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Otra mujer de edad avanzada que, con engaños, es despojada de su vivienda en Yucatán

30 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



A unos días de que se hizo pública una denuncia de intentos de despojo de su vivienda a una vecina del rumbo de La Ermita, sale a la luz un nuevo caso cuya protagonista central es también una octogenaria.
En esta ocasión la propiedad en disputa se encuentra en la colonia San Antonio Cinta. La afectada tiene 89 años y no sabe leer ni escribir, lo que facilitó una maniobra para obtener su huella en un documento, bajo engaños.
Coincidentemente, en este caso está involucrado el mismo abogado que atiende el asunto de La Ermita, Marco Antonio Canul Nahuat.
El lunes pasado publicamos que la señora Rosa Elena González Sierra viuda de Esquivel, de 87 años de edad, es víctima de una nueva modalidad de fraude inmobiliario, dirigida a personas de la tercera edad. Bajo engaños, en 2010 lograron que escribiera su nombre en una hoja como acuse de recibo de un sobre que le dejó un “mensajero”. La hoja fue llenada después con formato de pagaré, utilizado para promover un juicio mercantil en Ciudad de México en 2011.
Hoy, la señora González se enfrenta a la amenaza de desalojo, medida que incluso ya se le notificó oficialmente. Una supuesta deuda de $80,000, que nunca contrajo, se convirtió en elemento de juicio para tratar de arrebatarle su propiedad.
Como el caso de doña Rosa Elena, el de San Antonio Cinta ha derivado en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que sigue su curso. Los demandados son el notario que otorgó una escritura de compraventa, el abogado Canul y una hija de la víctima por la presunción de que se prestó a la maniobra de despojo.
El nuevo caso es relatado por Eulalia Chim y Pantí, también hija de la mujer defraudada, Antonia Cauich y Pantí. Los apellidos diferentes son parte de una historia en la que se mezclan desconocimiento, usos y costumbres y otros hechos.
Eulalia Chim expone lo siguiente:
—Su madre es oriunda de Tixméhuac y siempre utilizó el nombre de Antonia Cauich y Pantí. Así está en su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y con él se tramitó un apoyo del programa “70 y más”.
—Las actas obtenidas en el Registro Civil de Tixméhuac confirmaban el nombre. En 1978, al hacer un trámite, solicitó otra acta pero en el Registro Civil de Mérida. Entonces el sistema arrojó el nombre de Antonia Huchim y Pantí y se descubrió que en los libros de Tixméhuac también estaba inscrito así, pero se ponía el apellido Cauich quizás porque el padre de la mujer era conocido en el pueblo como Octaviano Cauich e incluso así aparece en su certificado de defunción, aunque hay un acta en el que se estipula “Octavio Huchim”.
—Ante este embrollo, Eulalia decidió seguir el consejo de iniciar un juicio de corrección de identidad y comenzó las gestiones con el apoyo del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Ella misma sufre las consecuencias del enredo, porque su madre la registró no con su primer apellido sino con el segundo. Por eso es “Chim y Pantí”.
—En una ocasión se presentó a casa de su madre —calle 7 número 94 entre 20 y 22 de San Antonio Cinta— un abogado —que después supo era Canul Nahuat— quien dijo que necesitaba la firma de la octogenaria para un trámite relativo al juicio de identidad. Como la mujer no sabía firmar, le recabaron la huella dactilar.
—A la señora Chim y Pantí le llamó la atención ese hecho, más aún porque su hermana menor Cecilia Mercedes Cauich y Cauich estuvo presente.
—Tiempo después se enteraron de que lo que había llevado el abogado eran documentos para el protocolo de las escrituras. Y de manera rápida se inscribió una compraventa, de la que dio fe el notario Carlos Tomás Goff Rodríguez. El comprador fue Marcos Efrén Canul Ávila, a quien Eulalia Chim identifica como hijo del abogado Canul Nahuat. Ahora el predio está registrado a nombre de Carlos Góngora Bolio.
—Consumado el registro, la señora Cauich y Pantí fue desalojada de su casa y su hija Cecilia Mercedes la llevó a la vivienda de Eulalia en la colonia Mulsay.
—Eulalia Chim desconfiaba de su hermana menor y la encaró. Ésta, según su versión, aceptó que recibió dinero del abogado, pero se negó a revelar cuánto.
—Hace 4 años se interpuso una denuncia por fraude en la Fiscalía contra el notario, Canul Nahuat y Cecilia Cauich. Se abrió el expediente 1167/35/2014, que sigue su curso. Con información de Megamedia.

