Mostrando las entradas con la etiqueta juzgados. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta juzgados. Mostrar todas las entradas

VIDEO: Ocasiona una persecución al tratar huir de la celda de un juzgado en EE.UU.

07 noviembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy




El pasado 5 de noviembre, un joven de 28 años intentó escapar de una celda de detención en un juzgado de Hamilton (Ohio, Estados Unidos), pero los numerosos agentes de la ley que se encontraban en el edificio lo detuvieron poco después.
Las cámaras de seguridad del recinto grabaron la escapada de Jeffrey Hope por los pasillos del recinto tras salir de una celda en el momento en el que el juez llamó a otro prisionero.
Este fugitivo comenzó a recorrer los pasillos de esas instalaciones oficiales y provocó la movilización de decenas de policías, informa Fox News.
Como el sospechoso se encontraba en "una planta segura" del edificio, la única manera de salir del lugar era a través del juzgado, que en ese momento estaba repleto de oficiales de Policía.
Hope iba a ser juzgado por cinco allanamientos de morada y otros tantos robos. Ahora, se le ha añadido un intento de fuga y tendrá que afrontar todos esos cargos el próximo 15 de noviembre.



Ya está en manos de un juez el sujeto que violó a su hijastra de 10 años en Hunucmá, Yucatán

04 noviembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



El responsable de este vil acto fue llevado ente el juzgado de control de Human, F.C.S. quien se desempeñaba como Director de Protección Civil de Hunucmá, y fue acusado en días anteriores por el delito de violación a su hijastra de 10 años de edad.
La violación sucedió en el municipio de Yucatán, cuando la madre dejó a la menor con su padrastro, pero olvidó algo en la casa y al regresar se encontró con el hombre sin pantalones y con el pene erecto mientras la menor se encontraba en la cama sin ropa.
Cuando el padrastro fue descubierto por la madre de la menor, el pasado 28 de octubre, en Hunucmá, Yucatán, se puso la ropa e intentó suicidarse tomando una botella de cloro. El hombre cayó al suelo y empezó a convulsionar por lo que fue trasladado al hospital; el ex funcionario estuvo internado bajo custodia policiaca.
Sin embargo en la audiencia que se llevó a cabo se informó que esa no era la primera ocasión en que padrastro había intentado abusar de la menor, pues las violaciones comenzaron en marzo el 2017.
Y el 26 de octubre, (dos días antes que lo descubrieran) en la madrugada abusó de la menor y logró violarla.
De acuerdo con la declaración de la menor, el sujeto ya la había violado en dos ocasiones anteriores, la primera vez en marzo del 2017 cuando pasó por ella a la escuela y la llevó a oficinas del Rastro Municipal y ahí abuso de ella.
La juez de control de Umán, Yucatán, Yadira Garrido Colonia le negó la libertad bajo fianza y se le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por 10 meses.

Jueces y magistrados arman frente contra reformas de Morena

27 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy




En los últimos días, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron a crear un frente común para delinear una estrategia de defensa contra las iniciativas de reforma presentadas por Morena, por considerarlas un riesgo a la independencia judicial en caso de promulgarse, para lo cual realizan cabildeo en varios estados del país y con organismos internacionales.
Jueces y magistrados hicieron público su extrañamiento al Poder Legislativo por la ausencia de diálogo para la discusión de las iniciativas que, entre otras cosas, buscan someterlos a controles como el polígrafo, rotarlos cada seis años y reducir sus salarios.
Todo empezó con el anuncio de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, de buscar ejercer mayor control en los procesos de designación de juzgadores, en aras de acabar con los casos de nepotismo y “amiguismo” que han sido denunciados.
Poco a poco, mediante mensajes de WhatsApp, los juzgadores federales corrieron la voz de que era necesaria una estrategia de defensa. Por ello, el 18 de octubre pasado, el magistrado Ricardo Rivas Pérez, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, convocó a sus compañeros a una reunión informativa con un despacho especializado en litigios ante instancias internacionales.
Se trató del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iiresodh), que luego de la reunión del sábado 20 de octubre reconoció que las iniciativas de Morena en el Senado pueden justificarse en nobles intereses de bien común, pero ponen en riesgo el contrapeso que debe ejercer el PJF y podrían terminar socavando sus cimientos.
El primer paso. Integrantes del PJF consultados por EL UNIVERSAL y que prefirieron no se citaran sus nombres, dijeron que la reunión fue un primer paso y que esperan que con un reconocimiento internacional de la vulneración de la independencia judicial y de sus derechos adquiridos y consagrados en la Constitución, la reforma pueda ser frenada.
“No sólo nosotros nos vemos afectados de manera personal, el justiciable también puede resultar afectado, porque si no se le garantiza que los jueces o magistrados actuarán de manera independiente, ni siquiera van a acudir con nosotros porque generará desconfianza”, dijo una de las fuentes.
“¿Cómo se garantiza la independencia? Respetando la carrera judicial, la estabilidad salarial que hasta ahora está en la Constitución, no haciendo las cosas así”, afirmó.
Uno de ellos explicó que mientras no exista una reforma promulgada, el PJF está atado de manos para tomar acciones concretas como la promoción de amparos, razón por la que es necesaria la intervención internacional para que, de existir una reestructuración, sea conforme a los principios generales del Derecho.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el ingreso suficiente, la certeza en las adscripciones y la inamovilidad en los cargos de los juzgadores son condiciones mínimas para salvaguardar su seguridad y garantizar el papel de contrapeso que los poderes judiciales deben desempeñar en los Estados democráticos.
El 23 de octubre, Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional, en la que establece reducir los salarios de los integrantes del PJF y controlar el funcionamiento y designación de los titulares en los Poderes Judiciales locales.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, ordenó integrar una comisión interdisciplinaria para que los jueces y magistrados sean escuchados y sus puntos de vista serán llevados a los representantes de los otros poderes para  “entablar un intercambio respetuoso que permita el fortalecimiento del PJF, sin comprometer su independencia”.
¿Qué puede ocurrir? Para la reducción salarial a los integrantes del PJF, el Presidente de la República debía hacerlo mediante la promulgación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esa ley debió quedar lista antes del 13 de octubre pasado, pero continúa estancada en la Presidencia.
De promulgarse e incluir la reducción salarial a jueces, magistrados, consejeros y ministros, se convertiría en una ley anticonstitucional.
Esto, debido a que el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces de Distrito, magistrados de Circuito, Consejeros de la Judicatura Federal y ministros de la Corte no podrán ser disminuidos durante su encargo.

