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Un turista murió electrocutado en hotel de Yucatán; gobierno estatal protege al propietario

10 marzo 2017
El 22 de abril de 2014, el turista José Guillermo Ascencio Lara –universitario de 18 años– murió electrocutado en el hotel donde se hospedaba, el Embajadores del Mar, ubicado en el municipio de Progreso, Yucatán, se informa en la revista Animal Político.
Para el momento en que este fallecimiento se reportó, este hotel pertenecía a uno de los empresarios más influyentes del estado, Héctor José Navarrete Muñoz, director de la cadena de aeropuertos Asur.
Según la autopsia realizada por la Fiscalía del estado, José Guillermo murió por “fibrilación ventricular”, provocada por un “choque eléctrico” cuya intensidad osciló entre los 10 y los 120 wats (es decir, una descarga de baja tensión, que le provocó un paro cardiaco).
Tal como consta en los peritajes realizados en el hotel Embajadores del Mar, el cuarto en el que este joven turista fue hospedado presentaba electrificación de muros y piso, a causa de una instalación eléctrica deficiente y, de hecho, se tomó registro fotográfico del punto en la pared del balcón desde donde salió la descarga eléctrica que le quitó la vida, así como de las anomalías del sistema eléctrico del inmueble.
Todas estas evidencias fueron integradas al expediente del caso, sin embargo, a la hora de presentar resultados, las autoridades estatales difundieron una versión de los hechos distinta a la que las pruebas indicaban: oficialmente, la versión de las autoridades fue que José Guillermo había tocado los cables de alta tensión que pasaban frente al balcón de su recámara, y que fue por su culpa que perdió la vida.
No obstante, al fabricar esa versión de los hechos, las autoridades de Yucatán y el propietario del hotel no contemplaron un detalle: que el padre del joven José Guillermo Ascencio Lara es un experto en líneas eléctricas de alta y baja tensión, con 30 años de experiencia trabajando para la Comisión Federal de Electricidad.
Es decir, afirma don José Luis en entrevista, que “a mi no me pudieron engañar”.

Celia Rivas encubre a alcaldesa priista de Acanceh por muerte de un niño electrocutado

15 junio 2016
La presidenta del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, y diputados del PRI, se opusieron a que se discutiera el tema de la muerte de un menor en Acanceh por supuesta negligencia de la autoridad municipal por considerarlo ‘político’.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Legislativo, Beatriz Zavala Peniche, afirmó que es necesario que la alcaldesa de esa demarcación, Guadalupe Zapata González, explique a la ciudadanía por qué un niño muere electrocutado en un parque que es responsabilidad del Ayuntamiento.
En días pasados, la panista declaró: ‘Creo que sería bueno que la presidenta municipal pudiera explicar lo que pasó a los ciudadanos, a través de los diputados. En este caso, por una comisión que presido’.
Sin embargo, esto no ocurrió porque la presidenta municipal de Acanceh no asistió al trabajo del órgano legislativo, y los legisladores de Nueva Alianza, Marbellino Burgos Narváez, y del PRI, Celia Rivas encararon a la panista para decirle que no está facultada para llamar a los alcaldes.
La presidenta de la comisión argumentó que el desarrollo social de los municipios es un tema que tiene que ver con el órgano que preside y por ello está facultad para llamar a los ediles, lo cual rechazaron los demás. La Verdad.

La Codehy "encubre al Ejecutivo" - debe renunciar

08 noviembre 2011
Noticias de Yucatán

 (derechos humanos, encubrimiento, paleros, complicidad, túnel)


Deben destituir al presidente de la Codhey, afirman 
Publicada:  8 noviembre 2011
La manta que fue colgada el viernes 4 en el paso peatonal del túnel de Montejo, bautizado como "Glorieta 4 de julio" por un grupo de ciudadanos Ver fotos(1)
  Un informe que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) envió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados relacionado con la golpiza en la glorieta de Montejo, confirma que el organismo local exonera a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco por no haber enviado a la policía estatal a detener la agresión.

  No obstante que la Codhey indica, en su oficio 904/2011, que recibió un audio donde la titulardel Ejecutivo admite su responsabilidad por no ordenar la intervención de la fuerza pública, ese organismo dice que "al analizar dicha declaración se puede observar que este hecho no puede considerarse como una violación a los derechos humanos por parte de dicha servidora pública".

  La Codhey, sin embargo, sí responsabiliza de la omisión al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, pues "es quien debió enviar las fuerzas públicas (sic) al lugar de los hechos para salvaguardar el orden público, circunstancia que no realizó dicho servidor público...".

En un siguiente párrafo, la "Comisión Protectora de los Derechos Humanos" reitera que "no encontró elementos de prueba suficientes que hagan posible la calificación de la queja en contra de la C. gobernadora constitucional del Estado de Yucatán".