En Mérida: La quieren despojar de su propiedad, por una deuda que no es suya

23 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



A sus 87 años de edad, con una lucidez sorprendente, la señora Rosa Elena González Sierra viuda de Esquivel es testimonio de que la edad no es motivo para cambiar de convicciones, aun con los golpes que pueda dar la vida.
“Crecí con la idea de que los abogados están para defender, para hacer valer la ley, pero veo que no todos son así”, afirma la mujer.
Y tiene grandes razones para ese señalamiento: a causa de argucias legales se enfrenta al peligro de perder la casa donde vive desde hace más de medio siglo, donde vio crecer a su familia.
Un engaño, que ella no puede explicarse todavía, la tiene en zozobra. Una supuesta deuda de $80,000 ha puesto en riesgo el patrimonio de toda una vida, una vida que ella siente que tratan de arrebatarle.
La historia de este desfalco, relatada por la propia señora González Sierra y algunos familiares cercanos, es la siguiente:
—Una tarde de 2010 doña Rosa Elena se encontraba en su casa, en la calle 77 número 522 entre 64 y 64-A, a media cuadra de la Ermita de Santa Isabel. Llegó una persona preguntando por su hija política. Ante la respuesta de que ésta no se hallaba en ese lugar, el sujeto dijo que entregaría un sobre y pidió que se le firmara de recibido.
—La señora González no firmó. Dobló la hoja que le entregaban y estampó únicamente su nombre.
—Pasó el tiempo y de pronto, en 2013, se presentó un abogado en la vivienda con la copia de la notificación de un juicio ejecutivo mercantil promovido en Ciudad de México por Darwin Froylán Quintal Fernández, quien hizo valer un supuesto pagaré de $80,000 y logró que se embargara la casa, ubicada en zona de alta plusvalía.
—La hoja que escribió doña Rosa, quien tenía 80 años cuando estampó su nombre —no su firma—, fue llenada para mostrar un documento de cobro. En efecto, se le escribieron $80,000, pero al momento de la notificación se le exigía ya el pago de $450,000 por concepto de capital, intereses y otros.
—Empezó la confusión. La señora González alegó que nada firmó y que no tiene necesidad de pedir un préstamo. Ni siquiera conoce a Darwin Quintal y mucho menos ha estado en Ciudad de México para recibir dinero, como dice el expediente.
—La hoja de la notificación, que se realizó por exhorto ante los tribunales locales, indica que el pagaré se firmó en 2010 y que en 2011 se informó de la demanda a la familia, pero ésta asegura que es falso, que nunca se le avisó de un juicio.
—La familia consiguió a un abogado de nombre Pedro Miranda, quien se limitó a pedirles dinero en varias ocasiones —la última vez fueron $30,000— y no resolvió el problema.
—El representante legal de Darwin Quintal en Mérida es Marco Antonio Canul Nahuat, quien hasta el año pasado decía a la familia afectada que el asunto se solucionaría con el pago de $450,000, pero después cambió el mensaje y en febrero de este año dijo que su cliente quiere ahora $700,000. Posteriormente cambió de nuevo la versión y dijo que Quintal Fernández desea la propiedad, no el dinero.
—Más aún, el abogado Canul les dijo que la casa había salido a remate y, como no hubo interesados, el propio capitalino la compró. El recibo de energía eléctrica parece confirmar ese señalamiento, pues ya está a nombre del presunto acreedor.
—Se promovieron amparos, primero en Ciudad de México y después en Mérida, sin resultados satisfactorios. Lo más reciente es una denuncia ante la Fiscalía del Estado, que sigue su curso.
—El 5 de marzo de este año llegó una actuaria del Poder Judicial para avisarles de un plazo de cinco días para desalojar la casa. El plazo ya venció y la señora González Sierra sigue allí, sin dar crédito a lo que ocurre.
“¿Cómo me pueden quitar mi casa, si a ese señor (Quintal Fernández) no lo conozco y tampoco me ha dado ningún dinero?”, pregunta la mujer. (Megamedia).

Campesinos de Motul, Yucatán, fueron despojados de más de 1,000 has de tierrras

25 abril 2018
Noticias de Yucatán

Más de 100 campesinos de Motul en Yucatán se manifestaron ayer en el Tribunal Agrario para pedir que se nulifique una asamblea en donde les fueron robadas más de mil hectáreas.
Con pancartas en mano y a gritos de “justicia”, “devuélvanos nuestras tierras” y “corruptos”, más de un centenar de ejidatarios de Motul en Yucatán volvieron a manifestarse a las puertas del Tribunal Agrario para exigir la nulidad de la asamblea realizada el 9 de noviembre de 2014 donde el excomisario de Motul, Juan Itzá Balam, de forma fraudulenta otorgó mil 200 hectáreas a 51 personas entre ellos sus familiares directos, amigos y a un aspirante a la alcaldía de ese municipio.
Entre los nombres de las 51 personas demandadas destaca  Roger Aguilar Arroyo, actual candidato a la presidencia municipal de Motul en Yucatán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a quien se le otorgaron tierras a la orilla de la carretera y no se ha presentado las diligencias donde el juez ha solicitado su presencia, indicó Julio Balam Escamilla, asesor legal de los ejidatarios de Yucatán.
“Los ejidatarios están molestos porque Roger Aguilar ya ocupó los terrenos a la orilla de la carretera del municipio de Yucatán y habilitó el lugar para meter camiones; sin embargo, los terrenos no son de su propiedad y vemos que no está dispuesto a conciliar porque tampoco asistió a ésta diligencia de ley, dijo el entrevistado.
El hecho de que la mayoría de las 51 personas demandadas no acudieron a la diligencia es una buena señal para la lucha campesina en el municipio de Yucatán, porque parece que los prestanombres están tirando la toalla y ya se han fastidiado de tantas vueltas, señaló.
Esperanzas campesinas
“Tenemos esperanza de que los campesinos de Motul en Yucatán ganen esta lucha porque el caso le ha sido asignado a un nuevo magistrado quien se ha comportado de una manera más estricta y está sancionado de forma económicaa las personas que no se presentan a la diligencia, indicó Balam Escamilla.
En las tres diligencias en diferentes horarios la mayoría de los demandados por el despojo no acudieron al llamado en el Tribunal Agrario Unitario, donde el magistrado en turno les aplicó sanciones económicas, por retrasar el juicio, donde los campesinos pretenden  nulificar la asamblea realizada el 9 de noviembre de 2014, donde el ex comisario Juan Itzá Balam otorgó las tierras de uso común a los particulares dando la mayor parte a sus familiares directos.
Uno de los demandados que tampoco asistió a la diligencia fue Roger Aguilar Arroyo actual candidato a la presidencia municipal de Motul en Yucatyán por el PRI a quien se le otorgaron tierras, de forma fraudulenta, a la orilla de la carretera de ese municipio de Yucatán.
“Parece que a los hermanos Juan y Honorio Itzá Balam se les está cayendo el teatro porque sus prestanombres ya no quienes seguir con su cuento”, señaló el asesor legal del ejido Julio Balam Escamilla, durante la protesta que realizaron los más de 100 ejidatarios en el Tribunal Agrario en Yucatán.