Capacita Poder Judicial a aspirantes a jueces de paz

14 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Aspirantes a jueces de paz de 55 municipios del estado iniciaron hoy en el Poder Judicial del Estado un curso de capacitación en temas de justicia civil y familiar para el óptimo desempeño de sus funciones, en caso de llegar a ser nombrados en esa responsabilidad, que implica conocer de algunos asuntos mercantiles y familiares en poblaciones donde no hay juzgados de primera instancia.
El Consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo, exhortó a los aspirantes, quienes por ley son propuestos por los presidentes municipales de cada población, a conducirse en apego a la ética y conducta que rige a todos los integrantes del Poder Judicial y estar conscientes de la enorme responsabilidad que implica estar en una posición en la que deben evitar el abuso del poder y, por el contrario, servir a los ciudadanos con eficacia y en apego a la ley.
Cabe apuntar que los jueces de paz, de acuerdo con la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, pueden conocer, en sus municipios, asuntos civiles cuya cuantía no exceda doscientas veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida y en municipios de hasta cinco mil habitantes; y quinientas veces el salario mínimo en municipios de más de cinco mil habitantes. Igualmente pueden conocer de asuntos que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y actuar como conciliadores en los asuntos que lo requieran.
La actividad del juez de paz también está regulada en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán que en su artículo 184 los señala como órgano competente de justicia municipal y les reconoce las atribuciones que tienen en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás ordenamientos aplicables.
De acuerdo con este marco legal, los jueces de Paz son nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán a propuesta del Presidente Municipal, quien debe presentar una lista de tres personas que cumplan con los requisitos de ley.
Entre otras atribuciones, el juez de paz funge como un difusor de la cultura jurídica y el estado de derecho al informar y orientar a las partes sobre la justicia alternativa y sus ventajas como forma de solución de controversias, debiendo canalizar a las partes con las instituciones públicas o privadas especializadas para ello.
Si el juez de paz fuere mediador no podrá ejercer la mediación durante el tiempo que dure su encargo, pero si podrá utilizar la conciliación y hacer propuestas a las partes, en los mismos términos y reglas que señala la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán, debiendo ser ratificado el acuerdo o convenio que se firme ante el Centro Estatal de Solución de Controversias.
No obstante, estos jueces están limitados para mediar o conciliar en asuntos de carácter penal donde sólo aplica a jurisdicción de los jueces penales de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Tampoco lo podrá hacer en civil o familiar, cuando se ponga en riesgo el interés superior de los menores de edad, los derechos de las personas con capacidades especiales o cuando se trate de asuntos de violencia familiar.
Algunos de los temas que se abordarán en la jornada de capacitación de hoy son: Organización y Código de Ética del Poder Judicial; Derecho Familiar; Mediación y conciliación; Ley de transparencia e información pública; Derechos Humanos; Derecho civil; Ley Nacional del Sistema integral de Justicia para Adolescentes y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, temas que serán impartidos por jueces, consejeros y personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.

Reunión nacional de juzgadores en Mérida

23 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Independencia judicial, autonomía presupuestal y constante capacitación son los elementos principales para fortalecer las judicaturas locales y con ello alcanzar la impartición de justicia que México requiere, coincidieron en señalar hoy aquí los más altos representantes de los órganos impartidores de justicia a nivel federal y estatal, quienes resaltaron la valiosa, profesional labor que realizan los juzgadores en todo el país.
Lo anterior se puso de relevancia en el panel “La Justicia que México requiere”, en el marco de la XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) que se celebró este día en la capital yucateca y que contó con la presencia de más de 300 jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas, magistrados, consejeras y consejeros de judicaturas del ámbito local y federal.
Momentos antes, en la ceremonia de inauguración de dicho evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán y anfitrión del evento, Magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal, reconoció que “el México actual vive una etapa de grandes cambios en todos los escenarios” los cuales traen aparejados visibles oportunidades, “retos formidables para la justicia mexicana” que son “una inmejorable ocasión para contar con los elementos normativos y organizacionales que nos permitan responder las altas expectativas que los mexicanos tenemos”.
“Hoy es tiempo de riesgo y esperanza para la justicia mexicana”, aseguró el magistrado Celis Quintal.
Reconoció al Gobernador Rolando Zapata Bello “por el respaldo, voluntad de coordinación y sobre todo, el respeto irrestricto al Poder Judicial de Yucatán” por lo que hoy tenemos, dijo, un Poder Judicial cada vez más fuerte y autónomo.
Por su parte, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró en su mensaje que México requiere, hoy más que nunca, seguridad jurídica que derive de una impartición de justicia regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia “tal como lo ordena nuestra Ley Fundamental”.
Consideró que las decisiones judiciales son también fuente del desarrollo democrático del país. “En cada sentencia emitida por un Juzgado, por un Tribunal, se escribe una parte del presente y el futuro de México. Porque, en suma, también construimos la democracia”, apuntó el presidente de la Corte.
En su oportunidad, el gobernador Constitucional del Estado de Yucatán Rolando Zapata Bello, habló de su convicción y la visión de que el Estado de Derecho “es la herramienta y el instrumento más sólido para que una sociedad pueda vivir en armonía, para que en una sociedad se puedan resolver los conflictos y cada quien pueda percibir lo que le corresponde y, de esa manera, avanzar”.
El gobernador resaltó que los impartidores de justicia requieren el apoyo y respaldo de todos los actores políticos y sociales. “Cada una de las personas que integramos la sociedad mexicana podemos, desde nuestros espacios de responsabilidad, contribuir con este importantísimo objetivo”, dijo.
Luego de la inauguración se dio paso a la mesa panel “La Justicia que México Requiere”, moderada  por el magistrado Celis Quintal y en la que también participaron el presidente de la Corte Ministro Aguilar Morales;  el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza; la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine M. Otálora Malassis; la Ministra Margarita Luna Ramos y los Ministros, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek y Jorge Pardo Rebolledo.
Entre los temas que se debatieron estuvo el de los principales obstáculos que enfrentan los juzgadores para alcanzar las mejoras que la sociedad requiere y qué cambios requieren los tribunales del país para que la sociedad mexicana tenga más confianza en su labor.
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que la demanda de justicia va en aumento y la respuesta a esta demanda es cada vez más compleja, plantea nuevos retos y requiere constante capacitación de los impartidores para resolver los nuevos planteamientos que se van generando con los cambios sociales.
En su oportunidad el ministro Pardo Rebolledo destacó que la justicia es un reto que se renueva cotidianamente y por ello todos los impartidores de justicia deben actualizarse y reconoció el papel de la AMIJ como punto de reunión de los impartidores de justicia para alcanzar una homologación de criterios.
El ministro Laynez Positek apuntó la necesidad de fortalecer la autonomía de los órganos impartidores de justicia principalmente de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, puesto que son el primer contacto de la sociedad con la impartición de justicia.
En su momento, la ministra Luna Ramos apuntó que la justicia va a la par con los cambios que la sociedad tiene, puesto que las sociedades son dinámicas y por ello el derecho debe de ir evolucionando.  La ministra reconoció que el papel del juzgador es un papel complicado debido a que la parte que no resultó favorecida automáticamente culpa al juez.
Por su parte el Magistrado Medina Peñaloza refirió que las judicaturas locales hacen todo lo posible para poder impartir justicia, sin embargo, reconoció que no se cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo, ya que, en promedio, los poderes judiciales locales solo cuentan con 1.3 por ciento del presupuesto de los Estados.
El ministro presidente de la SCJN Aguilar Morales señaló que todos los juzgadores se encuentran comprometidos con una mejor impartición de justicia y resaltó el trabajo que los jueces de todos los fueros y ramas realizan cotidianamente y que la sociedad ignora.
“Estoy orgulloso de cada uno de los juzgadores de nuestro país” apuntó
Todos los panelistas coincidieron en resaltar que el aumento en presupuesto para los Poderes Judiciales también ayudaría a la implementación de mejoras tecnológicas que hagan la atención más expedita, incluso a través de servicios en línea.

