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Autoridades yucatecas no comprueban el gasto de más de $2,200 millones: Mayaleaks

24 marzo 2018
Noticias de Yucatán

El Gobierno del Estado, séptimo lugar nacional con más dinero federal sin solventar entre 2012 y 2016, revela la Auditoría Superior de la Federación
Las autoridades yucatecas tienen pendiente de solventar dos mil 271 millones, 800 mil pesos de recursos federales, ejercidos en forma indebida de 2012 a 2016, informa la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta suma forma parte de los 140 mil 338 millones, 600 mil pesos aún sin solventar, atribuidos por ese organismo a 28 gobiernos del PRI en ese periodo.
De esa cantidad, 120 mil 469 millones, 900 mil pesos corresponden a un monto sin aclarar de gasto programable y 19 mil 868 millones, 700 mil pesos de participaciones federales sin solventar, ejercidos únicamente por los gobernadores.
En el caso de Yucatán, en su Informe General de la Cuenta Pública 2016, la ASF dice que de esos dos mil 271 millones, 800 mil pesos, la suma de mil 468 millones, 200 mil pesos son gasto programable sin comprobar, ejercido por el gobierno del estado, algunos ayuntamientos y universidades públicas; y 803 millones, 800 mil pesos son de participaciones federales entregadas al gobierno de Rolando Zapata Bello, que no han sido solventados.
De acuerdo con la ASF, los cinco mandatarios priistas que más acumulan montos sin resolver de gasto programable, junto con los municipales y las universidades públicas, son Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, quien estuvo de diciembre de 2010 a octubre de 2016 (36 mil 266 millones); Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, que estuvieron de abril de 2013 a junio de 2014 (21 mil 13 millones); Eruviel Ávila Villegas del Estado de México, quien estuvo de septiembre 2011 a diciembre 2017 (12 mil 234 millones); Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, quien está desde marzo de 2013 (10 mil 787 millones de pesos); y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, quien estuvo de octubre de 2009 a octubre de 2015 (5 mil 193 millones).
De acuerdo con la ASF, un indicador estratégico que permite valorar, de manera general, la calidad de la gestión de estos recursos es el de monto observado en relación con la cantidad auditada.
SÉPTIMO LUGAR. En su informe, la Auditoría Superior no incluye este indicador para el gasto programable, pero si lo hace con las participaciones federales y coloca al gobierno yucateco en el séptimo lugar nacional, entre los estados con más dinero federal sin solventar, con relación a la muestra auditada.
El monto de las participaciones federales entregadas al gobierno de Zapata Bello, pendientes de solventar, -803.8 millones de pesos- corresponden a 16.1% de la muestra auditada en el periodo de 2012-2016.
Arriba de Yucatán, en los tres primeros lugares de esa lista figuran el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, 2,062.7 millones sin solventar, equivalente a 63.5% de la muestra auditada; el veracruzano Javier Duarte, 7 mil 458.5 millones, 35.7% de la muestra y el neolonés Rodrigo Medina, 5 mil 823 millones igual al 31% de la muestra auditada.
PRINCIPALES PROBLEMAS. La ASF explica que el Gasto Federalizado corresponde a los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios. En 2016, estos recursos representaron el 33.1 por ciento del gasto neto total federal y son transferidos a los gobiernos locales mediante dos componentes: el Gasto Federalizado Programable o transferencias condicionadas en su uso y destino, y las Participaciones Federales, que son de libre administración hacendaria, su destino está previsto en los presupuestos de egresos aprobados por las legislaturas locales, en el caso de los gobiernos de las entidades federativas, y por los cabildos en lo que corresponde a los municipios.
En el caso de los montos sin solventar identificados por la ASF en el periodo 2012-2016, las principales problemáticas detectadas son la falta de documentación comprobatoria del gasto, el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, las retenciones no enteradas a terceros institucionales, sueldos y compensaciones superiores a los tabuladores autorizados y pagos improcedentes o en exceso.- (ML).

Detectan graves anomalías en el Hospital Regional de Alta Especialidad: Mayaleaks

22 noviembre 2017
Noticias de Yucatán
La Secretaría de Salud del gobierno federal ha detectado graves irregularidades en la administración del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), en 2016, a cargo de Rafael Barrera Zoreda, según una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de esa dependencia.
Ese documento revela múltiples anomalías en la adjudicación de los contratos. También evidencia el bajo nivel de productividad del hospital, ya que de sus 138 camas censables únicamente se ocupan en promedio 81, es decir, el 58.7%. Además, tres de los cinco pisos del edificio no se utilizan y solo trabajan seis de los nueve quirófanos. Asimismo, la auditoría muestra una preocupante disminución en los pacientes remitidos por el IMSS e ISSSTE, del 45.3% y 59.8%, respectivamente, en relación con el ejercicio 2015.
Barrera Zoreda llegó al cargo en septiembre de 2014, por el apoyo del gobernador Rolando Zapata Bello. Antes, fungía como director de Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán, que encabeza Jorge Eduardo Mendoza Mézquita.
ANTECEDENTES. En 2015 y 2016 salieron a la luz varias quejas por el desempeño de Barrera Zoreda, principalmente por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios externos, como los de farmacia y hemodiálisis, pero es hasta ahora cuando se publica un informe oficial sobre ese tema y el desempeño de Barrera Zoreda.
El informe, cuya copia conoció Mayaleaks, lo redactó el Órgano Interno de Control de la SSA y lo turno a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos correspondientes.
El HRAEPYse creó en 2006 con el objeto de ofrecer servicios de salud de alta en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero entró en funciones hasta 2008. Se trata de un Hospital Federal de Referencia, es decir, que recibe enfermos remitidos por otros hospitales y cuenta con infraestructura biomédica de alta complejidad y una cartera de 28 especialidades médico quirúrgicas. El año pasado ejerció un presupuesto de 943 millones, 467 mil 500 pesos.
IRREGULARIDADES. Según la auditoría del Órgano Interno de Control (OIC), entre las irregularidades detectadas en el hospital aparecen las siguientes:
. Inconsistencias en los procedimientos de adjudicación por licitación pública, sobre todo en las fechas de realización de las juntas de aclaraciones.
. En los concursos por invitación a cuando menos tres personas, no se evidenciaron las propuestas técnicas y económicas de los licitantes correspondientes a nueve contratos por 7 millones 635 mil 300 pesos.
. En 30 contratos por excepción a licitación pública, por 124 millones 895 mil pesos, no se evidenció la documentación legal y administrativa del proveedor.
. Las solicitudes de requisición de bienes y servicios contratados no estaban firmadas o no se proporcionaron.
. No se acreditaron los supuestos en los que se fundamentó la adjudicación directa por excepción a licitación pública de 16 contratos, por 113 millones, 860 mil 500 pesos.
. Los informes mensuales de las contrataciones, que se enviaron al OIC, no incluyeron los supuestos de excepción en los que se fundamentaron las adjudicaciones directas, además, se consideraron contratos formalizados en meses distintos de los reportados.
. Los informes trimestrales, presentados al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, no consideraron la síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas por adjudicación directa, por monto y por excepción a licitación pública, así como tampoco procedimientos de licitaciones públicas.
. Se observó que 69 contratos y 22 convenios modificatorios, por un monto contratado de 351 millones, 998 mil 800 pesos fueron firmados por personal que no contaba con las atribuciones, de acuerdo con la normativa vigente, o carecían de alguna de las firmas de los participantes.
¿Y LAS GARANTÍAS? Por lo menos 25 contratos y seis pedidos, por los que se erogó un total de 69 millones, 609 mil 500 pesos, no contaron con las garantías de cumplimiento.
. Se encontraron deficiencias en la elaboración de 21 estudios de mercado correspondientes a contratos por 162 millones, 585 mil 900 pesos, principalmente por no considerar la información relativa a las condiciones técnicas de cantidad, calidad y oportunidad de los bienes o servicios que evidencien que no se limitó la libre participación.
. De otros once contratos por 73 millones 178 mil 400 pesos, no se proporcionaron los estudios de mercado.
. Tampoco se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que avale los pagos realizados por la adquisición de bienes y servicios de siete contratos y un convenio modificatorio, por 22 millones, 878 mil 800 pesos. Continuará (ML).


