda de los recursos públicos ejercidos entre el año 2010 al 2016.
De igual manera, prosiguen, se pretenden crear órganos y tribunales para que resuelvan en su caso las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos, que pertenecen a la administración estatal y las municipales salientes.
Entre éstas enlistan: las reformas y adiciones a la Constitución Política de la entidad, y la designación del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y su respectivo suplente, ya publicados en distintas ediciones del Periódico Oficial del Estado.
Otros asuntos en espera de publicación son reformas y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (relativo a la asignación de escoltas del mandatario y su familia, así como de servidores públicos en funciones).
La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, modificaciones a disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo y la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado.
Otros puntos son la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cambios al Código Penal y el nombramiento del nuevo Fiscal General.
"La reforma constitucional local quebranta los principios del régimen federal al estar en contra del artículo sexto y séptimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27/05/2015".
Advierten que la aprobación del Congreso del Estado en lo que respecta a responsabilidades de servidores públicos y el sistema de fiscalización se adelantó a lo indicado en el Transitorio Segundo, ya que esta reforma la debe realizar el orden de gobierno local con posterioridad a la entrada en vigor de las leyes generales que apruebe el Congreso de la Unión y promulgue el Presidente de la República.
"Y como es del conocimiento público esas leyes generales aún son motivo de debate en el Congreso de la Unión derivadas del veto presidencial. Por lo tanto la presentación de la iniciativa del gobernador del estado y la aprobación de la misma por los diputados locales quebrantan los principios del régimen federal, además de causar una crisis política y jurídica imputable a ellos".
Por ello, sostienen que el gobernador Borge Angulo y los diputados locales que aprobaron la iniciativa de reformas constitucionales ya citadas quebrantaron la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República en su Artículo Segundo.
"Por lo tanto, las personas y empresas que cumplan las características antes mencionadas, tienen el riesgo objetivo de que se incumplan los principios de imparcialidad de la fiscalización, y con ello no se reparen las violaciones a su derecho fundamental al desarrollo progresivo económico, social y cultural", asientan.