Preocupa agresión impune de un juez a jueza en Ciudad Juárez

01 agosto 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Ciudad Juárez.- El Instituto Chihuahuense de las Mujeres solicita al Congreso del Estado y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que investiguen y en su caso sancionen la actuación de Guillermo Gómez Cortés, quien fue suspendido como Juez de Control por violentar a una hermana y ahora aparece en un video agrediendo a la jueza Manuela Terrazas.

De acuerdo a lo que se percibe en el video, Gómez Cortés fue desalojado de una audiencia que presidía la jueza porque ella consideró que la estaba agrediendo cuando él actuaba en calidad de abogado.

Al Instituto le preocupa que no esté concluido el proceso que instrumentó el Consejo de la Judicatura en contra de Gómez Cortés por violentar a su hermana, debido a que el Congreso del Estado no ha definido el fuero que conserva como Juez de Control.

Y le preocupa también que una jueza sea agredida en sus funciones sin que haya la investigación correspondiente.

El Instituto considera que las autoridades de todos los niveles deben actuar con rapidez y con responsabilidad para investigar y sancionar a funcionarios y funcionarias que afectan la integridad de las mujeres.

También considera que todas las instituciones deben incluir la capacitación intensiva para que el funcionariado actúe con visión de género como lo indican las leyes locales, nacionales y también los lineamientos internacionales.

Ventilan públicamente un litigio familiar y acusan a la Fiscalía de permitir “influencias”

09 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Un caso de los cientos o quizá miles que se ventilan en los juzgados, que por la delicadeza de los mismos se mantienen en sigilo, es decir en privado, en donde se desata una lucha entre los padres por la custodia de los hijos, que ahora se expone de manera pública.
El caso se hizo público y nosotros lo retomamos con la única intención de generar reflexión ante la opinión pública sobre este tipo de asuntos.
¿Es correcto que un abogado “litigue” en los medios? No afirmamos, sólo cuestionamos.
Es importante leer todo el texto del caso o ver completo al vídeo –la liga esta al final- antes de opinar.
Se trata de una entrevista que tuvieron la presunta afectada, el padre y el abogado de esta con José Luis Preciado:

El texto es el siguiente:

Soy Mónica Palma Rivero y llevo 8 años de casada con el contador Manuel Alejandro Vallado Arjona, desde el inicio del matrimonio he sufrido una violencia psicológica, económica e incluso hasta física.
Vengo a pedir ayuda, vengo a denunciar, que se me haga justicia porque estoy tratando de llevar un medio legal y me he encontrado traba tras traba, por el poder e influencia que tiene mi actual esposo en compañía de su madrastra la notaria Landy Leticia Ortega Lizama y su padre el notario Manuel Vallado Castilla.
Junto con la Fiscalía yo he intentado hacer todo legalmente, paso por paso, como se debe de actuar y –insistió- lo único que encuentro son trabas, mentiras, alegando denuncias de cosas que yo jamás hice.
Y yo lo único que he sido durante ocho años es la mejor esposa y la mejor mamá del mundo, pero incluso me están acusando de maltrato a mis propios hijos.
La denuncia la puse hace como tres semanas.

Efraín Encalada Burgos, quien está acostumbrado a litigar ante los medios para presionar a los tribunales o cualquier otra autoridad, declaró:
“Yo exhorto al fiscal a que se actúe conforme a derecho y voy a resumir esto. Aquí Mónica pone una denuncia por maltrato, se le dan las medidas de restricción urgentes para que ella siga conservando su domicilio y a sus hijos menores por la misma Fiscalía y posteriormente la otra parte pone una denuncia y ahora están citando a Mónica para que comparezca ante la Fiscalía y llevar a sus hijos para que sean examinados”.
“Pero ya los niños están siendo tratados por un médico y no puede ser que ahora la Fiscalía pretenda victimizar a los niños y a la madre, lo que pedimos es que se haga justicia que se respeten los medios legales y ya nosotros estamos actuando hasta con la justicia federal.

José Enrique Palma, padre de la quejosa, yo apenas me enteró cuando ya la violencia ya ha estallado mucho y ya son ocho años soportando mi pobre hija de este hombre, que ha llegado a los extremos a media noche en una ataque de violencia, bajarla a ella con el niño en los brazos y dejarla a media ciudad en la noche e irse encaprichadamente quien sabe a donde.
Estoy indignado con las autoridades porque no hay eco, estamos viendo nada más que las influencias de y las amistades anteriores de las autoridades como lo es el licenciado Manuel Vallado Castilla, y la otra señora que es su esposa, la madrastra, están tratando de mover todas sus influencias, para que, como siempre, el inocente se quede como culpable y el culpable se quede como inocente”

Otra vez Mónica: ¿Qué piden concretamente? Se le pregunta
Yo sólo quiero el divorcio, vivir en paz, continuar el proceso legal y mis hijos, como debe ser conmigo, porque son una madre sana, entregada, que lo único que he hecho es ser madre.
Ahora él hasta está alegando locura, maltrato cuando nunca he tocado a mis hijos si soy mi mayor tesoro.

Encalada Burgos. ¿Qué procede? Se le pregunta
Lo que ya pedimos ante un juez de lo familiar es que ella tenga la custodia de los menores, que dice la juez las medidas de emergencia y una pensión alimenticia a la forma en que la familia está acostumbrada, debidamente motivado por un juez y también ya solicitamos un amparo contra la Fiscalía por los ataques tan graves, desde que están notificando a ella para que ella se presente.
Y ya exhibimos nosotros por un médico especialista que ella está bajo tratamiento médico –aunque no dijo de qué-.

¿Ha habido algún atentado en contra tuya Mónica?, se le pregunta.
Ahora en sí, no. Sólo es notificación tras notificación que nos damos cuenta que cualquier camino que agarramos me lo obstruyen… No hemos podido seguir el curso porque cualquier cosa hay trabas e influencias de poder.

Encalada Burgos. Lo más importante aquí es que no victimicemos a los niños y los utilicemos como los quiere usar el papá para seguir enfermando…

¿Qué edad tienen los niños?
2 y 5, responde la madre.