Detectan cuantioso desvío en la delegación de la Sedesol en Yucatán: Mayaleaks

17 abril 2017

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), detectó un desvío de $23,556,900 en la delegación local de esa dependencia, en 2015, cuando la dirigía Luis Borjas Romero, actual secretario de la Juventud del gobierno del estado.
El desvío fue en perjuicio del presupuesto asignado al Programa de Techos Fijos, que beneficia a personas de escasos recursos, dice un informe de ese Órgano, conocido por  Mayaleaks.
Según ese informe, la delegación de la Sedesol en Yucatán no acreditó el destino y aplicación de 1,110 paquetes de láminas de fibrocemento entregadas a cinco ayuntamientos, dentro del programa de Techos Fijos. Tampoco entregó la documentación comprobatoria para sustentar la ejecución de los trabajos en otras viviendas, ni pruebas de una volumetría por 6,909.8 metros cuadrados de instalación de los techos.
La Sedesol falló también en la integración del Padrón de Beneficiarios, ya que no se encontró al 24.7 por ciento de las personas que supuestamente recibió el apoyo.
Este consistía en la entrega de paquetes de láminas de fibrocemento y recursos para su instalación. Las láminas medían, de acuerdo con las especificaciones del Programa, 1.52 metros de largo por 0.975 de ancho y debían ser repartidas en zonas marginadas.
INFORME. La delegación de la Sedesol en Yucatán informó a las autoridades centrales de esa dependencia que repartió los recursos federales del Programa de Techos Fijos en distintos municipios.
El responsable de la delegación en ese tiempo era Borjas Romero, quien llegó a esa dependencia el 10 de febrero de 2013 y renunció el 8 de octubre de 2015, para ocupar la Secretaría de la Juventud.
Cuando el Órgano Interno de Control revisó ese gasto descubrió que la dependencia había informado de la entrega de varios millones de pesos a cinco ayuntamientos -cuyos nombres no se especifican en el informe- para la  compra de la láminas y su colocación, así como otra cantidad solo para la colocación de esas láminas, que en conjunto sumaban $23.556,900.
SAQUEO. El OIC, sin embargo, no encontró pruebas de la  compra e instalación de las láminas en esos cinco ayuntamientos, ni de los gastos de instalación en otros, de modo que denunció los hechos ante la Auditoría Superior de la Federación, que, a su vez, solicitó la reintegración  de esos recursos a la Tesorería de la Federación e inició de un proceso de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de los funcionarios responsables de ese desvío.
Además de Yucatán, otros estados incurrieron en serias irregularidades en la aplicación del programa de Techos Fijos, como son Chiapas, donde se comprobaron desvíos por $33,264,500; Guerrero, por $34,583.000; Oaxaca, por $16,095.700 y Michoacán por $6,588,900.
Fuente: Mayaleaks

Se frustró plan del Ejecutivo local para facilitar apertura de expendios de La Modelo

05 julio 2016
Su frustrado intento de cambiar la ley para facilitar la apertura de expendios, sería parte de los cuantiosos estímulos que ofreció a ese consorcio por la instalación de una planta en Hunucmá, informa Mayaleaks en  nuevo reportaje.
El gobierno del Estado intentó, sin éxito, debido a la presión de la opinión pública, presentar al Congreso una iniciativa para reformar dos leyes que permitan agilizar los permisos para abrir nuevos expendios de licores y cervezas, al parecer como parte de un paquete de medidas de apoyo que habría ofrecido a Grupo Modelo, que construye una fábrica de cerveza en Hunucmá.
Ernesto Herrra Novelo, ex consejero jurídico, presunto autor del “borrador” para cambiar la ley y favorecer a la Modelo.
LA LUCHA POR JUGOSO MERCADO. En 2014, el entonces consejero jurídico del gobierno del Estado, Ernesto Herrera Novelo, actual secretario de Fomento Económico, redactó una iniciativa para modificar la Ley de Salud del Estado de Yucatán y el  Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General, “cuyo borrador, incluso, habría presentado a funcionarios de Grupo Modelo durante las negociaciones para convencerlos de instalar aquí esa nueva planta”, denuncia Luciano Viana Gamboa, socio de la Alianza de Cantineros de Yucatán, una agrupación que reúne a pequeños propietarios de cantinas.
Esa propuesta no solo comprendía la venta a precios preferenciales (hasta ahora no se sabe la cifra exacta) de cientos de hectáreas cerca de Hunucmá —donde en 2006 el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada propuso construir el nuevo aeropuerto de Mérida—, sino también facilitar a ese consorcio el acceso al mercado de consumidores de cerveza en Yucatán, uno de los más jugosos del país.
Nuestro Estado ocupa el primer lugar nacional en consumo per cápita de cerveza, con 80 litros al año, cuando el promedio nacional es de 60 litros, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta.
Yucatán, primer lugar nacional en consumo de cerveza.
AYUDA A LA MODELO. El paquete de estímulos que ofreció el gobierno de Rolando Zapata Bello a Grupo  Modelo consistía precisamente en agilizar los trámites para abrir más expendios de cerveza en el Estado y de restaurantes con licencia de bebidas alcohólicas, “para dominar el mercado yucateco que durante años ha estado en poder de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, rival de Grupo Modelo”, explica Viana Gamboa.
“Borrador” de la iniciativa para modificar la Ley de Salud.
Una parte importante de ese apoyo fue la concesión a Grupo Modelo para vender sus marcas de cerveza en exclusiva en la Feria de Xmatkuil, por 15 años.
El director del Instituto Promotor de Ferias, Juan José Abraham Achach, lo dijo con toda claridad: esa concesión “es como un apoyo por la millonaria inversión que hará ese consorcio cervecero en Yucatán y (…) es parte de una política del gobierno que tiene que ver con el apoyo de quien viene, invierte y desarrolla oportunidades de trabajo para los yucatecos”.
EL MEOLLO DEL ASUNTO. Con relación a la frustrada iniciativa de reformas legales, Viana Gamboa señala que desde hacía varias semanas circula en los medios empresariales relacionadas con el comercio de licores y cervezas, el borrador de esas iniciativas, que personas vinculadas a la competencia de Grupo Modelo filtraron a los medios, como La Jornada Maya.
Este borrador contempla modificaciones sustanciales al artículo 34 del Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en General que actualmente establece que “los expendios de cerveza en envase cerrado y las licorerías deberán estar ubicados a cuando menos 200 metros, en cualquier dirección, de templos, parques recreativos, centros deportivos, centros fabriles, planteles educativos, hospitales y clínicas o entre otro expendio de cerveza en envase cerrado, licorería o cantina”.
La propuesta del gobierno de Zapata Bello es eliminar el último párrafo, que prohíbe poner un expendio cerca de otro.
Empieza la “guerra de la cerveza”
“Este es el meollo del  asunto”, dice Wenceslao Castillo Chan, miembro también de la Alianza de Cantineros. “La propuesta de cambio busca facilitar las cosas a Grupo Modelo en su guerra comercial con la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que desde hace más de quince años acapara las patentes de cantinas, expendios y restaurantes con licencia de bebidas alcohólicas en las principales zonas de Mérida y del interior. Si se aprobaran las reformas, la Modelo podría ponerle una competencia enfrente a cada local de la Cuauhtémoc Moctezuma”, añade  Castillo Chan.
MÉRIDA, UN ESCOLLO. Otro aspecto principal del borrador, dice, se refiere al artículo 14 del mismo Reglamento, con el cual el gobierno pretende liberalizar de tajo la apertura de expendios de licores y cervezas.
Para abrir un establecimiento de este tipo es necesario obtener la determinación sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, cuyo requisito indispensable es tramitar previamente la autorización de uso de suelo de los ayuntamientos, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo.
Según Castillo Chan,  “en el caso de Mérida, los regidores han negado muchas de estas nuevas autorizaciones, sobre todo las solicitadas por Grupo Modelo, a través de su subsidiaria Cervezas Modelo del Sureste, SA de CV, lo que le dificulta enfrentar la competencia con la Cuauhtémoc Moctezuma.
“Por eso ahora el gobierno pretendía eliminar ese requisito —la autorización del uso de suelo con el voto de las dos terceras partes del cabildo—, pero solo en Mérida, donde ese tipo de autorizaciones, según el borrador, estaría a cargo del gobierno del Estado.
De acuerdo con ese documento, el artículo 14 del Reglamento, en su fracción I, quedaría así:
DESCANSO  “La autorización de uso de suelo del inmueble en el que se pretenda instalar el establecimiento, expedido por la autoridad correspondiente y para el caso que el establecimiento se encuentre en municipio distinto al de Mérida, deberá exhibir la anuencia municipal correspondiente; cuando se pretenda expender cerveza en envase cerrado deberán exhibir su anuencia respectiva con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo de que se trate y para todos los casos, acompañarlos con el correspondiente recibo de ingresos municipales”.
NUEVO INTENTO. En otras palabras, cambian las reglas para Mérida, pero no para el interior del Estado, donde todos sabemos que los alcaldes aprueban los usos de suelo sin ninguna restricción y en ocasiones hasta falsificando documentos”, advierte Luciano Viana Gamboa.
 — Ya leímos que el actual consejero jurídico Jorge Esquivel Millet, negó que el gobierno pretenda modificar las leyes para facilitar la instalación de expendios de cerveza. Según él, el borrador filtrado a la prensa es solo una iniciativa que dejaron administraciones anteriores y que Rolando Zapata no piensa retomar.
 — Ya lo veremos  —añade Viana Gamboa—. Las presiones de las cerveceras al gobierno del Estado y a los ayuntamientos son brutales. Para mí que congelarán este borrador, pero antes de que termine el sexenio volverán a sacarlo por otra vía, como, por ejemplo, modificando la Ley de Gobierno de los Municipios. Por eso has que estar muy atentos.