De la noche a la mañana perdió su casa

16 febrero 2018
Noticias de Yucatán

Torréon, Coahuila. De la noche a la mañana, Norma Leticia perdió su casa. Aunque el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) le otorgó un crédito para obtener la vivienda, ayer la perdió ante un supuesto juicio que se entabló en contra de la constructora a quien se le compró el inmueble.
El desalojo que sufrió la mujer y su pequeño hijo de 11 años de edad, se registró ayer a las 8 de la mañana.
Un notario, policías y el abogado de la dueña anterior identificada como Catalina Pimentel, según lo manifestado por los representantes, fueron los que acompañados por un cerrajero, sacaron sus bienes a la calle.
No hubo violencia, ni malas palabras, dijo Nancy, hermana de la afectada, pero tampoco hubo un aviso previo para darle oportunidad a la afectada de luchar por su vivienda. Denuncian tráfico de influencias por parte del representante de la primera dueña del inmueble.
"La anterior dueña demandó a la constructora, porque no la pagó, por ende la constructora la recogió, para esto la señora está amparada por un abogado que trabaja o trabajó en instituciones federales", dijo Norma Leticia.
Fue el martes por la tarde, que la constructora que le vendió la casa, la que le informó que sería desalojada luego de perder un juicio, del que nunca se le informó.
Sin apoyo de un abogado, Norma y su hijo fueron echados de la que fuera su casa por más de un año y medio y de la cual, el Infonavit le entregó un documento para avalar su compra.
"Qué va a pasar ahora", se pregunta Norma, quien se vio en la necesidad de rentar una casa para poder tener un lugar dónde vivir y de resguardar sus bienes.
Dice que acudirá al Infonavit para saber qué fue lo que pasó en realidad, y cómo se pudo haber autorizado un crédito de una casa que se encontraba en juicio.
Ahora Norma espera poder recuperar su vivienda, o bien, que la Institución le reintegre sus pagos y le otorgue un nuevo crédito. (El Siglo de Torreón).

Ejidatarios de Motul insisten en la devolución de sus tierras

19 enero 2018
Noticias de Yucatán

Más de 100 ejidatarios de Motul, encabezados por el comisario comisario ejidal actual, Arcadio Tamayo Angulo, se manifestaron esta mañana en las puertas del Tribunal Unitario Agrario.
Los hombres exigen la nulidad de la asamblea que se realizó el 9 de noviembre del 2014, donde se repartieron más de mil 200 hectáreas tierras ejidales de uso común a particulares y funcionarios públicos, amistades, gente de otros estados e hijos del anterior comisario Juan Itzá Balam.

Los manifestantes comentaron que esta lucha de 4 años sigue vigente y continuarán hasta que se anule esta asamblea pues los ejidatarios fueron engañados para firmar un supuesto intercambio comercial con otra comunidad pero la realidad fue otra.

PGR investiga a Borge por despojo de 200 hectáreas de selva yucateca

06 julio 2017
Noticias de Yucatán

Ante el supuesto despojo del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, de 200 hectáreas de selva del ejido de Ulilá, en el estado de Yucatán, la Procuraduría General de la República (PGR) envió peritos para realizar las investigaciones correspondientes, informó el senador del PAN, Daniel Ávila.
El funcionario comentó que también el órgano interno del Registro Agrario Nacional realiza las pesquisas sobre el caso.
El blanquiazul explicó que se levantó una denuncia penal contra el exmandatario de Quintana Roo, así como contra su exsecretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, y su hermano, Manuel Alberto Guillermo Molina, quien habría desembolsado 32 millones de pesos en efectivo para pagarle a 40 supuestos dueños la compra de dichas tierras.
¿Por qué delitos se les denunció?
Tráfico de tierras ejidales
Tráfico de despojo de tierras
Lavado de dinero
El antecedente
Roberto Borge vendió 25 inmuebles, patrimonio de Quintana Roo. Las ventas presentaban graves irregularidades, ya que se realizaron sin respetar la normatividad estatal y sobre todo se fijaron precios de venta muy por debajo del valor real, en algunos casos no llegaron al 1% de éste.

La Comuna denuncia despojo de parte de una calle

15 mayo 2015
Noticias de Yucatán ()

El Ayuntamiento de Mérida interpuso anoche una denuncia contra cuatro particulares, el Instituto de Vivienda del Estado (IVEY) y dos empresas privadas por el presunto despojo de una calle patrimonio del municipio.
Los particulares acusados son, en el orden que se les menciona en el memorial, Lina Asunción Ivon Alfaro, Emma Noemí Torres Arcila —hermana del candidato del PRI a la alcaldía, Nerio Torres Arcila—, Russel Humberto Bermejo Villanueva y Elmy del Carmen Herrera Méndez. Las empresas señaladas son Vitro Fomento Industrial y Constructora Hogare.
Se les acusa, al igual que al IVEY, de ocupar más superficie de la que les corresponde e invadir parte de la calle 79 diagonal a partir de la 40 diagonal y hasta la 46 de la localidad de Sodzil, comisaría de Mérida.
El Ayuntamiento explica que la Subdirección de Asuntos Jurídicos realizó averiguaciones del caso a raíz de un escrito del 8 de mayo pasado, en el que los vecinos Rodolfo Espadas Espinosa, Ricardo Vera Ek y Fernando Guasch Madáhuar le manifestaron que la señora Emma Torres, “quien presume ser la propietaria” del tablaje catastral 21304, “está tratando de despojar al Ayuntamiento de Mérida, y consecuentemente también a los vecinos que ahí habitamos de forma pacífica y ordenada, de gran parte de la calle 79 diagonal”.
De la investigación del Ayuntamiento resultó la acusación contra los ya citados.
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El ex funcionario Orlando Paredes, en una demanda

14 marzo 2015
Noticias de Yucatán ()

La Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra el notario Orlando Paredes Lara, ex senador y ex candidato del PRI a la gubernatura, por su presunta participación en una operación para despojar de un terreno cercano a Ucú a un particular, en 2008, según documentos oficiales en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
Este caso, que hasta ahora empieza a conocerse a fondo, implicaría a otros notarios, funcionarios y ex funcionarios de la Fiscalía y miembros del equipo de Rolando Zapata Bello. Uno de ellos, relacionado presuntamente con este asunto, fue destituido en 2013.
La orden de captura contra Paredes Lara, el “hombre fuerte” del fallecido Víctor Cervera Pacheco, se libró el 30 de enero y la firmó Javier Alberto León Escalante, entonces vicefiscal de Investigación y Procesos, en suplencia de la fiscal general del Estado, Celia Rivas Rodríguez, quien renunció el 8 de enero para buscar una candidatura a diputada local.
La orden está en el oficio FGE/DJ/AMP/FIS/222/2015, de la Fiscalía General, dirigido al juez Segundo de Distrito y afecta también a Daniel Trejo Lizama, ex regidor del PRI en el Ayuntamiento encabezado por Angélica Araujo y director de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo a partir de enero de 2013 y hasta junio de ese año, cuando el gobierno de Zapata Bello lo destituyó sorpresivamente. En la orden de aprehensión aparecen también Juan José Aguiar Ancona y Jorge López Cruz.
Hasta ayer en la tarde, Central 9 no había podido confirmar el cumplimiento de esa orden de captura.
El oficio firmado por el vicefiscal León Escalante y dirigido al juez Segundo de Distrito dice textualmente: “en atención a lo ordenado en la ejecutoria de mérito inserto en el oficio número 311/IV-B, de fecha 15 de enero del año en curso, que guarda relación con el juicio de amparo número 873/2012-IV-B, promovido por Pedro Manuel Rosado Reyes, me permito remitirle copia certificada de la resolución emitida el 29 de enero del presente año, por la suscrita autoridad, en relación a la averiguación previa número 1758/2a/2008, en donde se aprecia que se deja insubsistente la resolución de fecha cuatro de junio del 2012 y se emite una nueva en la cual en su resolutivo primero revoca el no ejercicio de la acción penal emitida el 12 de julio de 2011, por el director de Averiguaciones Previas del Estado, lo anterior para que se ejercite la acción penal en contra de los ciudadanos Juan José Aguiar Ancona, Daniel Trejo Lizama, Jorge López Cruz y abogado Orlando Alberto Paredes, notario público 32, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria federal dictada”.
La orden de aprehensión contra Paredes Lara y demás acusados está relacionada, en efecto, con la averiguación previa 1758/2a/2008 y con la denuncia 1339/6a/08, interpuesta por Rosado Reyes contra esas personas, a quienes responsabiliza, junto con otras, de haberlo despojado del tablaje 9797, de 345 hectáreas, llamado “rancho Chacsiniché”, en los límites de los ejidos de Hunucmá, Ucú y Mérida, muy cerca de los terrenos donde el gobierno anterior desarrollaría el Plan Maestro de Ucú.
Rosado Reyes, que reside en Estados Unidos, nombró como su defensor a José Manuel Echeverría Bastarrachea, casualmente procurador de Justicia en el segundo periodo de gobierno de Cervera Pacheco, y a Tomás Ángel Díaz Echeverría, su apoderado legal, quien también tendría participación en el predio en disputa.
Según fuentes cercanas al caso, Rosado Reyes y su apoderado denunciaron a Aguiar Ancona de falsificar documentos oficiales, como la credencial de elector, para hacerse pasar como propietario del lote 9797 y venderlo a otra persona. Para esto, Aguiar, que ya ha tenido otras órdenes de aprehensión en su contra, compareció ante un notario en compañía de dos testigos, Trejo Lizama y López Cruz, que declaron que lo conocían como el legítimo propietario de ese terreno.
El notario que dio fe de ese acto está plenamente identificado en la denuncia, pero extrañamente no ha recibido una orden de aprehensión.
De acuerdo con la denuncia, Aguiar Ancona y la persona que le compró el terreno realizaron una rectificación de límites que luego protocolizaron con el notario Paredes Lara. Éste, al parecer, no habría verificado debidamente la información de ese acto, que tendría indicios de ser fraudulento, y que luego sirvió para despojar de su terreno a Rosado Reyes.
La denuncia penal de Rosado en los tribunales locales no prosperó, dicen las fuentes consultadas, por la presunta colusión de funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega con particulares. Un ejemplo, la decisión del director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría, Friedman Rivero Peniche, de decretar el no ejercicio de la acción penal en ese expediente, cuando ni siquiera se había integrado la averiguación.
Ante esta postura, Rosado Reyes y su apoderado se inconformaron en la segunda instancia, lo que se tradujo en la orden de aprehensión contra Paredes Lara y los otros tres acusados, aunque, al parecer, aún hay otras órdenes pendientes de liberar.-HERNAN CASARES CAMARA
Quién es Orlando Paredes Lara|
Discípulo
Fue el político más cercano a Víctor Cervera Pacheco. El propició su candidatura al gobierno del Estado en las elecciones de 2001, que perdió ante Patricio Patrón Laviada, del PAN.
Trayectoria
Ha ocupado casi todos los puestos en la política: diputado local (dos veces), diputado federal y senador en 2000-2006.
Candidato
En 1994 fue candidato a la alcaldía de Merida, pero fue también fue derrotado por Acción Nacional.
Secretario
Ocupó la Secretaría de Gobierno en el primer periodo de Cervera y en el gobierno interino de Dulce María Sauri.
Profesor y notario
Es maestro jubilado de la SEP y notario público 32 del Estado de Yucatán.
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Orlando Paredes, en líos

Tiene una orden de captura por despojo de tierras


Justicia
La Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra el ex candidato del PRI a la gubernatura Orlando Paredes Lara por su presunta participación como notario en una operación realizada en 2008 para despojar a un particular de un terreno de 345 hectáreas cerca de Ucú.
La orden de captura se emitió el 30 de enero, pero hasta ayer no se confirmaba si se había cumplido.
Ademásde Paredes Lara, “el hombre fuerte de Víctor Cervera”, la Fiscalía pidió la detención de otras tres personas, entre ellas Daniel Trejo Lizama, regidor del Ayuntamiento de Angélica Araujo y ex funcionario del gobierno de Rolando Zapata.
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Campesinos piden apoyo al gobernador por un “despojo”

08 julio 2014
Noticias de Yucatán ()