Las únicas dudas que nos quedarían son ¿y si fuese cierto lo que dice el padre? No lo estamos afirmando los estamos cuestionando. ¿Tiene o no la Fiscalía la obligación de investigar la otra denuncia? Esperamos que las autoridades cumplan con su obligación de investigar y demostrar que actúan sin presiones o influencias de alguien. 
Lamentablemente los que más pierden aquí son esos pequeños.

Dejamos abierto este espacio para que la otra parte, si lo desea, también pueda exponer su versión.


En Mérida, actuaria fue a notificar a la Santa Rosa y la estropean; 2 son imputados

21 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


El Poder Judicial del Estado de Yucatán informó que dos personas, detenidas en flagrancia, son procesadas en sus juzgados de control por los delitos de daño en propiedad ajena cometido contra servidores públicos; lesiones contra servidores públicos y desobediencia y resistencia de particulares a un mandato de autoridad, todos cometidos en pandilla el pasado 18 de junio del presente en contra de una actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, mientras se desempeñaba en sus labores.

En audiencia oral realizada el día de ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez de control del sistema penal acusatorio y oral, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó como legal la detención de un hombre y una mujer, a quienes los fiscales, en la misma audiencia, imputaron los delitos ya mencionados.

Asimismo, los fiscales solicitaron la imposición de las siguientes medidas cautelares, las cuales fueron aprobadas por el juez: presentación periódica para firma cada 15 días de mes; prohibición de salir del Estado; sometimiento y vigilancia a cargo del Centro Estatal de Medidas Cautelares; la colocación de un brazalete electrónico y la exhibición de una garantía económica de 5,000 pesos para el hombre  y 3,000 pesos en el caso de la mujer.

Conforme al debido proceso y por solicitud de los imputados y su defensa la audiencia de vinculación se celebrará el 26 de junio a las 12:30 horas.

Los  hechos a que se refiere este caso ocurrieron en un domicilio de la colonia Santa Rosa, cuando la actuaria se apersonó para cumplir con la entrega de una notificación a dos mujeres demandadas por la vía ejecutiva mercantil, ante quienes, al llegar al predio, cumplió el protocolo establecido y leyó el acta correspondiente a la demanda en la que se les solicitaba el pago de un adeudo o el señalamiento de bienes para su cobro, así como el emplazamiento para presentarse ante el juzgado correspondiente.

Sin embargo, al momento de notificar a la segunda demandada en el mismo predio, la cual se negó a identificarse y agredió verbalmente a la actuaria, se aproximaron a la funcionaria judicial dos hombres quienes la jalaron del cabello, la tiraron al piso y junto con la mujer notificada continuaron golpeándola, por lo que ésta salió del domicilio para llamar a la policía. Si bien pudo terminar su obligación de informar y entregar la documentación y notificar a ambas demandadas, las personas que la agredieron siguieron amenazándola e incluso destruyeron los documentos oficiales entregados y dos fojas del expediente original.

Al lugar arribaron elementos del sector sur de la policía estatal quienes, ante las visibles amenazas y golpes que seguían profiriendo en contra de la servidora judicial, procedieron a la detención de la pareja y su presentación al Ministerio Público, donde la actuaria agredida presentó la denuncia de hechos.

Se hizo pasar por abogado, cobró $80 mil y ahora es procesado por fraude

01 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy 

Javier H. C. M. se hizo pasar por abogado y cobró la cantidad de 80 mil pesos a una mamá para sacar de la cárcel al hijo de ésta, pero ni siquiera se nombró como defensor y menos realizó alguna diligencia para cumplir su compromiso, por lo que ahora enfrenta un proceso penal por fraude. 

Sin embargo, este pseudo abogado enfrentará el proceso en libertad, pues la juez segundo de control, Blanca Bonilla González, le fijó como medidas cautelares el uso de localizador electrónico, una garantía económica, no salir del Estado, no acercarse a la víctima o su domicilio y estar bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares. 

En la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales expusieron que a finales de marzo de 2012 el hijo de la hoy denunciante fue detenido por el delito de fraude y puesto a disposición del Juzgado Cuarto Penal –sistema mixto- debido a que el expediente es el 536/2012. 

Por medio de la pareja sentimental de su hijo, la ahora denunciante se puso en contacto con el ahora imputado, quien se ostentó como “licenciado en Derecho” y que le cobraría la cantidad de 80 mil pesos y le aseguró que en 72 horas su vástago saldría en libertad y sin antecedentes penales. 

El 1 de abril de ese año se encontraron a las puertas del edificio de los juzgados penales, donde Javier H. le preguntó por la cantidad pactada, a lo que la ahora víctima le dijo que la tenía en su casa, de modo que fueron a su domicilio, donde le entregaron la cantidad de 73 mil pesos en efectivo y minutos después los 7 mil pesos restantes que fueron retirados de un cajero automático del banco HSBC en el barrio de Santiago de la capital yucateca. 

Luego regresaron a los juzgados penales, donde el falso abogado le dijo a la víctima que no podía pasar, ya que solo los licenciados podían hacerlo, de modo que ella se quedó afuera a esperarlo unos 20 minutos. El sujeto le reiteró que su hijo saldría en 72 horas. 

Sin embargo, al trascurrir ese plazo y la mujer no veía resultados, se entrevistó de nueva cuenta con Javier H. en un despacho jurídico ubicado en la calle 62-A entre 37 y 39 del centro de Mérida, donde le volvió a decir que “se estaba trabajando” en el caso de su hijo. 

Al paso de los días y ver que su hijo seguía en la cárcel, la mujer fue al Juzgado Cuarto Penal a preguntar por el caso y le informaron que Javier H. no estaba nombrado en ese expediente y que su vástago era defendido por abogados públicos. 

Por ello, la víctima denunció los hechos ante el Ministerio Público por el delito de fraude en contra de Javier H. C. M. 

En su exposición, los fiscales ofrecieron como datos de prueba los retiros bancarios por la cantidad de 80 mil pesos que se le entregaron al acusado, oficios de la Secretaría de Investigación, Innovación y Eduacion Superior y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en los que se acredita que el acusado no tiene título de Licenciado en Derecho. 

Además, exhibieron copia certificada del expediente 536/2012 del Juzgado Cuarto Penal en el que se indica que el preso es defendido por dos defensoras públicas. 