  "Es increíble que la Codhey encubra al Ejecutivo, que en vez de girar las recomendaciones correspondientes prefiera cuidarle las espaldas a la gobernadora", deplora la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, quien presentó una denuncia por la golpiza del 4 de julio y el silencio que ha guardado el ombudsman yucateco, Jorge Victoria Maldonado".

"Con base en este informe, vamos a solicitar la destitución del presidente de la Codhey, por ser cómplice de este grave atropello y por su actitud negligente, debe ser removido", indica.- FéLIX UCáN
 

Tema: Derechos Humanos 
En contexto:
La controversia

Cargos por la golpiza Los ciudadanos que fueron agredidos en la glorieta de Montejo acusan a la gobernadora de actos omisorios en la salvaguarda de su seguridad y su integridad física, al no haber ordenado la intervención de la policía estatal para frenar la represión; al Ayuntamiento de Mérida por la prestación indebida de servicio público y violaciones al derecho a la libertad de reunión y asociación y a la Secretaría de Seguridad Pública por prestación indebida de servicio público e insuficiente protección de personas.

Queja directa La consejera de la Codhey, Marisol Canto Ortiz, presentó una queja más contra la gobernadora por actos omisorios de sus obligaciones que señalan los artículos 2 y 55 de la Constitución de Yucatán.

Exonerada La Codhey exculpa a la gobernadora, pero sí responsabiliza al jefe policiaco por no haber enviado a la policía a detener la brutal golpiza.

Escándalo con las bicicletas

12 julio 2010
Noticias de Yucatán

El vehículo estuvo en un polémico lío del cerverismo
12/07/2010

El gobierno de Víctor Cervera Pacheco usó la bicicleta para un programa social que desató un escándalo nacional e internacional por el uso político y comercial de estos vehículos.

Durante su período constitucional Cervera Pacheco repartió cientos de bicicletas en mítines a la clase campesina, obrera y sindical.

Ofreció dichos vehículos a crédito e inicialmente compró miles de bicicletas en el mercado local y nacional. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1999 la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi) denunció que el gobierno de Cervera Pacheco introdujo ilegalmente al país 10,000 bicicletas chinas para su programa social en Yucatán.

Esa denuncia desató un escándalo nacional que derivó en el descubrimiento de un contrabando con complicidad de autoridades federales y la existencia de una bodega rentada en Miami, Florida, donde el gobierno de Yucatán resguardó 5,000 bicicletas asiáticas que fueron sacadas del puerto de Progreso a escondidas porque carecían de permiso de importación.

Al ganar la gubernatura el PAN, Patricio Patrón Laviada mandó investigar en Estados Unidos el paradero de las 5,000 bicicletas ilegales guardadas en Miami y corroboró que sí existían y que el gobierno de Yucatán debía una cuantiosa suma de dinero por la renta de una bodega, cuyo dueño demandó que le pagaran.

Las bicicletas no se recuperaron por su procedencia ilegal y quizás aún permanecen en Miami. El gobierno patricista denunció penalmente al operador financiero de ese programa, el entonces tesorero cerverista Rafael Casellas Fitzmaurice, pero el juez 5o. de Defensa Social, Jorge Andrés Vázquez Juan, desechó la denuncia por peculado y negó la orden de aprehensión contra Casellas Fitzmaurice, quien nunca se presentó físicamente ante el Ministerio Público.

La fiscalía apeló la resolución de Vázquez Juan, pero el Tribunal Superior de Justicia, dirigido por los magistrados priistas Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia y Ligia Cortés Ortega, confirmaron la impunidad de este caso de desvío de recursos.

Casellas Fitzmaurice nunca pudo acreditar la procedencia legal de las bicicletas, dijo que fueron fabricadas en Hong Kong, pero la Anafabi lo desmintió y afirmó que el gobierno las compró en China. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que el gobierno cerverista incurrió en evasión fiscal, pero ni así hubo castigo para los gobernantes priistas.

—Cervera Pacheco repartió 105,000 bicicletas a crédito y no pudo recuperar la inversión —recordó una persona que conoció de cerca este caso y quien omitió su nombre.

Ilegalidad

- Importación El gobierno de Víctor Cervera Pacheco usó la bicicleta como medio para un programa social.

Se ignora su paradero Las bicicletas no se recuperaron por su procedencia ilegal y quizás aún permanecen en Miami.

Sin consecuencias El gobierno patricista denunció penalmente al operador financiero de ese programa, el entonces tesorero cerverista Rafael Casellas Fitzmaurice, pero el juez 5o. de Defensa Social, Jorge Andrés Vázquez Juan, desechó la denuncia.

Unidos por la impunidad La fiscalía apeló la resolución de Vázquez Juan, pero el Tribunal Superior de Justicia, dirigido por los magistrados priistas Ángel Prieto Méndez, Ricardo Ávila Heredia y Ligia Cortés Ortega, confirmaron el fallo de primera instancia.

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