El secretario general del PAN en Yucatán involucrado en los moches: Mayaleaks

01 julio 2016
De acuerdo con nueva publicación Mayaleaks, el actual secretario general del PAN en la directiva de Raúl Paz Alonzo, Miguel Rodríguez Baqueiro, sería otro ex alcalde panista presuntamente beneficiado con la práctica de “los moches” en la adjudicación de contratos de obra pública al empresario Mario Millet Encalada.
Rodríguez Baqueiro, presidente municipal de Tixkokob entre 2012 y 2015, fue el alcalde de ese partido que más recursos de Ramo 23 recibió en el trienio pasado, $59.6 millones, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Ver:http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/mapaRamo23/rep.html?fondo=U128&area=31-012&anio=2015).



Sergio Chan Lugo, ex diputado federal y actual funcionario del Ayuntamiento de Mérida.
Una gran parte de esos recursos fueron gestionados por los ex diputados federales de Acción Nacional, Sergio Chan Lugo y Cinthya Valladares Couoh.
En un informe preliminar de la averiguación iniciada por la red de investigadores de Mayaleaks sobre los “moches” en  el PAN —ya se comenzó otra sobre esta práctica en el PRI y PRD— salió a relucir que Rodríguez Baqueiro entregó por lo menos tres contratos a empresas vinculadas con Millet Encalada, por un monto total de $11,388,949.8
 La adjudicación de esas obras, según la información reunida, está llena de irregularidades, como la desaparición de los contratos, de las propuestas económicas y técnicas y del acta de fallo de las licitaciones, en los archivos del Ayuntamiento de Tixkokob.
Se le llama “moches” a la práctica según la cual los diputados federales de cualquier partido negocian con la Secretaría de Hacienda la asignación extra de recursos federales, principalmente a través del ramo 23, para obras de infraestructura en los municipios. Los legisladores deciden discrecionalmente la lista de los ayuntamientos que beneficiarán, a quienes envían el dinero siempre y cuando acepten entregar las obras a empresarios recomendados por los legisladores.
Estos empresarios, a su vez, entregan su “moche” a los legisladores y alcaldes, mientras ellos se quedan con las ganancias de las obras, la mayoría de las cuales se hace con precios “inflados”.
En el caso de los “moches en Yucatán”, uno de estos empresarios es precisamente Millet Encalada. No es el único, pero sí el más fuerte, según numerosos indicios.

Acta de fallo de la licitación de la construcción de la Casa de la Cultura en Tixkokob, a favor de Mario Millet Encalada.
 OPACIDAD. De acuerdo con los datos recabados, la administración de Rodríguez Baqueiro adjudicó la obra “Construcción de la Casa de la Cultura en Tixkokob”, en abril de 2015, a la compañía Suministros y Mantenimientos Integrales, SA de CV  (Sumainsa), propiedad de Millet Encalada, por un monto de $3,072,271.8.
En el acta de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas de la licitación pública nacional LO-831093976-N1.2015, en poder de Mayaleaks, se asienta que también la empresa Cepgo, SA de CV, presentó una propuesta por una cantidad mucho menor, $2,175,580, aunque el concurso favoreció a Millet Encalada. En el acta del fallo, no se establece, como marca la ley, los motivos para rechazar la propuesta de Cepgo.
Cuando se solicitó a la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública de Tixkokob (Umaip), copia del contrato para la construcción de la Casa de la Cultura, esa Unidad respondió que “luego de una búsqueda exhaustiva, no se encontró documento alguno con esa información”. Es decir, los ciudadanos no pueden conocer los términos de la contratación, las especificaciones de las obras, los plazos, garantías, etcétera.


NEGOCIO FAMILIAR. Un año antes, en abril de 2014, el mismo Rodríguez Baqueiro adjudicó otra obra a una empresa vinculada a Mario Millet. Se trata de la “construcción de pavimentos en calles de la localidad y municipio de Tixkokob”, entregada a Urbanizaciones Mime, SA de CV, propiedad de Ricardo Millet Encalada, hermano de Mario. Ambos trabajan de común acuerdo en la licitación de obras en numerosos municipios.
Rodríguez Baqueiro firmó el contrato 3109301.04.2014/02 —en poder de Mayaleaks—, con esa compañía por $3,417,347, pero en ningún lado se especifica la ubicación de las calles a pavimentar.
De nueva cuenta se solicitó copia de las propuestas técnicas y económicas de la licitación y el acta del fallo de la obra, a la UMAIP,  pero esta respondió que el Ayuntamiento de Tixkokob no guarda ninguno de esos documentos, es decir, no se puede conocer quiénes fueron los otros participantes en la licitación, las posturas que presentaron y los argumentos de la autoridad para descalificarlos.

Propuesta técnica-económica de Construcciones Y’umm Beh, SA de CV, para obras de pavimentación, aprobada por el alcalde de Tixkokob.
PRESTANOMBRES. En octubre de 2014, Rodríguez Baqueiro entregó otra obra de pavimentación a la empresa  Construcciones Y´umm Beh  SA de CV, por  $4,899,331. Aunque esta compañía está a nombre de Lolbé del Carmen Gamboa González, en realidad es parte de la red de empresas de Mario Millet Encalada. Esto se prueba por el hecho de que Ricardo Baas Dzul, que aparece como representante de Yu´um Beh en las actas de recepción y apertura de propuestas de las licitaciones LPN-FOPADEM-HUHI-01/2015 y LPN-FOPADEM-HUHI-01/2015 convocadas por el Ayuntamiento de Huhí, el año pasado, es al mismo tiempo comisario de vigilancia de Suministros y Mantenimientos Integrales, SA de CV, la empresa de Millet Encalada, según la escritura pública número 88, volumen B, libro 67, foja 2, de fecha 20 de febrero de 2003.
 La asignación de esta obra, como las dos anteriores, se hizo en medio de la opacidad. Aquí también, la Umaip determinó la inexistencia del acta de fallo y del contrato respectivo.