El pseudo abogado se reservó el derecho de rendir su declaración de los hechos y solicitó la ampliación del término para la resolución de su situación jurídica La juez Blanca Bonilla fijó para el próximo martes 5 la celebración de la audiencia de vinculación. Sipse

En Yucatán, supuesto violador es liberado: mintió una menor y hubo un pésimo peritaje

13 mayo 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Un individuo acusado de abuso sexual fue liberado por la juez Elsy Villanueva Segura, debido a que la denunciante se retractó de la versión de la víctima-su hija de 13 años de edad- y alegó que la menor hizo la acusación para que no descubrieran que faltaba a la escuela.
En la audiencia realizada en la mañana del viernes, la defensa del acusado Mario N. presentó los testimonios de dos peritos, uno de ellos en ginecología y obstetricia, en donde señalan los errores en los cayó el dictamen médico de los forenses de la fiscalía. Consideran que no realizaron con detalle el examen a la menor y sólo se quedaron con los datos superficiales, en los que se demuestra que ella tuvo relaciones sexuales tiempo atrás.
El especialista señaló que de haber profundizado en el dictamen se podrían obtener mayores datos, sin embargo no lo hicieron en tiempo y forma.
La defensa presentó como testigo a la denunciante y madre de la menor, quien se retractó de la versión que obra en la carpeta de investigación, y aseguro que los hechos no sucedieron de esa manera.
Señaló que su hija dio una versión falsa por temor a ser castigada, al descubrir que faltaba mucho a la escuela. También manifestó que el día 3 pasado si estaba con el ahora acusado, pero que éste solo le hizo el favor de llevarla de vuelta a casa y que no se propasó con ella; sin embargo cuando vio llegar a los policías, entró en pánico y dijo que la estaban manoseando y que la habían violado.
Ante esos argumentos la juez Elsy Villanueva Segura ordenó la inmediata libertad de Mario.
El hombre  estaba preso en el Centro de Reinserción Social del Estado, tras decretarse el auto de no vinculación a proceso.
En la causa penal se menciona que en abril, el individuo se encontró con la menor a la que antes había amenazado vía inbox, en Facebook, y la llevó a un “auto hotel”, donde la obligó a sostener relaciones sexuales.
Posteriormente, el jueves 3 de mayo, el sujeto estacionó su camioneta pick up Lobo doble cabina, placas YP-7002-B, en Plaza Kukulcán, por donde sabía que iba a pasar la menor y empleando la violencia moral y física, la subió a la camioneta, donde cometió abusos deshonestos contra ella, pero la adolescente se armó de valor, salió de la camioneta y pidió ayuda. Milenio.

Jueza de Yucatán da beneficios a narcomenudistas que prometieron “portarse bien”

23 abril 2018
Noticias de Yucatán

La juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura concedió la suspensión condicional a proceso un par de narcomenudistas detenidos vendiendo cocaína, “crack” y mariguana en el parque de la colonia Nueva San José Tecoh.
Los beneficiados fueron Charly Alberto Leal Cabañas y Adela Ileana Gamboa Canché, quienes tendrá que residir en un lugar determinado; someterse a la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares; firmar los 5 primeros días de cada mes; llevar un tratamiento médico o psicológico, y tener un trabajo.
También les ordenó aportar, en el lugar donde tomarán su tratamiento contra las adicciones, mil 500 pesos, además de no salir del Estado.
Esta pareja enfrenta el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión con fines de comercio en su connotación de venta del narcótico denominado cannabis y cocaína.
Ambos, trabajaban en una tienda de abarrotes cercana al lugar de los hechos y aprovechaban este hecho para disfrazar su ilícita actividad.
Alrededor de las 9 de la mañana del 12 de marzo pasado, se alertó a la policía, por medio de una denuncia anónima, refiriendo que una pareja acostumbra ubicarse en la calle 169 entre 64 y 66 de esa colonia, para vender drogas, para lo cual llegaban en un Chevy.
Agentes que acudieron a verificar el reporte, corroboraron su veracidad, al encontrar a la pareja efectuando un intercambio de drogas por dinero, con un motociclista, que al notar la presencia de los agentes se retiró.
Al ser cateados, se les encontró en posesión de varias bolsitas con cocaína en polvo, “crack” y mariguana.

Dejan libre a involucrado en mafia inmobiliaria en Yucatán y le ponen brazalete electrónico

Noticias de Yucatán

Amelia Euán Interián y Arthur Antunes Ortiz Carrillo, detenidos el 14 de febrero en flagrancia cuando intentaban vender un terreno que no era suyo, fueron consignados ante la titular del Juzgado Segundo de Control, Ileana Georgina Domínguez Zapata, acusados de uso de documento falso y fraude.
Hasta donde se sabe, éstas serían las primeras detenciones por el caso de la mafia inmobiliaria que opera en Yucatán.
Empero, hace unos días, la jueza cambió las medidas cautelares de Ortiz Carrillo y le permitió salir de la cárcel, con brazalete electrónico y sin abandonar Mérida.
Como hemos publicado, Euán Interián, usando una credencial de elector apócrifa, se hacía pasar como María Elena Gastélum Treviño, la legítima propietaria de un terreno de una hectárea en Cholul. Esa persona, en contubernio con Ortiz Carrillo, ofreció el predio a un corredor que, a su vez, se lo propuso al empresario Gabriel Guzmán Millet, quien mostró interés en comprarlo. Pero el empresario, que conocía a la verdadera dueña del terreno, la alertó y ésta, por su lado, solicitó auxilio policíaco en el 911.
Agentes de la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieron a los defraudadores cuando ya habían firmado una promesa de venta y tenían en su poder $50,000 en efectivo, que Guzmán Millet les había entregado como adelanto.
La Policía le decomisó a Euán Interián los siguientes documentos:
Credencial para votar a nombre de María Elena Gastélum Treviño, expedida por el INE.
Impresión de una constancia de Clave Única de Población a colores, con clave GATES670731MNESRLOO, a nombre de María Elena Gastélum Treviño.
Cédula catastral con un sello original que dice: Ventanilla Única del Catastro, 11 de enero de 2018. Entregados, módulos 4, referente a tablaje catastral 28879 de Cholul, con número de cédula 0005213560, de fecha primero de enero de 2018, el cual tiene anexo un croquis ilustrativo del predio.
Folio electrónico del predio 929833 con sello original del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de fecha 10 de enero de 2018.
Copia fotostática simple de una certificación de datos de matrimonio con número de folio 615131.
A Ortiz Carrillo la Policía le recogió una licencia de conducir del estado de California, a nombre de Ortiz Carrillo Arthur Antunes. Las autoridades, además, decomisaron $50,000 en billetes de $100, que Guzmán Millet les había entregado como adelanto de la compra del predio de Cholul. A ambos se les imputó el delito de fraude en perjuicio de Guzmán Millet y de uso de documento falso en contra de la Sra. Gastélum Treviño, pero sus abogados tramitaron un amparo a su favor.
Hace unos días, la jueza Domínguez Zapata modificó las medidas cautelares impuestas a Ortiz Carrillo.
En lugar de prisión preventiva, ordenó que se le coloque el brazalete de localización electrónica y se le prohíba salir de Mérida, esto debido a que una persona que se identificó como el mejor amigo de Ortiz se comprometió ante la jueza a darle hospedaje en su casa y hacerse responsable de su localización. (Con información de Megamedia).