Insisten en que los indemnicen por unas tierras

Campesinos del ejido de Texán Palomeque realizaron ayer en la mañana una protesta frente a Palacio de Gobierno, a fin de solicitar la ayuda del gobernador Rolando Zapata Bello.
Con pancartas pidieron el pago o restitución de 1,400 hectáreas de terrenos, de las que, según ellos, fueron despojados por el gobierno anterior.
La protesta empezó a las 11 de la mañana y fue realizada por unas 30 personas, asesoradas por Rodolfo Macosay quien, se informó, se especializa en este tipo de problemas.
De acuerdo con los datos, el grupo de manifestantes, llegó en un camión.
Durante cerca de una hora esperó el arribó de su asesor para iniciar la protesta.
Cerca de las 11 de la mañana los campesinos sacaron sus pancartas e iniciaron la protesta; trataron de entrar al Palacio para hablar con el gobernador, pero los guardias les impidieron el paso.
Les explicaron que una comitiva sería recibida por funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno y luego serían canalizados a la Dirección de Asuntos Agrarios.
Los quejosos explicaron que en 2004 Antonio Almazán les compró a menos de 2 pesos el metro cuadrado las tierras, las cuales revendió después al gobierno del Estado en una mayor cantidad.
Afirmaron que prácticamente fueron despojados de 1,000 hectáreas de terrenos del ejido y que en 2009 los despojaron de otras 400 hectáreas donde se construiría el aeropuerto.
Luego advirtieron que si no reciben una respuesta positiva realizarían una movilización masiva.- David Chan Caamal
Protesta | Terras
Ejidatarios de Texán Palomeque se quejan de un presunto despojo de tierras.
Petición
Piden que les paguen una indemnización de cerca de 70 millones de pesos.
Ofrecen opciones
“Que nos paguen o nos devuelvan las tierras”, señaló un manifestante.
“Despojo”El presunto despojo es de 1,400 hectáreas

Perderían sus viviendas

25 enero 2013
Noticias de Yucatán ()


Viernes, 25 de enero de 2013 - Edición impresa En: CiudadanosMérida

Una mujer de Kanasín pide la intervención del gobierno del Estado durante la protesta que efectuaron vecinos frente a Palacio
Vecinos del municipio de Kanasín protestaron ayer en la mañana frente a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo para denunciar que los pretenden despojar ilegalmente de los terrenos donde viven.
En Palacio de Gobierno incluso señalaron que ya son víctimas de desalojos en operaciones apoyadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los quejosos aseguran que especuladores compraron al ejido los terrenos donde tienen sus predios y ahora pretenden venderles las propiedades o desalojarlos.
Venden colonias enteras

Piden al gobierno que intervenga en un lío en Kanasín

Algunos de los vecinos de Kanasín ante Palacio de Gobierno
Unos 200 vecinos de diferentes colonias de Kanasín realizaron ayer en la mañana una protesta ante el Palacio de Gobierno para pedir al gobernador, Rolando Zapata Bello, la expropiación de los terrenos donde habitan a fin de no perderlos.
Los quejosos señalaron que un especulador compró al ejido más de 170 hectáreas y ahora les quieren vender entre 55 y 100 pesos el metro cuadrado.
Explicaron que el problema es más grave debido a que el comisario vendió las colonias enteras, con iglesias, escuelas y parques incluidos, y que ya comenzaron los desalojos.-

Vecinos de Kanasín que realizaron ayer una protesta ante el Palacio de Gobierno informaron que ya se realizan desalojos en sus colonias, en diligencias que son apoyadas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
Afirmaron que esa medida es para intimidarlos y así obligarlos a pagar por los terrenos en donde viven, “que especuladores le compraron al ejido”.
Juan Cervera, representante del grupo, indicó que el comisario ejidal, Marcelino Uicab Uicab, vendió de manera ilegal en 6.000,000 de pesos las tierras a empresarios que utilizan como prestanombres a Antonio Rojas y Jesús Argaéz.
“No midió el daño que estaba ocasionando debido a que en ese extenso terreno hay unos 4,000 predios, además de negocios, iglesias, campos de fútbol, centros comunitarios, casetas de la policía y escuelas”, añadió.
Los quejosos pidieron al gobierno del Estado su ayuda, con gritos de “expropiación y justicia”.
Durante la protesta, que obligó al cierre de la calle 61 entre 60 y 62, los manifestantes calificaron de injusto que pretendan despojarlos del patrimonio que “por años adquirimos con sangre, sudor y lágrimas”.
“Si vemos al comisario en la colonia, lo vamos a linchar”, advirtieron.
Indicaron que han acudido a diferentes instancias, como la Procuraduría de la Reforma Agraria, el Tribunal Agrario, a la Comuna de Kanasín y ante el anterior gobierno del Estado, pero sin buenos resultados.- David Chan Caamal
Kanasín | Protesta
Vecinos de Kanasín, que temen perder sus tierras, protestan ante el Palacio.
Caos vial
La manifestación inició a las 10 de la mañana y media hora después se cerró el tránsito de la calle 61 entre 60 y 62, lo que ocasionó caos vial. Los quejosos también acudieron a protestar ante el Congreso del Estado.

“Mafia” en el campo

27 noviembre 2012
Noticias de Yucatán ()


Les autorizaron recursos, pero otros los cobraron

Pequeños ganaderos de Ticul a quienes se defraudó con apoyos de Alianza para el Campo. En el orden habitual: Juan Alonzo Dzib Villalobos, Tomás Garrido Sosa, Marcos Azarcoya Carrillo, Miguel Ek González, Carlos Gilberto Heredia y Roger Rodríguez Sánchez. Piden que se investigue
Denuncia de pequeños ganaderos: les robaron apoyos
Encabezados por su presidente, Miguel Ek González, pequeños ganaderos de Ticul denuncian que fueron despojados de recursos que les autorizó el gobierno dentro del programa Alianza para el Campo.
No tienen idea del nivel en que se orquestó el fraude, durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, pero por la cantidad de casos que han detectado y la manera en que se consuma el robo consideran que hay una mafia que atenta contra los productores agropecuarios.
“Aquí hay una mafia, desde los que autorizan el fraude hasta los que falsifican firmas y cobran los apoyos”, indica Ek González, respaldado por sus compañeros. “Seguramente hasta en los bancos hay gente coludida; de otra manera, ¿como se puede retirar tan fácilmente dinero que está a nombre de otros?”
En visita a Ticul, reporteros de Grupo Megamedia conocen seis casos de fraude. En uno de ellos, el monto del robo supera los $600,000.
Coincidentemente, es la misma persona quien gestionó los proyectos de apoyo ante la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado, cuando Alejandro Menéndez Bojórquez estaba al frente de la dependencia.
Algunos de los pequeños ganaderos admiten que recibieron dinero de ese “operador”, en cantidades que van de $25,000 a $80,000, pero les dijeron que era un anticipo de cantidades mayores que nunca llegaron.
Tomás Garrido Sosa, uno de los afectados, relata que en Fomento Agropecuario le dijeron que aparece como beneficiario de un apoyo de $676,000 que él desconocía.