Cinthya Valladares, secretaria del Comité Municipal del PAN en Mérida, vinculada también a los “moches”
CONTUBERNIO. De acuerdo con la información recabada por Mayaleaks, las partidas presupuestales de estos contratos fueron gestionadas por Sergio Chan Lugo y Cinthya Valladares Couoh, diputados federales del PAN en el periodo 2012-2015, según reconoció el propio Rodríguez Baqueiro, en el banderazo de inicio de las obras de pavimentación, el 4 de julio de 2014, a la que asistieron los dos legisladores.
En esa ocasión, el alcalde dijo que ellos “gestionaron” los recursos para las obras (Diario de Yucatán, 14 de julio de 2014).
Valladares Couoh es actualmente secretaria general del Comité Directivo Municipal del PAN y Chan Lugo, director de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Mérida.
Esta no es la primera vez que se habla de la participación de Chan Lugo en los “moches”. El ex alcalde panista de Baca, Renán Ceballos Sosa, declaró a Diario de Yucatán que en 2014 autorizó a Sumainsa, la empresa de Millet Encalada, obras de pavimentación por más de dos millones de pesos, por recomendación del entonces diputado federal Chan Lugo, quien le habría informado a Ceballos Sosa que esos recursos se autorizaron gracias a sus gestiones.
En esta ocasión, Chan Lugo también asistió al banderazo y se fotografió junto a una máquina de Sumainsa.

Lo que el gobierno no dice del préstamo para Escudo Yucatán

03 mayo 2016
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En 2013 Rolando Zapata Bello contrató un crédito por más de $317 millones con Banobras, también con el pretexto de “blindar al estado”, pero hasta ahora se desconoce el destino de más de la mitad de ese dinero



En nueva entrega el portal de Mayaleaks informa, con fecha de ayer, que el gobierno de Rolando Zapata Bello contrató un crédito por más de $317 millones con Banobras hace tres años, del que nadie habla ahora, con el mismo pretexto esgrimido para justificar el programa Escudo Yucatán: “blindar al estado” con la compra de cámaras de vigilancia y equipo de seguridad.

Incluso, en la presentación de ese programa, que contempla la autorización de un nuevo crédito por hasta 1,500 millones, para “blindar al estado”, realizado ante el Congreso, ni el secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, responsable de las negociaciones, ni el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, ni mucho menos los diputados, recordaron ese préstamo, ni hablaron del destino del dinero.

Roberto Rodríguez Asaf explica el préstamo para “blindar al Estado” con Escudo Yucatán. ¿Y el crédito del Profise?
Llama la atención que las dos únicas solicitudes de crédito gestionadas por la administración de Zapata Bello estén relacionadas con la adquisición de equipo de seguridad para el “estado más seguro de México”. (La autorización para “adelantar” mil millones de pesos del Fondo de Ampliaciones Múltiples para la remodelación de escuelas, aprobado en diciembre por los legisladores, no es considerada deuda pública por el gobierno del Estado).

Zapata Bello contrató ese crédito de $317,268,611 en abril de 2013 —poniendo como garantía parte de las participaciones federales de Yucatán de las próxima dos décadas—  que le ofreció el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), creado por el presidente Enrique Peña Nieto en 2012 y operado por Banobras a través de un fideicomiso formado exprofeso.

COSTOSOS INTERESES. El crédito se contrató a 20 años con una tasa de interés fija anual de 8.1 por ciento. Esto significa la erogación de $25,688,764 de interés anual de 2013 a 2033, es decir, $513,775,880 a pesos actuales solo de intereses en todo el periodo del préstamo,  a cambio de recibir un poco más de 317 millones.

Rodríguez Asaf, cuando era secretario de Administración y Finanzas, fue el principal impulsor de la contratación de este préstamo. En declaraciones a la prensa (Diario de Yucatán, 14  de enero de 2013), explicó que se trata de una nueva modalidad de financiamiento en la que “el capital  lo paga el gobierno federal”, a través de los recursos asignados al Profise, con los que se adquieren bonos cupón cero a 20 años que, a su vez, se convierten en la fuente de pago principal de los financiamientos.

En otras palabras, añadió Rodríguez Asaf, el gobierno del Estado sólo pagaría los intereses y la Federación, al cabo de los 20 años, el capital.

El funcionario dijo entonces que la tasa de interés oscilaría entre 8 y 8.5% durante 20 años. “Es una tasa razonable y está en el nivel promedio del mercado”, dijo. “Es una ventaja que sean a tasa fija, porque dentro de 20 años el dinero mensual que se pague por ese concepto tendrá un valor real menor, tomando en cuanta un índice de inflación anual promedio en el período de 4%.”

También indicó que para asegurar el pago de los intereses, el gobierno pondría en garantía los recursos que recibe del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas o de otras participaciones federales.

VIEJO PRETEXTO. “Estamos considerando usarlo en infraestructura para blindar al Estado en materia de seguridad, con la instalación de arcos de seguridad y cámaras de vídeo en todos los accesos a Yucatán”, afirmó. “También podríamos invertir una parte en la construcción de salas de juicio oral en decenas de municipios”.

 El gobierno federal creó el Profise en 2012 para financiar acciones de infraestructura, incluyendo seguridad pública y justicia, mediante una aportación de $4,000 millones, que puede crecer hasta en $20,000 millones, para su reparto en las 32 entidades federativas, en forma proporcional a los recursos que reciben del Fondo General de Participaciones.

Parte del crédito del Profise se invirtió en arcos de seguridad y cámaras de vídeo vigilancia en el Periférico, pero no se sabe qué pasó con el resto del dinero.
En 2013, según las declaraciones de Rodríguez Asaf, la mayor parte de los estados ya habían solicitado esos recursos, a excepción de seis o siete, entre ellos Yucatán, a quien el Fondo le asignó más de $300 millones. Si no se usan, dijo, se corre el riesgo de que ese dinero se destine a otras entidades.

CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA.
El gobierno federal encargó a Banobras la definición del esquema de financiamiento del Profise. Este banco creó el fideicomiso 2198, denominado “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad”, mediante el cual puso a disposición de las entidades federativas créditos para la realización de obras de infraestructura, no solo de seguridad y justicia, sino también para usar en infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero o pagar pasivos bancarios o bursátiles por inversiones realizadas en estos rubros.

Hasta donde se sabe, el gobierno estatal ya gastó $136,439,450 —del total de $317,268,611— en la compra de equipo para “blindar a Yucatán con la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Monitoreo y Análisis Inteligente, que prevé la instalación de 26 arcos carreteros dotados en total de 306 cámaras de vídeo vigilancia”, explica un boletín de prensa del gobierno del 13 de octubre de 2013.

El primer arco se instaló en la carretera Mérida-Progreso, a cien metros del paso a desnivel que cruza esa vía y está dotado de once cámaras de vídeo vigilancia. La obra la inauguró el gobernador Rolando Zapata Bello y el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda y allí mismo se informó que los otros 25 arcos con cámaras de vídeo vigilancia se instalarán en los 52 kilómetros del Anillo Periférico y en municipios del interior del Estado.

¿Y EL RESTO DEL PRÉSTAMO? Sin embargo, el gobierno de Yucatán no ha dicho oficialmente en qué ha invertido el resto del préstamo del Profise —$180,829,161—, aunque hay indicios para pensar que una parte pudo haber sido para pagar la instalación y operación del sistema de espionaje Galileo.

El año pasado, Mayaleaks informó que de acuerdo con documentos filtrados a Wikileaks, el gobierno yucateco habría adquirido el  programa “Remote Control System Galileo”, capaz de obtener prácticamente cualquier información almacenada en una computadora, tableta o celular. (http://mayaleaks.org.mx/victor-caballero-en-el-centro-del-escandaloso-caso-de-espionaje/).

Según esa información, el entonces secretario de Gobierno, Víctor  Caballero Durán, se reunió con funcionarios de la empresa Hacking Team, creadora del programa, para contratar su instalación a cambio de una transferencia de 401,788 euros (6.9 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), a través de Grupo Elite, de Tijuana, una empresa intermediaria.

SIN TRANSPARENCIA. Se supone que el programa tiene un costo anual de operación, pero esa cifra no se conoce aún, como tampoco el destino del resto del préstamo de Profise.

Según un estudio de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Esquema de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en Entidades Federativas, con número de identificación 12-0-06100-02-0034 GB-055, el fideicomiso 2198 de Banobras que maneja esos fondos, “tiene una naturaleza jurídica no paraestatal, es decir, no  perteneciente a la Administración Pública Federal y, por lo mismo, no sujeta a la legislación ni a los esquemas de transparencia y rendición de cuentas establecidos para esta última”, por lo que, en otras palabras, resultará a los ciudadanos muy difícil saber qué pasó con ese dinero.