Denuncian a juez de Puebla por acoso sexual contra joven que hacía su pasantía

18 abril 2018
Noticias de Yucatán

"Ten mucho cuidado con lo que haces y dices, recuerda que tengo los asuntos de tu familia”, es la advertencia que el juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Marco Antonio Mendoza Benítez, le hizo a una joven pasante de Derecho, de 22 años de edad que no cedió al acoso sexual del jurista, quien le pedía que sostuvieran una relación extramarital. A decir de la víctima, el juez cumplió su amenaza y falló en contra de sus familiares en un juicio por un predio; ante tales hechos ya existe una queja ante la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura.
La afectada exige a las autoridades correspondientes que el actuar de Marco Antonio Mendoza Benítez sea investigado y sancionado, pues también se le acusa de ser corrupto y recibir dinero a cambio de una sentencia a favor en los casos que lleva. Ante esta denuncia pública, la declarante hace responsable al juez de cualquier cosa que le pueda suceder a ella o a su familia, ya que ahora incluso teme por su seguridad.
Consta en la queja ya recibida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, que el 11 de septiembre de 2017, Tatiana “N”, de 22 años de edad, llegó al juzgado mixto de Tecamachalco para realizar su pasantía. Ahí, la joven realizaba actividades relacionadas con acuerdos, auxiliar en las inspecciones judiciales, entre otras, teniendo como jefa a la secretaria de Acuerdos del juzgado.
Dos meses después, es decir a principios de noviembre del mismo año, el juez de lo Civil de Tecamachalco, comenzó a hostigarla y acosarla sexualmente.
“A inicios de noviembre, después de mi jornada laboral, fui interceptada en el estacionamiento del juzgado por el juez Marco Antonio Mendoza Benítez, a quien solo conocía de vista ya que no tenía ningún trato directo ni indirecto con él, debido a que la pasante no era de su oficina. Se acercó con la excusa de que quería ‘ponerse a mis órdenes’, me hizo diversas preguntas incluso personales; se ofreció a llevarme a mi casa, no acepté, afortunadamente llevaba mi coche”, recordó la entrevistada por El Sol de Puebla.

AUDIO

Lo anterior, solo fue el principio de semanas de acoso que al final se convirtieron en un asunto de constantes amenazas para Tatiana, quien no aceptó ser la amante de dicho juez.
De acuerdo con la víctima, luego de la breve charla en el estacionamiento, extrañamente, Marco Antonio Mendoza Benítez pasaba por la Oficina de la Secretaria de Acuerdos Par del juzgado, para saludar de manera general; transcurridos seis días de la misma actitud del juez, la secretaria particular del mismo, le informó a Tatiana que el jurista quería hablar con ella.
Tras considerar que era un tema relacionado a su trabajo, la víctima acudió a la oficina de Marco Antonio.
“En cuanto entré a su privado, me invitó a tomar asiento, preguntó nuevamente cómo me estaba yendo en mi jornada laboral y después de una ronda de preguntas relacionadas con el juzgado, me empezó a cuestionar sobre cosas personales. Me hizo mención que había conocido a unos tíos míos y que estos tíos le habían dicho de mi existencia, que estaba muy contento de tenerme en su juzgado, que le daba orgullo poder ayudar a mi familia”, mencionó la declarante, quien aseguró que al sentirse incómoda, decidió salir de la oficina del juez.
Dos días después, la acción del acusado se repitió. “Nuevamente, la secretaria particular del juez me dijo que él quería hablar conmigo; pensé que era en relación de mi trabajo que siempre lo he hecho bien y nunca ha habido queja, pero no. En cuanto llegué se puso de pie y me saludó de beso, tenía aliento alcohólico, me contó que estaba triste porque habían intentado entrar a robar a su casa que tiene en Puebla, que yo era la única persona que le generaba confianza, que su poco consuelo era que acababa de vender esa casa y mandarle dinero a sus hijas que viven en Estados Unidos”, dijo Tatiana.
La situación no paró ahí, ya que a decir de la quejosa, el juez le mencionó que era muy joven y bonita, de esas mujeres que a él le gustaban, por lo que la declarante se levantó para salir del privado del juez, sin embargo, cuando la joven estaba por salir, éste le pidió que sostuvieran una relación extramarital.
“Me dijo que quería que fuera su amante, su novia, su confidente, que él estaba dispuesto a consentirme, quererme, cuidarme y hacerme muchas cositas, que él me daría lo que yo quisiera o me ayudaría en todo”, narró la entrevistada, quien subrayó que aunque en ese instante sintió mucho coraje y rabia por el tipo de propuesta, no le dio una cachetada al juez ya que él tenía más fuerza y posiblemente se haría un escándalo en el juzgado.
No obstante, Tatiana le respondió que ella no era de ese tipo de mujeres y cuando se disponía a salir del privado, él le lanzó una amenaza: “ten mucho cuidado con lo que haces y dices, recuerda que tengo los asuntos de tu familia”. Horas después, según lo asentado en la queja, la secretaria particular del susodicho fue otra vez con la víctima, le dio su celular y le dijo que le hablaban.
“Me vale lo que estés haciendo, te espero en mi casa, vivo en el fraccionamiento Los Condominios, me dio la dirección exacta, a lo cual me sorprendió y me pidió mi número que porque me quería y necesitaba ahí”, declaró Tatiana quien no accedió a las peticiones del señalado, pero además, renunció para tratar de frenar así el acoso del juez.
Tras enterarse de la renuncia de la joven, el juez consiguió su número celular para hacerle algunas llamadas y pedirle que regresara. “Me dijo que regresara, que quería volver a verme y hablarme”, subrayó la agraviada, quien no creyó pertinente interponer algún tipo de queja, hasta el día 5 de abril que sus familiares recibieron la notificación del juicio reivindicatorio en la que se indicaba que el inmueble en disputa, fuera entregado a la contraparte cumpliendo sus amenazas.
En este sentido, Héctor Torres Bravo, tío de la víctima y quien es una de la partes en el mencionado juicio, destacó que a pesar de las solicitudes hechas al juez para que pidiera al juez de lo civil del distrito judicial de Tecali de Herrera, una copia certificada del expediente 119/987 que contenía las pruebas más importantes, a su favor, éste jamás lo hizo por lo que consideran que actuó con dolo ante el rechazo de Tatiana, quien pide se tomen cartas en el asunto ya que se trata de una agresión contra una mujer y realizada por un servidor público encargado de impartir justicia.

Rinde compromiso, Manuel Jesús Soberanis Ramírez, juez de primera Instancia en Yucatán

16 abril 2018
Noticias de Yucatán

El juez de primera instancia, Manuel Jesús Soberanis Ramírez, rindió esta mañana compromiso constitucional para ejercer el cargo por un nuevo período de cuatro años que inicia el día de hoy 16 de abril de 2018 y finalizará el próximo 15 de abril de 2022.
La ceremonia de rendición de compromiso constitucional se realizó esta mañana en la sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia y fue presidida por el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Marcos Alejandro Celis Quintal.
El Magistrado Presidente señaló que es importante que se renueven los compromisos que los juzgadores y juzgadoras tienen con la institución para llegar a mejores sentencias, decisiones que tienen un gran impacto en la sociedad, pues implican decidir sobre la libertad de las personas y sobre el destino de su patrimonio, entre otras cosas. Por ello, dijo, la labor judicial debe guiarse por el profesionalismo, la humanidad y la responsabilidad que implica dicha función en torno a la paz social.
Actualmente, el juez Soberanis Ramírez funge como juez penal del tercer departamento judicial con sede en Valladolid y como juez de control del 5o distrito judicial con sede en esa misma ciudad.
En la ceremonia estuvieron presentes las Consejeras de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida, Silvia Carolina Estrada Gamboa y Melba Angelina Méndez Fernández y el Consejero Luis Jorge Parra Arceo, así como el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Luis Felipe Esperón Villanueva.