Denuncia de atracos

Que se investigue, piden ganaderos al gobernador
Pequeños ganaderos de Ticul a quienes se defraudó con apoyos de Alianza para el Campo. En el orden habitual: Juan Alonzo Dzib Villalobos, Tomás Garrido Sosa, Marcos Azarcoya Carrillo, Miguel Ek González, Carlos Gilberto Heredia y Roger Rodríguez Sánchez. Piden que se investigue
A principios de noviembre de 2011, Ricardo Pacheco Navarro, quien se desempeña como operador o gestor de apoyos ante la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp) del gobierno del Estado, se presentó ante el pequeño ganadero Tomás Garrido Sosa, en Ticul, con un ofrecimiento.
“Hay apoyos disponibles”, le dijo. “Tengo diez y te podemos incluir. Tienes tu ‘lana’ antes del 15 de diciembre”.
El operador visitó el rancho de Tomás Garrido, tomó fotografías a unas obras que efectuó el ganadero con sus propios recursos y le reiteró que a mediados del mes siguiente recibiría dinero, cuyo monto no se precisó.
Antes de finalizar el año, Pacheco Navarro lo contactó de nuevo, para darle lo que parecía una mala noticia: el apoyo “no pasó” y, por tanto, no llegaría el dinero ofrecido.
Pasaron unos meses. A fines de abril, Garrido Sosa contrató a una persona para que le gestionara ante Fomento Agropecuario un apoyo para infraestructura.
Grande fue su sorpresa cuando, días después, esa persona le dijo: “Si ya cobraste… ¿Cómo te van a dar otro apoyo?”
Acompañado de su asesor, el ticuleño se presentó en el edificio de Fomento Agropecuario, donde le confirmaron que “alguien” cobró en su nombre $676,000. Un “alguien” que falsificó su firma.
El caso de Tomás Garrido no es aislado. Otros cinco pequeños ganaderos de Ticul fueron engañados con el mismo método y por la misma persona.
Los afectados le reclamaron al defraudador, pero, de acuerdo con sus relatos, éste les respondió que no debían preocuparse porque “entrando el nuevo gobierno (de Rolando Zapata Bello) les damos otro (apoyo)”.
No hay registros de Pacheco Navarro como empleado del gobierno del Estado, pero su forma de operar delata complicidad con funcionarios de Fomento Agropecuario cuando Alejandro Menéndez Bojórquez estuvo al frente de esta Secretaría.
En Ticul es propietario de una tienda de alimentos balanceados, con sucursal en Abalá. Se le ve desplazarse en las calles a bordo de una camioneta Hummer o una motocicleta Harley Davidson.
Los productores defraudados piden al gobernador Zapata Bello que investigue estos casos.
“Queremos que investigue especialmente a Ricardo pacheco”, subraya Miguel Ek González, presidente de la Unión Ganadera de Ticul y también víctima del engaño. “Una persona que ha mentido y robado lo seguirá haciendo si no se le castiga”.
Los apoyos a que se refieren los ganaderos de Ticul son de Alianza para el Campo. El 75% de los recursos proviene del gobierno federal, mediante la Sagarpa, y el 25% restante es aportación del gobierno del Estado. El manejo del programa está a cargo de Fomento Agropecuario y la supervisión, al menos en el papel, debe correr por cuenta de la Secretaría federal.
Bajo este esquema, el gobierno del Estado -por conducto de Fomento Agropecuario- puede entregar “a fondo perdido” hasta el 50% de la inversión que haga el productor en el proyecto registrado en la dependencia.
Los ganaderos ticuleños se deciden a dar la cara al enterarse de otros casos en que se ha engañado a los productores. Saben que tienen en contra la falta de documentos, pues, abusando de su buena fe, el operador les pidió firmas en blanco y nunca les entregó comprobantes, ni siquiera copias.
El presidente Ek González está convencido de que detrás de toda la cadena de ilícitos impulsada desde Fomento Agropecuario hay una “mafia” que se extiende a los bancos.
“Aquí hay una mafia”, recalca el dirigente de los pequeños ganaderos. “Se falsifican firmas, se retira el dinero sin supervisión…”
Miguel Ek relata que en su caso Pacheco Navarro lo buscó un domingo en su unidad ganadera, bajo la lluvia. Su proceder fue similar al que tuvo con Tomás Garrido: le dijo que tenía un apoyo para él, tomó fotografías a unas obras del rancho y le hizo firmar documentos.
Pasado el tiempo, el operador le dio $80,000, como “anticipo” de un apoyo relativo a una inversión de $550,000. No volvió a verlo.
Casos similares son los de Roger Rodríguez Sánchez, Juan Alonzo Dzib Villalobos, Carlos Gilberto Heredia y Marcos Azarcoya Carrillo.
En el primero se utilizaron también fotografías de obras ya realizadas -mediante una inversión de $800,000- para “armar” el proyecto. Incluso, lo trajeron a Mérida para que firmara los documentos, sin que le dieran copias.
Se suponía que le darían $400,000 -la mitad de la inversión, como estipulan las reglas de Alianza para el Campo-, pero Pacheco Navarro le entregó sólo $70,000 a manera de “anticipo”, y se atrevió a “aconsejarle” que no malgastara el dinero.
Juan Alonzo Dzib también recibió un “adelanto”, de $30,000, pero le descontaron $3,000 por “comisión”. El defraudador le dijo: “Si gana Rolando te pongo una báscula ganadera (en el rancho)”.
Carlos Heredia nunca vio dinero en efectivo. Le dieron alimento para ganado en varias entregas, cuyo valor se calcula en $25,000, y cuando encaró al operador le fue mal, pues éste “me amenazó con meterme al bote”.
Marcos Azarcoya fue también engañado, con similar procedimiento y también con un “anticipo”, de $70,000.
La petición de los afectados es unánime: “Que se investigue y castigue, caiga quien caiga”.- Ángel Noh Estrada
El caso Fomento Agropecuario
Polémica: del Peapy a Alianza para el Campo
Las denuncias de pequeños ganaderos de Ticul se suman a los numerosos casos de desvíos que se han detectado en los últimos años en los círculos de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado.
En varias publicaciones hemos documentado casos de productores agropecuarios cuyos proyectos fueron autorizados, pero nunca recibieron los recursos, o recibieron sólo una mínima parte. En más de una ocasión han salido a relucir los nombres del mismo grupo de funcionarios como promotores de desfalcos.
Pequeños ganaderos de Ticul que se deciden a dar la cara, después del engaño de que fueron víctimas en el programa Alianza para el Campo, saben de otros casos de personas a quienes se ha defraudado. Citan entre ellas a Jaime Pérez Chan y Antonio Novelo.
En fechas recientes publicamos que en las listas del Programa Estatal de Apoyos Productivos de Yucatán (Peapy), del que también salen recursos a fondo perdido, han surgido nombres de “enlaces”, es decir, personas que apadrinaron, solicitaron o gestionaron la entrega de dinero a beneficiarios específicos.