Aparecen más facturas fantasmas pagadas por Esma Bazán

15 abril 2016
Noticias de Yucatán Compartir

Una empresa, al parecer inexistente, cobró $522,000 por café y bocadillos en el Festival Internacional de la Cultura Maya



En la página de Mayaleaks, se hace un nueva denuncia contra el Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY), a cargo de Jorge Esma Bazán, y señala que se ha extendido, al parecer, la práctica de desviar recursos públicos por medio de la compra de facturas de empresas que funcionan solo en el papel.

En los últimos días, han salido a la luz nuevas evidencias de estas prácticas, como es el caso de la factura número 148, expedida por Casa Canuck Realty S. de R.L. de C.V. —una supuesta compañía de bienes raíces— el 25 de noviembre de 2015, por $522,000, que ampara un servicio de café y bocadillos en eventos del Festival Internacional de la Cultura Maya del año pasado, que tiene todos los indicios de ser una factura “fantasma”.

Cheque por $522,000 expedido por la oficina de Esma Bazán por un supuesto servicio de café y bocadillos.
El 5 de abril, Mayaleaks publicó un primer informe sobre la comprobación de gastos en el IHMY, específicamente en el FICMaya 2015, realizados con facturas de empresas o personas físicas con actividad empresarial que no funcionan pero siguen dadas de alta en el sistema fiscal. Es el caso de Jhímer de Jesús Sosa Góngora, un contador de 40 años que se hace pasar como publirrelacionista y representante de artistas, que expidió cuatro facturas por $348,000 por supuestos “servicios de transporte y coordinación en la Ciudad de México” con dependencias públicas vinculadas con la organización del FICMaya 2015, aunque él no tiene oficinas en esa ciudad ni es conocido aquí por esa actividad.

Sosa Góngora cobró también otros $52,200, por concepto de “presentación del músico cubano radicado en Mérida Osmani Collado Martínez, pese a que nadie lo conoce en el gremio de la representación de artistas.

La factura por el café
De acuerdo con nuevas averiguaciones de la red de investigadores de Mayaleaks, la factura 148 de Casa Canuck, en poder de este portal, fue expedida el 22 de octubre de 2015 a favor del IHMY por, dice textualmente, “los servicios de cafetería con bocadillos para 120  personas cada uno, para los eventos del simposio ‘Los mayas y la ciencia’, realizados del 16 a 22 de octubre de 2015 en el Gran Museo de la Cultura Maya”.

 La Oficina de Control Presupuestal del IHMY aceptó esa factura el 27 de octubre y a cambio expidió un cheque por $522,000 a favor de Casa Canuck, firmado por Marco Antonio Hoyos Medrano, administrador general del Instituto y Beatriz Elena Peniche López, directora de Museos y Eventos. El cheque, de Banorte, tiene el número 0002536.

¿CUÁNTO CUESTA UN CAFÉ? Aunque la factura no dice el número de eventos del simposio “Los mayas y la ciencia” que se celebrarían en el Gran Museo, Mayaleaks revisó el programa de actividades del FICMAYA 2015 y encontró 32 eventos de ese simposio previstos en ese museo, en cada uno de los cuales, de acuerdo a lo convenido, Casa Canuck debió de dar café y bocadillos para 120 personas.

Si eso fue así —aunque es imposible comprobar la realización de ese servicio— en cada evento se gastaron $16,312.5 (esa cantidad multiplicada por 32 suma $522,000), lo que también significa que, si dividimos $16,312.5 entre 120, número de personas que recibirían café y bocadillos por evento, este servicio habría costado al erario $135.95, un precio considerado alto.

ML ESMA DOS TEYINN
Documento que prueba que el domicilio fiscal de Casa Canuck está a nombre de otra persona.
Las dudas aumentan cuando además se sabe que el domicilio fiscal de Casa Canuck se encuentra en la calle 22, número 115 de Teya, una población de 2,000 habitantes, ubicada a 70 kilómetros de Mérida. Ese domicilio es un solar de 2,400 metros cuadrados, con una construcción de 138 metros, que no está habilitada como oficina ni como empresa de alimentos y que para la fecha de la expedición de la factura 148 —el  22 de octubre de 2015— ese domicilio ya no pertenecía a Casa Canuck, sino a Flor Nadheisa Soriano Agatón.

RASTROS DE UNA FACTURA “FANTASMA”.  Esta persona, de acuerdo con datos recabados por Mayaleaks, es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en Ciudad de México y compró el predio de Teya a Casa Canuck el 17 de marzo de 2015, en $500,000, según se asienta en el Registro Público de la Propiedad y en la escritura pública número 93, levantada ante el notario Ayisa Golib Ferrón. En esta operación de compra venta, Casa Canuck estuvo representada por el abogado Jorge Eduardo Espejo Peniche.

Casa Canuck adquirió ese mismo predio el 18 de enero de 2012, a José Leopoldo Molina Contreras, por $30,000, de acuerdo también con el Registro Público de la Propiedad, pero aquí la parte compradora estuvo representada por Rika Reichstein, una ciudadana canadiense que vivió unos años en Mérida dedicada a los bienes raíces y que actualmente reside en Ontario.

Lo que queda claro para los investigadores de Mayaleaks es que el domicilio fiscal de Casa Canuck Realty S de R.L. de C.V., es falso, porque ahora está a nombre de otra persona, y que en ese lugar nunca ha funcionado alguna empresa de alimentos.

También queda claro que uno de sus directivos, la Sra. Reichstein, ya no vive en Yucatán, pero no se ocupó de dar de baja en el fisco a la empresa, que ahora estaría en otras manos y seguiría expidiendo facturas por servicios, al parecer, inexistentes, para justificar el desvío de dinero público.

El PAN sigue ocultando información sobre el sueldo de Raúl Paz

10 febrero 2016
En el Partido Acción Nacional en Yucatán se sigue ocultando información sobre el sueldo de su presidente Raúl Paz Alonzo, según el portal Mayaleaks.
Ese sitio web publicó la denuncia del ciudadano Ricardo Pérez Yam en el sentido de que ese partido se niega a entregarle datos sobre los donativos recibidos por el Comité Directivo Estatal y los comités directivos municipales del PAN en el último trimestre de 2015.
Con esa información, dice, podría conocerse si, en efecto, Paz Alonzo cumple con la promesa que hizo como candidato en los comicios internos del PAN el año pasado, para elegir nuevo presidente en Yucatán.
Como hemos publicado, Raúl Paz ofreció que de llegar a ese puesto donaría su sueldo como presidente para reforzar la estructura panista en el interior del Estado.
Ayer publicamos que Carlos Aldana Herrera, coordinador de Seguimiento a Gobiernos de Oposición en la directiva anterior, dijo que si no se aclara el donativo del sueldo de Paz Alonzo “tendremos un caso parecido al de Ivonne Ortega, quien dijo que donaría la mitad de su sueldo de gobernadora a un fondo de becas, pero jamás lo demostró”.
Pérez May, recuerda Mayaleaks, es la misma persona que solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del PAN, el 10 de diciembre de 2015, los recibos de sueldos o copia de la nómina del PAN de septiembre, octubre y noviembre de 2015, información que hasta el momento no recibe.
Según el portal, el mismo 10 de diciembre, Pérez May solicitó al PAN “copia del recibo, transferencia, depósito o cualquier otro documento que contenga la recepción o ingreso de dinero o en especie por concepto de donativo a la tesorería del Comité Directivo Estatal y de los comités directivos municipales de Yucatán del PAN en el periodo del primero de septiembre al 10 de diciembre de 2015”.
De acuerdo con la ley, el PAN debía responder esta solicitud el 29 de diciembre, pero no lo hizo. Ante esta negativa ficta, Pérez May presentó un recurso de inconformidad ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de Yucatán (Inaip), el 3 de enero de 2016, que conminó al PAN a contestar esa solicitud.
El 12 de enero, la Unaip de ese partido resolvió que esa solicitud se refiere a documentos “con información confidencial, en los términos de la fracción V del artículo 17 la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por lo que es procedente clasificarla parcialmente confidencial, realizando una versión pública de la misma y en consecuencia debe ser entregada al solicitante dicha versión pública, en el estado en el que se encuentra, sin que esto incluya su procesamiento, ni presentarlo conforme al interés del solicitante, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 39”.
Aunque el PAN dice que la información está lista, Pérez May, según Mayaleaks, afirma que ya dio cuatro vueltas a las oficinas de ese partido y no le entregan la información por distintos motivos: “Me dicen que aún no está lista, que no le han sacado copias, que no ha llegado la encargada de la Unaip. Las últimas diligencias las realicé el 4 y 5 de febrero”.
“Por lo que veo, esta es una práctica común de los nuevos dirigentes del PAN para cubrir la falta de transparencia en el partido”, añade Pérez May. “Ese partido apuesta a que el ciudadano se canse y muestre desinterés y como saben que hay un plazo para que el ciudadano recoja la información — quince días naturales— juegan a esconderla para luego decir: allá estaba la información pero no le interesó venir”.
PAN Recursos
Más de las acusaciones de falta de transparencia en el PAN yucateco.
Inaip
Una nueva resolución presiona al PAN a publicar la nómina de sus directivos.
Inconformidad
El Inaip emplazó al PAN a entregar la nómina completa o los recibos de pago de su personal al ciudadano Ricardo Pérez May, que lo solicitó a través de la Unidad de Acceso a la Información de ese partido. El Instituto admitió el 26 de enero el recurso de inconformidad que interpuso el 19 de enero, contra la resolución del PAN de entregarle información distinta a la solicitada. En lugar de la nómina y los recibos de pagos, Pérez May recibió un documento llamado “lista de raya”. El Inaip le dio al PAN un plazo para entregar esa información, que vence el día 17.