En Mérida condenan a padre que "secuestro" a su propio hijo

08 abril 2018
Noticias de Yucatán

El Tribunal Primero de Enjuiciamiento condenó a 1 año de prisión a José Antonio Villanueva Concha, acusado de llevarse a su hijo pese a que no tenía la custodia-
Fue hallado responsable del delito de sustracción de menores, denunciado por Mariana Guillermo-
El sujeto igualmente fue condenado  a pagar una multa de 5 mil pesos, que pueden ser sustituidos por 182 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
También  se le amonestó públicamente; suspendió sus derechos políticos; le otorgaron algunos beneficios, y se le sancionó a la reparación del daño de manera genérica.
El delito de sustracción de menores se castiga con pena de 3 meses a 3 años de prisión y de 10 a 60 días multa.
Sin embargo, cuando se devuelve el menor antes de la etapa intermedia, se le impondrá al infractor hasta una tercera parte de las penas señaladas, es decir, de 1 mes a 2 años de cárcel.
Según el expediente, la pareja estuvo civilmente casada y de su unión procrearon a un niño.
En noviembre del 2015, debido a problemas de violencia con el imputado, la mujer se separó.
Ya separados, Villanueva Concha mantenía contacto con el menor, ya que acudía a buscarlo los viernes a la escuela donde estudiaba y se lo llevaba el fin de semana, devolviéndolo el lunes.
Estuvieron por un tiempo así, hasta que el 15 de enero de 2016, firmaron ante el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Yucatán un convenio, por medio del cual acordaron que era su voluntad disolver su vínculo matrimonial.
En los acuerdos destacaba la custodia del menor, la cual la tendría la madre y habitaría con ella.
El sujeto, ese mismo día, acudió a buscar al menor de edad, como se había acordado, y a las 2 de la tarde llamó a la querellante diciéndole que “ya no volvería a ver a su hijo, ya que no merecía rehacer su vida”, porque como era una mujer separada tendría una conducta licenciosa y no sería un buen ejemplo para el niño. (Formal Prisión)

Se desquita de un robo cortando la oreja a presunto ladrón en Ticul

04 abril 2018
Noticias de Yucatán

Intentó vengar el robo de limones que sufrió su madre y ahora esta en la cárcel, de la que no saldrá tan rápido.
Es la historia de Luis Fernando Góngora González (a) “Pachón”, quien fue vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas, por haberle ‘volado’ parte de la oreja derecha Juan Luis Yah Abán (a) “Balis”, conocido maleante de Ticul,
El juez de control de Tekax, no sólo lo imputó y vinculó a proceso, sino que también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por todo el tiempo que dure el proceso.
Estableció que el cierre de investigación por los hechos que se le acusan sea en dos meses.
Todo inició porque la madre de Góngora González había denunciado a “Balis” por el robo de ocho cajas de limón, valuadas en 500 pesos cada una, en un hurto que cometió en complicidad de unos sujetos apodados “Caballo” y “Tac Tac”.
Luego, el 31 de marzo, alrededor de las 7 de la noche, ‘Balis’ entró a la tienda “América”, ubicada en la calle 42 entre 19 y 21 de la colonia San Enrique, de Ticul.
Detrás entró “Pachón”, llevando en la mano un machete y le exigió a Juan Luis que lo invitara a un cigarro, cosa a la que se negó¡ pues que nada más tenía el que acababa de comprar y estaba fumando.
Como lo que en realidad lo que quería era provocarlo y vengarse por el robo de los limones, “Pachón” le dijo que le diera su cartera, por lo que el otro sujeto le pidió que se calmara, aclarándole que no tenía dinero.
En respuesta, “Pachón” le tiró un tajo con el arma, que apenas pudo esquivar su oponente, pero que le cercenó parte de la oreja derecha. (Con información de Formal Prisión).

Ex artista de cine (pulgarcito) preso en Yucatán, pide su liberación anticipada

Noticias de Yucatán

Tras 15 años preso en el penal de Mérida, ha solicitado su liberación anticipada el hombre que en su niñez diera vida a uno de los personajes cinematográficos más conocidos de México.
En efecto, Cesáreo Quezadas Cubillas pidió a las autoridades que lo dejen libre, pues ha cumplido 15 de los 18 años que le dieron de prisión por abusar sexualmente de sus hijas, delito que él no admite hasta la fecha.
El personificó a “Pulgarcito”, el niño que en el cine de antaño enfrentó al ogro y al Lobo Feroz para proteger a Caperucita Roja
Se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado, acusado de delitos de índole sexual, denunciados por sus ex parejas Claudia Burgos y Beatriz Rojas en agravio de sus hijos, de los que presuntamente abusaba el artista, quien en la actualidad cuenta con 68 años de edad.
Tras retirarse del cine, ya de adulto llegó a Mérida y fijó su residencia en el fraccionamiento Wallis.
Años después, su pareja en turno halló unos videos, en los que supuestamente se apreciaban abusos sexuales a sus hijos, por lo que alertó a quien había sido la pareja anterior del ex actor y ambas presentaron denuncias por los delitos de violación, violación equiparada, estupro, abusos deshonestos y pornografía infantil.
Fue detenido y posteriormente el juez Luis Felipe Santana Sandoval lo halló responsable de algunos de esos cargos, sentenciándolo a 20 años de cárcel.
Su defensa apeló la sanción y el Tribunal Superior de Justicia la incrementó a 23 años y medio., pero luego la justicia federal se la dejó en 18 años 4 meses y 15 días de cárcel.
En días pasados, “Pulgarcito” aprovechó las actividades programadas en el penal con motivo de la Semana Santa y se acercó al director del reclusorio, Francisco Javier Brito Herrera, para reiterar que ha solicitado le otorguen los beneficios de ley y obtener su libertad, toda vez que prácticamente ha compurgado la totalidad de ella.
Durante el proceso, el ex actor insistió en su inocencia y argumentó que fue víctima de una venganza de parte de su ex pareja.
La última palabra la tendrán las autoridades penitenciarias que están facultadas para conceder las liberaciones anticipadas. (Con información de Formal Prisión).