Luchan por su parque vecinos de Altabrisa

14 agosto 2012
Noticias de Yucatán ()

Presunta maniobra de la Comuna para vender un terreno
Publicada: Martes, 14 de agosto de 2012 3:00 am  |  Mérida
Vecinos de Altabrisa ven con "gran preocupación e incredulidad" la intención oficial de vender este terreno
Familias de Altabrisa se declararon en pie de lucha para defender un terreno de ese fraccionamiento destinado a un parque público, pues el Ayuntamiento pretende venderlo a particulares, en unos $96 millones.
Sus dudas al respecto son mayores por la prisa oficial al respecto, ya que al alcalde sólo le quedan dos semanas en el cargo.
Agrupados en la Asociación de Vecinos Altabrisa, esas familias pusieron un enorme cartel de advertencia en ese terreno, de unas tres hectáreas y alta plusvalía, Tiene dos avenidas en sus costados y está ubicado frente a donde se construyen las Country Towers, y rodeado de conjuntos habitacionales privados, como San Remo y Royal Class.
Las familias crearon un portal en internet y apartados en Facebook y Twitter para hacer conciencia sobre lo que consideran una ilegalidad del Ayuntamiento, y convocar a defender ese patrimonio. Se les unieron vecinos del fraccionamientoMontebello.
El pasado día 9 enviaron una carta al alcalde interino Omar Lara en la que le expresan su “gran preocupación, consternación e incredulidad” por la pretensión de vender ese terreno, ubicado en la calle 19 entre 20 y 22.
La Comuna argumenta que por la dimensión del predio es oneroso darle mantenimiento y puede convertirse en foco de infección. De modo que venderlo traería más beneficios a los vecinos.
Las familias no están de acuerdo y piden que se detenga ese proceso y en su lugar se construya el parque que les ofreció hace dos años la alcaldesa Angélica Araujo, durante una visita a ese predio, en la cual le expusieron el proyecto respectivo.
Opinión profesional
Como parte de su lucha las familias recurrieron al arquitecto Antonio Peniche Gallareta, ex presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, para que emita su opinión al respecto.
En respuesta, ese profesional recordó que hubo un concurso para elegir un proyecto de la obra, y deplora que ahora el Ayuntamiento no quiera construir el parque sino, por el contrario, pretenda vender o regalar el terreno.
-La directora de Desarrollo Urbano, Yolanda Fernández, es culpable y está coludida con este atropello que se pretende hacer, pues a través de un “dictamen técnico” maquillado, y hecho a modo, autorizó la enajenación de éste valioso predio público, sin especificar para que fines.
-Es un dictamen a modo porque carece de sustento real y análisis serio y específico de la zona. Tal vez lo hizo de esa forma por una “orden desde arriba”, lo cual muestra su poca ética pues en lugar de eso pudo hacer ver al alcalde y a la Dirección de Gobernación las necesidades de los residentes y la oportunidad de mejorar a la ciudad.- Hansel Vargas A.
Quién es | Antonio Peniche
“Sospechoso”
“Es muy raro y sospechoso, que la Comuna quiera usar este predio para fines que ignoramos cuales son. Y que lo haga cuando la presente administración está por concluir. Hace dos años Angélica Araujo se reunió con los vecinos y prometió hacer el parque, incluso instruyó al Director de Obras Públicas, Antonio Duarte Briceño, para darle seguimiento. Mediante un convenio con la Universidad Anáhuac Mayab se realizó un concurso de diseño del parque, y funcionarios de esa dependencia fueron parte del jurado. Después de reuniones entre colonos, estudiantes y la Dirección de Obras Públicas, y de meses de trabajos, revisiones y acuerdos se eligió la propuesta ganadora. Pero después ya no se hizo nada más”

Denuncia despojo de casas

24 enero 2012
Noticias de Yucatán

 (fraude, abuso, despojo, ancianos, notarios)


Una mujer de 85 años, víctima de presunto fraude 
Publicada:  24 enero 2012
María del Carmen Medina Marrufo, en su casa de la calle 64
María del Carmen Medina Marrufo, en su casa de la calle 64 Ver fotos(1
"No quiero ir a un asilo. Ya he pasado por eso y es muy difícil", dice María del Carmen Medina Marrufo, vecina de esta ciudad con 85 años de edad.

Sus temores son fundados. Se enfrenta a una amenaza de desalojo porque, al menos en el papel, ya no es propietaria de la casa donde habita.

Sin embargo, detrás de esa transferencia de propiedad hay una historia de presunto fraude que involucra a un notario sujeto a proceso judicial: Carlos Alfredo Evia Salazar.

María del Carmen Marrufo vive en la casa 363-K de la calle 64 entre 39 y 41 de esta ciudad. Ese predio surgió de una división que dio pie a dos lotes. El otro es el 363-Ll.

La octogenaria relata que, bajo engaños, ambos predios fueron inscritos a nombre de otra persona. Los detalles, en próxima entrega
.