Gracias a Raúl Paz, ahora resulta que hasta el PRI da más información

02 febrero 2016
El nuevo presidente de Acción Nacional elimina la página web, donde debe publicar los recursos públicos que recibe —casi $30 millones al año— y, además, esconde la nómina del partido
Desde su llegada a la presidencia estatal del PAN, en septiembre del año pasado, el diputado Raúl Paz Alonso, también coordinador de los legisladores de su partido en el Congreso, redujo prácticamente a cero la transparencia en el manejo de los recursos económicos de Acción Nacional, para encubrir, al parecer, el manejo discrecional de casi $30 millones que recibe de financiamiento público.
Paz Alonzo no sólo desapareció la página web del Comité Estatal de ese partido, donde por ley debe publicar el tabulador de sueldos, el nombre de los directivos y el monto de las prerrogativas y cómo se gastan, sino que incluso niega a los ciudadanos información específica sobre la nómina y el pago de sueldos de los dirigentes, que se le solicita a través de la Unidad de Acceso a la Información del PAN.
Una persona, por ejemplo, pidió por ese medio los recibos de nómina del PAN de septiembre a noviembre, pero Paz Alonzo se negó a proporcionarlos, de acuerdo con información en poder de Mayaleaks, que publicará en una siguiente entrega.
Llama la atención esta posición, toda vez que Paz Alonzo, en su campaña por la presidencia del PAN en julio de 2015, prometió en reiteradas ocasiones que de ganar los comicios internos no cobraría su sueldo como presidente del partido, ni tampoco ocuparía la coordinación de los diputados panistas en el Congreso, donde es legislador por la vía plurinominal.
INCONGRUENCIA. Esta falta de transparencia en el manejo de los recursos del PAN en Yucatán no tiene precedentes. En la directiva del presidente anterior existía una página activa, con la información mínima que exige la ley. Pero ahora, el caso es tan grave que hasta el PRI en Yucatán ofrece más información en su página web sobre el manejo de los recursos públicos que recibe.
Además, las denuncias sobre la falta de transparencia en Acción Nacional ocurre a pocos días de que el propio Paz Alonzo y la bancada de su partido en el Congreso presentaran una  iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, supuestamente, busca homologar la legislación estatal con las últimas reformas federales en la materia y ampliar el nivel de información de los sujetos obligados.
Raúl Paz: el nuevo PAN en Yucatán
Esta iniciativa, empero, contrasta con la estrategia de Paz Alonzo para ocultar la información sobre el manejo de los recursos del partido que preside, que empieza con la desaparición prácticamente de la página web de ese partido. Actualmente en la dirección http://panyucatan.org.mx —donde antes había información relevante— ahora solo aparece la convocatoria para la elección de los dirigentes municipales en Mérida y ligas a Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. En todas ellas no hay una sola referencia a la información de transparencia que por ley el PAN debe publicar.
BURLA A LA LEY. El reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y acceso a la información pública, en su artículo 64, establece las obligaciones de transparencia de los partidos políticos. Este precepto afirma que “la información a disposición del público que deben difundir los partidos políticos, a través de su página de Internet y sin que medie petición de parte” es, entre otra, la siguiente:
Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos directivos, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste.
. El directorio de sus órganos nacionales, estatales y municipales.
. Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones.
. Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios.
. Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.
Estas obligaciones están previstas también en el artículo 9 de Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, publica el monto de sus ingresos. Raúl Paz, de Yucatán, no.
NO HAY. En contra de los que sucede en Yucatán, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN cumple con estas disposiciones y las publica en su página de Internet (https://www.pan.org.mx/transparencia). Allí aparece el tabulador actualizado de remuneraciones netas de los funcionarios partidistas, incluyendo el sueldo del presidente Ricardo Anaya Cortés, quien de acuerdo con la página del PAN, tiene asignado un sueldo neto de $124,624.70, “pero por renuncia voluntaria” solo percibe $48,000.
En ese mismo sitio está el directorio actualizado de los dirigentes de Acción Nacional y el monto del financiamiento público que recibe, así como un apartado que ofrece ligas para consultar este mismo tipo de información en los comités estatales y municipales del partido.
Doble cara. Mientras el PAN promueve una iniciativa para mejorar la Ley de Transparencia en el estado, en su estructura interna practica la opacidad.
Todos esos comités cumplen con la ley, a excepción del Comité Estatal de Yucatán. Por ejemplo, en el apartado de “Tabulador de remuneraciones de los funcionarios partidistas y de los que reciben ingresos”, aparece esta leyenda: “no existe información actualmente”.
En el apartado de directorio, el PAN yucateco proporciona el correspondiente a la directiva anterior, no obstante que Paz Alonzo ocupa la presidencia desde hace cinco meses.
HASTA EL PRI ES MEJOR. Lo mismo ocurre con la información respecto al financiamiento público: cero datos, en preocupante contraste con lo que publican, sobre éste y los demás apartados previstos en la ley, los comités estatales del PAN en el resto del país.
Paz Alonzo no informa a los yucatecos ni una línea sobre el monto de las prerrogativas que su partido recibió del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac)  en 2015 que, según información pública de ese organismo, ascendió a $29,992,781, divididos del siguiente modo: $21,778.009, actividades ordinarias; $1,246,299, actividades específicas y $6,510,402, obtención del voto.
La falta de transparencia de Paz Alonzo es tan grave que hasta el Comité Estatal del PRI en Yucatán ofrece más información pública.
En el sitio web de ese partido, por ejemplo, hay una liga a la página del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán —  http://www.pri.transparenciayucatan.org.mx—, donde aparece el tabulador de los  dirigentes priistas actualizado hasta septiembre de 2015.
Allí se informa que el presidente estatal de ese partido, Carlos Pavón Flores, cobra un sueldo neto de $35,000 al mes.

Rolando Zapata entrega “ayuda social” por casi $1 millón a familia de cómicos

12 noviembre 2015
Noticias de Yucatán

Rolando Zapata entrega “ayuda social” por casi un millón de pesos en total, a la pareja de cómicos y a su papá, “Mario III”, su mamá, hermana, sobrino y hasta la esposa y cuñada de “Dzereco”


Mario y Daniel Herrera Casares, mejor conocidos como “Dzereco y Nohoch”, la pareja de cómicos regionales que conduce populares programas en el canal 13 de la televisión oficial, además de sus honorarios como artistas de esa estación, cobran miles de pesos cada año como “ayuda social” del gobierno del Estado, al parecer, sin justificación.

Pero no solo ellos. En esa lista aparecen también el papá de la pareja de cómicos, el igualmente actor, Mario Herrera Flores (“Mario III”), la mamá, Saidy Zulemy del Socorro Casares Puerto, la esposa y la cuñada de “Dzereco”, Astrid del Socorro Tzuc Quiñones e Isis Estrella de Jesús Tzuc Quiñones, respectivamente; la hermana, Saidy Talía de Jesús  Herrera, y hasta el primo, Joaquín Filio Tamayo, Herrera,  hijo de Joaquín Tamayo Aranda, ex director del canal 13.