Procesarán penalmente a quien arrolló y lesionó a dos niños y su madre en Los Héroes

02 abril 2018
Noticias de Yucatán

Los magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, constituidos en Tribunal de Alzada, confirmaron por unanimidad el auto de vinculación a proceso dictado por un juez de control en contra de una persona por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida y lesiones (2), ambos cometidos por culpa, por hechos ocurridos el pasado 1 de enero del presente año en la colonia Los Héroes de esta ciudad.
En una audiencia oral realizada en la sede del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva, encargado de la resolución que fue aprobada por los demás integrantes de esta sala Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega y Ricardo de Jesús Avila Heredia, propuso declarar infundados todos los agravios manifestados por la defensa, en razón de que el derecho de defensa del imputado no se transgredió y se respetó en todo momento del debido proceso, además de que el juez valoró debidamente los datos de prueba que la Fiscalía presentó en la audiencia, para llegar a dicha resolución.
El auto de vinculación apelado y confirmado hoy se dictó el pasado 9 de enero del presente en audiencia pública de primera instancia en la que la autoridad judicial resolvió vincular a proceso penal al hoy imputado como probable responsable por hechos que se suscitaron el 1 de enero de este año y en el que dos menores, de 11 y 13 años respectivamente, así como su progenitora, resultaron lesionados por atropellamiento.
Ante esta resolución, el hoy vinculado a proceso a través de su defensa apeló ante el Tribunal de alzada, como segunda instancia, la decisión de la juez de vincularlo a proceso, ya que según sus agravios no se valoraron debidamente los argumentos que su defensa expuso en la audiencia del 9 de enero y se vulneró su derecho de defensa pues no estuvo asistido de su defensor cuando los agentes aprehensores le tomaron muestras fisiológicas de alcoholemia. También alegó que los antecedentes de la investigación que los fiscales presentaron ante la juez en dicha audiencia no fueron suficientes para tener por demostrada su probable participación en los hechos y que el perito de tránsito que llevó a cabo el peritaje no acreditó su experticia. También alegó que en caso de que se le vincule a proceso debe haber una responsabilidad compartida con las hoy víctimas, dado que los menores y su mamá que resultaron lesionados tenían el deber de caminar sobre la acera.
En su proyecto de hoy, el Magistrado Esperón Villanueva declaró infundados los agravios manifestados por la defensa en razón de que el derecho de defensa no se transgredió puesto que la diligencia de extracción de muestras que hicieron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública después de los hechos para determinar si el hoy imputado había ingerido bebidas embriagantes  o se encontraba bajo el efecto de algún estupefaciente, fue con la propia voluntad del detenido de someterse a la toma de muestras y con base en las facultades que les otorga la ley.
El magistrado abundó que conforme a lo establecido en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales los agentes actuaron bajo el mando del Ministerio Público, además de que en este punto no era necesaria la presencia de un abogado defensor,  lo cual sí ocurrió desde que el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, como lo marca la ley.
En cuanto al agravio de que los antecedentes de investigación no fueron suficientes para tener por acreditada la vinculación, el Magistrado Esperón Villanueva propuso que también se declarara infundado, ya que al efectuar el análisis encontró que los datos de prueba valorados por la juez fueron suficientes y convincentes para tener por demostrada la probable participación del imputado en los hechos que dieron origen al proceso penal, de tal suerte que la juez de control sí fundó y motivó su resolución, además de que cumplió con todos los elementos establecidos para dictar un auto de vinculación a proceso.
Unidad de Comunicación Social y Protocolo

Cancelan exámenes para jueces federales… se robaron las respuestas

15 febrero 2018
Noticias de Yucatán

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anuló el Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, al descubrir que la prueba fue robada y estaba a la venta.
En un informe elaborado por el magistrado Salvador Mondragón Reyes, director del Instituto de la Judicatura Federal se alertó al pleno del CJF sobre “la obtención ilegal” (robo) de algunos de los exámenes aplicados a los futuros jueces.
“Dado que lo anterior habría comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el Pleno de este cuerpo colegiado inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar la determinación de suspender el concurso”, aseguró ayer el CJF.
Señaló que el mencionado informe advierte de indicios “de un lucro” de los exámenes sustraídos ilegalmente, “por lo que el CJF actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias”.
Dicho concurso de oposición inicio el 4 de octubre de 2017 cuando el pleno del CJF aprobó las reglas y lineamientos generales para acceder al cargo de juez de Distrito.
De acuerdo con los registros del propio organismo judicial, a dicha oposición se inscribieron 2 mil 628 aspirantes quienes realizaron un primer examen como parte de una primera depuración.
Tras una evaluación automatizado, elaborada el 8 de enero pasado, del total de aspirantes se seleccionó sólo a 91 aspirantes como finalistas del concurso, quienes fueron sometidos a una segunda prueba de evaluación.
Los finalistas elaboraron el examen el 8 de febrero pasado, en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal, ubicado en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
Fue en esta etapa del proceso cuando se descubrió, a través de denuncias anónimas, el robo de las pruebas aplicadas a los aspirantes, las cuales se ofertaron entre los candidatos. Se presume que las pruebas aplicadas en las dos etapas de exámenes fueron robadas previó a su aplicación y ofertadas entre aspirantes.
Por ello, se inició una investigación interna a todo el personal que de alguna manera pudo tener acceso a los exámenes o al sistema de cómputo del propio Instituto para deslindar responsabilidades y sancionar, en su caso, a quienes obtuvieron de forma ilegal la prueba.
Hasta el momento no hay ninguna persona detenida, aunque el CJF reúne las pruebas para que, además de la investigación interna, se formule una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del o los responsables de este hecho ilícito.
Al reconocer este acto de corrupción, el CJF se dijo comprometido con la transparencia y destacó que dejará constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales.

En Mérida, embarazó a su sobrina y ahora estará 12 años en la cárcel

04 febrero 2018
Noticias de Yucatán

Mediante un procedimiento abreviado, Bruno Adiel B. Ch., quien confesó su delito, fue condenado a 11 años de cárcel por haber embarazado a su sobrina de 12 años de edad, a la cual empezó a atacar sexualmente cuando la menor tenía 10 años.
La juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez avaló el acuerdo al que llegaron los defensores del sujeto, los abogados de la familia de la víctima y la Fiscalía General del Estado.
También se impuso a Bruno Adiel, por violación equiparada agravada, 402 días de multa; amonestación pública; suspensión de sus derechos políticos; negaron al acusado los beneficios consistentes en la substitución de sanciones y condena condicional, y se condenó la reparación del daño de manera genérica, para que en ejecución de sentencia, por la vía incidental, se determine el monto a pagar.
El sujeto fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Cuando la menor de edad, de identidad reservada, iba a cumplir 10 años, Bruno Adiel, aprovechándose de la confianza depositada en él por ser su tío, abusó de la niña en el predio donde ambos vivían, ubicado en la colonia Benito Juárez Oriente. Desde ese momento se repitió dicha situación, hasta que cuando la niña cumplió 12 años se embarazó. Fue ahí cuando se descubrieron los abusos. 

Visitas

Opinión

Elecciones

Nota Destacada