Más detalles de una denuncia por despojo de tierras

04 enero 2012
Noticias de Yucatán

 (trafico de tierras, agandalle, despojo, impunidad, injusticia, enriquecimiento, corrupción)


Publicada:  4 enero 2012
Jesús Gaytán con copias de la denuncia que interpuso en 2011
Jesús Gaytán con copias de la denuncia que interpuso en 2011 Ver fotos(1)
Un año después de que interpuso una denuncia judicial por despojo de tierras, que está en el congelador burocrático, Jesús Arcadio Gaytán Toledo resume su estado de ánimo: "Me da coraje, mucho coraje, un fraude así".

"Las tierras son mías. ¿Por qué me las quitan?", añade.

Ayer publicamos que el señor Gaytán Toledo acusa a Gaspar Honorio Ortega Coronado, tío de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, de despojarlo de diez de las catorce hectáreas que posee en Dzemul.

El acusado es uno de los tres hermanos Ortega Coronado que vendieron a la jefa del Ejecutivo el 75% del tablaje "Paraíso", que ocupa una superficie de 1,706 hectáreas. La extensión a que se refiere la denuncia no forma parte de ese predio.

A continuación ofrecemos más detalles del relato de Jesús Gaytán, quien este mes cumple 87 años de edad:

-En los años 90 compró un casco y dos terrenos más, que estaban intestados, pero luego fueron regularizados. Hizo la transacción con Pedro Susano Pech Gómez y en actas catastrales de esa época se puede ver que las tierras abarcaban un total de 14 hectáreas.

-En enero de 2011 observó que varias partes de sus terrenos estaban cercadas con alambre, con formación de parcelas. En otro punto alguien había movido las piedras de la albarrada.

-Una persona a quien nunca había visto le dijo que las barreras fueron instaladas por órdenes de Gaspar Honorio Ortega. Éste le indicó después que las tierras eran de su propiedad y, como no llegaban a un acuerdo, Jesús Gaytán se atrevió a retarlo a golpes -son casi de la misma edad- y le dijo: "Si me ganas como hombre, te dejo los terrenos". La situación no pasó a más gracias a la intervención de la esposa de Ortega Coronado.

-Los perjuicios continuaron, porque ganado bovino del invasor dañaron plantíos del denunciante. Las quejas fueron infructuosas, porque la situación no se arreglaba. Finalmente, Gaspar Ortega le indicó: "Haz lo que quieras".

-Con la ayuda de un sobrino que es abogado, el señor Gaytán se percató de que los documentos catastrales de sus tierras, incluso el mapa, habían sido alterados para "recortarle" diez hectáreas.

-Interpuso una denuncia en el Ministerio Público, que quedó registrada con el expediente 53/2011, pero nada se hizo en un año.- A.N.E.
 

Tema: Gobierno del Estado 
En contexto:
La controversia

Problemática

Jesús Arcadio Gaytán teme que se haya falsificado su firma, como alegan ejidatarios de Dzemul en el caso del tablaje "Paraíso", que ahora es propiedad de la gobernadora Ivonne Ortega.

Demanda

"Gaspar Ortega es mañoso... Yo sólo quiero justicia", dice

Presunto despojo de tierra

26 noviembre 2011
Noticias de Yucatán

 (tráfico, trafico de tierras, despojo)


Hablan ejidatarios de Caucel de una donación indebida 
Publicada:  26 noviembre 2011
Ejidatarios y sus familiares de Caucel, en una protesta ayer
Ejidatarios y sus familiares de Caucel, en una protesta ayer Ver fotos(1)
Unas cincuenta personas, entre ejidatarios y sus familiares de la comisaría de Caucel, bloquearon el acceso al fraccionamiento Residencial Santa Fe segunda etapa en Ciudad Caucel, en protesta por el presunto despojo de 20 hectáreas.

José Bernardo Pech Muñoz, comisario ejidal de Caucel, señaló que la queja es porque la empresa Promotora Residencial donó nueve predios al ayuntamiento de Mérida, los cuales pertenecen al ejido.

El comisario ejidal dijo que esos terrenos que aceptó el ayuntamiento en donación están dentro de 11 hectáreas que se encuentran en pleito legal entre los ejidatarios y la Promotora Residencial.

Los manifestantes, apoyados con mantas y pancartas, bloquearon el acceso al fraccionamiento dos horas y media. Anticiparon que el domingo continuarán las protestas
.

Darán batalla a la Comuna campesinos

18 noviembre 2011
Noticias de Yucatán

 (campo, abuso, agandalle, despojo, denuncia)


Campesinos no permitirán que les quiten sus tierras 
Publicada:  18 noviembre 2011
Ejidatarios de Caucel realizarán hoy, a las 10 horas, un plantón contra el Ayuntamiento de Mérida porque aceptó la donación de 10 predios que están en litigio en el Tribunal Unitario Agrario.

El comisariado ejidal de Caucel, Bernardo Pech Muñoz, informó que los campesinos se concentrarán en la avenida principal de esa comisaría meridana para denunciar la maniobra política entre la Comuna, que encabeza la arquitecta Angélica Araujo Lara, y la empresa inmobiliaria Curator, a la que acusaron de despojo de las tierras porque las invadió sin autorización del Ejido.

"Ya conseguimos el documento donde Industrias Curator transfiere los predios que invadió", indicó Pech Muñoz. "Esta operación no es más que una forma de legalizar el despojo a los campesinos de Caucel".

El Cabildo meridano aprobó por mayoría el 12 de octubre pasado la donación de 10 predios de un desarrollo residencial, aún cuando esos terrenos forman parte de un juicio agrario en el Tribunal Unitario No. 34 y tienen restricciones legales.

El valor catastral de los 10 lotes es de $7.7 millones.

El enfrentamiento legal entre el grupo de Pech Muñoz y el grupo que apoya a la constructora acentúo la división entre los campesinos.

Pech Muñoz enfrenta una demanda penal por presunto robo de $750 a cada campesino y sus opositores promueven su destitución, pero el Tribunal Agrario rechazó la solicitud.

El grupo reclama el pago de 36 hectáreas invadidas por el Instituto de Vivienda y otras 11 hectáreas tomadas sin permiso por la empresa.

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