La otra hermana de los cómicos, Catalina Herrera Casares, también aparece en el presupuesto estatal, pero como directora de Comunicación Social de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

Todos estos miembros de la llamada familia Herrera, “heredera”, dicen ellos, “de la tradición del teatro regional”, siempre han estado cerca del gobierno en turno, particularmente si es del PRI.

¿POR QUÉ? El trabajo y la condición económica de Mario y Daniel Herrera Casares, que encabezan el programa “Las aventuras de Dzereco y Nohoch”, y el de sus familiares, no se encuentra entre los conceptos considerados en la partida 4400 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, que establece que la partida de ayudas sociales  “serán asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales”.

Entre estas asignaciones figuran las destinadas a becas, programas de formación o capacitación, a actividades científicas o académicas  y las acordadas con instituciones de enseñanza y sin fines de lucro y las destinadas a atender a la población por contingencias y desastres naturales, entre otras.

PAGO FIJO. En la definición de conceptos de la partida 4400 se establece que las ayudas sociales “no revisten carácter permanente”, aunque “Dzereco y Nohoch” y sus familiares las reciben desde 2013, a través de varias ministraciones regulares.

Según información oficial, contenida en la “relación de los montos pagados por el Gobierno del Estado por ayudas y subsidios” en 2013, 2014 y primer semestre de 2015, Mario Leopoldo Herrera Casares,  “Dzereco”, de 39 años, recibió en ese lapso un total de $213,528, por concepto de “ayudas sociales”, divido así: $11,028, en 2013; $142,500, en 2014 (en cuatro partidas de $30,000, $45,000, $45,000 y 22,500 cada una) y $60,000 en 2015, a través de un cheque por  esa cantidad.

Su compañero y hermano, Daniel Armando Herrera Casares, “Nohoch”, de 37 años, obtuvo un poco menos: $172,500, en 2014 y 2015.

En el primer año cobró tres cheques, dos por  $45,000 y uno por 22,500, y en 2015, uno por $60,000.

X´MA OFICIO. “Mario III”, quien  conduce el programa “El X’ma oficio”, por su parte, recibió $75,000 en 2014, en dos ministraciones, una por $30,000 y otra por $45,000; y $82,500 en el primer semestre de 2015, en dos partidas, una por $22,5000 y otra por $60,000. En total, en 18 meses, el papá de “Dzereco y Nohoch” obtuvo $157,500.

La esposa de “Mario III”, Saidy Zulemy del Socorro Casares Puerto, quien actúa esporádicamente en obras de teatro regional, cobró la cantidad de $76,000, desde 2013. Ese año recibió $11,400,  como ayuda social, por contribución al Programa Nacional de Prevención del Delito, aunque no se específica en que consistió esa contribución. En 2014 obtuvo un cheque por $9,400 y tres por $11,400, como “ayuda social” y en 2015, uno por $5,700 y otro por $15,200.

HIJA Y SOBRINO. La hija de Saidy Zulemi y “Mario III”, Saidy Talía de Jesús Herrera Casares, quien aparece en los programas de su padre, también figura en la lista de beneficiarios de ayudas sociales. En 2013 recibió $11,400 y en 2014, $56,800, a través de las ministraciones por los siguientes montos: $9,500, $11,000, $3,800, $16,000 y $16,500. En el primer semestre de 2015, recibió dos más, una por $8,250 y otra por $22,000, para un total de $87,050.

Asimismo, el sobrino de “Mario III” y primo de “Dzereco y Nohoch, Joaquín Filio Tamayo Herrera, de 24 años, que no forma parte de los elencos del teatro regional, ha recibido “ayudas” desde 2013, por un monto de $110,000, sin justificación.

El primer cheque como beneficiario de la lista de ayuda social lo recibió en 2013, por $16,500, por su “contribución al Programa Nacional de Prevención al Delito. En 2014, por su “apoyo a voluntarios de programas”, Tamayo Herrera obtuvo $46,750, dividido así: $13,750, $16,500 y $16,500. En el primer semestre de 2015, recibió una cantidad similar, en tres pagos:  uno por $16,500, otro por $8,250 y uno más por $22,000.

BONITA FAMILIA. Por su parte, la esposa de “Dzereco”, Astrid del Socorro Tzuc Quiñones, ha recibido $76,500, dividido así: $51,750, en 2014,  mediante tres pagos de $13,500 y uno de 11,250; y $24,750 y $24,750, en 2015, en dos pagos de $6,750 y $18,000, respectivamente.

La hermana de Astrid, Isis Tzuc Quiñones, igualmente goza de los beneficios de la ayuda social del gobierno. De acuerdo con la información oficial, entre 2013 y el primer semestre de 2015 cobró $64,600, no se sabe por qué motivo. Fuente Mayaleaks

Consecuencias de un obscuro contrato firmado por Ivonne Ortega: Ticul sin hospital

Noticias de Yucatán



Dos semanas antes de que termine el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, los Servicios de Salud de Yucatán, por indicaciones suyas, firmó un contrato de Prestación de Servicios (PPS) con una empresa subsidiaria de Grupo Marhnos, para construir y operar un hospital de segundo nivel en Ticul, que le costará a los yucatecos $5,571,568,000, pagaderos a 25 años.

Durante ese lapso, y una vez que entre en operación ese hospital de 90 camas, el gobierno del estado pagará a esa compañía $185,571,993 cada año, una cuarta parte de lo que cuesta mantener anualmente a un hospital tres veces más grande y mejor equipado, como lo es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, cuyo presupuesto asciende a $777.7 millones.

El gobierno de Ortega Pacheco firmó ese contrato de PPS, no obstante la existencia de otro hospital de segundo nivel en Tekax, a 36 kilómetros de Ticul, que su antecesor, Patricio Patrón Laviada, empezó a construir y casi concluyó, pero que Ortega Pacheco se negó a terminar, pese a la provisión de los fondos para hacerlo.

El avance en la construcción de este hospital de 30 camas era del 90%, hasta 2010 y su edificación implicó una inversión de recursos federales y estatales por $117 millones. Actualmente está en total abandono y, al parecer, así permanecerá, según confirmó la propia secretaria de Salud del gobierno federal, Mercedes Juan López, en su gira de trabajo por Mérida, el 13 de enero. En esa ocasión declaró que la construcción de ese hospital “no se continuará, al menos por ahora”.
¿La razón? Los PPSs representan atractivas oportunidades de inversión para empresarios y algunos funcionarios de los gobiernos que los promueven, como, según algunos indicios, podría ser el caso del hospital de Ticul.
Los propietarios de las acciones de muchas de las empresas que contratan los Proyectos de Prestación de Servicios —también es el caso de Ticul— son fideicomisos que emiten Certificados Bursátiles Fiduciarios para obtener fondos.

El Hospital Regional de Ticul, que parecía una inversión redonda desde muchos puntos de vista, ahora es un barco que echa agua por todos lados. Actualmente su construcción esta semiparalizada y no hay fecha para finalizarla.

Usualmente éstos son el medio por el cual esos funcionarios invierten su dinero, en forma discreta y segura, con altas ganancias, ya que el flujo de efectivo a los PPSs está garantizado con las participaciones federales de las entidades públicas que los contratan, explican especialistas financieros consultados por Mayaleaks.

Sin embargo, de acuerdo con los datos recabados, el hospital regional de Ticul, que parecía una inversión redonda desde muchos puntos de vista, ahora es un barco que echa agua por todos lados.

Actualmente su construcción esta semiparalizada y no hay fecha para finalizarla. El contrato firmado el 12 de septiembre de 2012, indica que el hospital debía entrar en operación en marzo de 2014. Posteriormente se cambió la fecha para el 15 de enero de 2015, pero ésta tampoco se cumplió.

Un informe oficial de Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V., la empresa subsidiaria de Grupo Marhnos, que firmó el PPS con el gobierno de Yucatán, reconoce que el avance global de la obra era del 37%, hasta septiembre de 2014.

La inconformidad del actual gobierno se centraría en el argumento de que IHP habría inflado los costos de la obra hasta en un 27 por ciento, aunque la información relativa a este asunto se maneja con total hermetismo.

Documentos oficiales de esa empresa y de Banamex y  la Casa de Bolsa Monex, involucradas en el financiamiento del hospital, sugieren que este atraso podría deberse diferencias entre Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP) y el Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago F/422, que posee la mayoría de sus acciones; y el gobierno de Rolando Zapata Bello, que heredó los compromisos contraídos por su antecesora en el PPS de Ticul.

La inconformidad del actual gobierno se centraría en el argumento de que IHP habría inflado los costos de la obra hasta en un 27 por ciento, aunque la información relativa a este asunto se maneja con total hermetismo.

Mayaleaks solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo copia del contrato de prestación de servicios firmado por IHP y los Servicios de Salud de Yucatán para la construcción del hospital de Ticul, pero esta Unidad respondió que “después de una búsqueda exhaustiva” en sus archivos no encontró ninguna información de ese tipo, no obstante que el propio Fideicomiso F/422 informó a la Bolsa Mexicana de Valores la existencia de ese contrato.

Hospital de Tekax. Más de $117 millones a la basura

La situación del Hospital Regional de Ticul, donde se juegan más de cinco mil millones de pesos de recursos públicos, está en suspenso, por ahora.

El próximo viernes 29, los miembros del Fideicomiso —socios mayoritarios de IHP— se reunirán en la la ciudad de México para discutir si aprueban una “carta de términos” con el gobierno del estado de Yucatán, sobre la construcción del hospital. Mayaleaks desconoce el contenido de esa carta.

Mientras se conoce que pasará con la construcción de ese nosocomio, el sur del estado, como consecuencia de decisiones equivocada de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, no sólo no cuenta con el hospital de Tekax, sino tampoco con el de Ticul, que debería estar operando desde hace un año. Fuente Mayaleaks.

VERSION OFICIAL

Cuando menos por ahora, no se construirá nuevo hospital en Ticul, porque el gobierno le apuesta a terminar el de Tekax para atender la demanda en el sur del Estado, declaró ayer Jorge Mendoza Mezquita, secretario de Salud en la entidad.

El gobierno, precisó, nunca contrató la construcción de un hospital en Ticul. “Contratamos (a la empresa Grupo Marhnos) para que preste un servicio hospitalario” puntualizó.

Entrevistado en el marco de un congreso sobre úlceras y heridas, que inauguró el gobernador Rolando Zapata Bello, recordó que se canceló ese contrato porque la empresa no cumplió con los tiempos y pese a que se le dio una extensión del plazo, quería prolongarlo más. Ahora se encuentran en un litigio administrativo.

El edificio que se construía para dar los servicios hospitalarios en Ticul es privado y hay que esperar el fin del litigio para decidir qué pasará con el inmueble, dijo.

“Esa obra la iba a usar (la empresa contratada) para servicios médicos hospitalarios, como un centro hospitalario”, indicó el funcionario, al insistir en que el gobierno no contrató la construcción del hospital, sino que se den los servicios hospitalarios en esa ciudad del sur del Estado


Mayaleaks da a conocer detalles sobre el sistema de espionaje usado en Mérida

16 agosto 2015
Noticias de Yucatán

16 de agosto de 2015





UN “SUPERAGENTE DEL ESPIONAJE ” INSTALÓ EL SISTEMA GALILEO EN MÉRIDA

Se trata de Eduardo Pardo Carvajal, ingeniero en software y asesor de la DEA y el FBI

Mérida, Yucatán. La operación del sistema Galileo de espionaje digital, vendido por la empresa italiana Hacking Team al gobierno de Yucatán, implicaría graves riesgos de seguridad para el estado, porque la información que recaba podría ser transferida o filtrada a instancias, como la DEA, el FBI y otros sistemas de inteligencia policial extranjeros, advierte José Antonio Cornejo Pineda, consultor en seguridad informática de Tijuana, Baja California.
De hecho, dice, uno de los técnicos responsables de la instalación de Galileo en Mérida, Eduardo Pardo Carvajal, es considerado un “superagente de los sistemas digitales de espionaje” y es también asesor de la DEA en Colombia y de la policía de otros países, explica Cornejo Pineda, entrevistado por teléfono en sus oficinas de Tijuana.
Desde hace meses, el especialista investiga los efectos de las operaciones de Hacking Team en el norte del país y asesora a organizaciones cívicas y medios de comunicación de la Frontera sobre los riesgos sociales de las herramientas de espionaje sin control, como el software Galileo.
—Ese sistema, ahora lo sabemos, es vulnerable a los ataques externos y no es inmune a los antivirus (ver http://mayaleaks.org.mx/el-programa-de-espionaje-del-gobierno-vulnerable-y-con-fallas/).
ESPÍAS SIN CONTROL. Los técnicos de esa empresa italiana, añade Cornejo Pineda, participan en la instalación de esos sistemas en todo el mundo y ellos mismos pueden intervenir los sistemas y pasar la información recabada a otros. “No hay un control seguro sobre los datos almacenados en Galileo”, dice.
Las personas que instalaron en Mérida el sistema de espionaje Galileo, a cargo del gobierno, fueron el propio Pardo Carvajal y Lorenzo Invernizzi, informa Cornejo Pineda.
—Ambos estuvieron en la ciudad del 10 al 14 de noviembre para instalar el equipo y capacitar a los técnicos que lo operarían.
Pardo Carvajal, un ingeniero en software, oriundo de Colombia, arribó a Mérida, procedente de Bogotá, el lunes 10 de noviembre de 2014. Regresó a su país el viernes 14 y de allí salió a Brasil, por otra encomienda similar, según se desprende de los correos electrónicos hackeados a Hacking Team y divulgados por WikiLeaks.
Invernizzi, por su parte, llegó a Yucatán el mismo lunes 10 de noviembre, procedente de San Diego California, con parte del equipo que se instaló.
Más tarde, el martes 12, se unió al grupo Daniel Martínez Moreno, encargado de operaciones de Hacking Team en México, quien llegó para tratar asuntos administrativos y relacionados con el equipo.
ASESOR DE LA DEA. De acuerdo con Cornejo Pineda, los técnicos de Hacking Team impartieron en Mérida un curso de tres días a varias personas —se desconoce el número— para operar Galileo en Yucatán, al parecer en el predio donde se instaló el equipo, en la calle 6, número 339, entre 3A y 3B, de la colonia Gonzalo Guerrero.
Pardo Carvajal, dice el especialista bajacaliforniano, es un conocido asesor técnico de la oficina de la DEA en Colombia.
—En un correo enviado a sus jefes de Hacking Team, con fecha del 20 de mayo de 2015, Pardo les informa que se ha reunido con el jefe de la DEA en ese país, Michael Casey, quien le pidió asesoría para terminar de instalar dos nuevos programas destinados a interceptar toda la comunicación de Internet en Colombia.
—Estos sistemas son adicionales al Galileo, que ya tiene la DEA de Colombia, y que según Casey, desea actualizar con la última versión del programa.
La DEA en ese país suramericano, relata Pardo Carvajal a sus superiores, está interesada en prorrogar el contrato con Hacking Team. “Sus funcionarios están contentos con la noticia de la próxima apertura de nuestras oficinas en Estados Unidos y por la disposición de asesorarlos in situ en Bogotá”.
SUPERAGENTE. El técnico de la empresa italiana se refiere también a la utilización del sistema Galileo por algunas oficinas regionales del FBI y comunica a sus jefes que en las últimas semanas ha conocido a otros agentes de la DEA destacados en Bangladesh, España, Italia y varios países de Latinoamérica, “interesados en nuestros servicios”.
De acuerdo con Cornejo Pineda, Pardo Carvajal “es un superagente de la instalación de sistemas de espionaje, con posibilidades de acceder a los sistemas de la DEA, del FBI y del gobierno de México y de varios estados y, además, es el principal responsable de la instalación y mantenimiento de los sistemas de inteligencia de las policías de Colombia y Ecuador”.
GRUPO YUCATÁN. En círculos políticos de Baja California y entre la comunidad de especialistas en informática en la entidad, dice Cornejo Pineda, se han filtrado datos sobre la operación de esos programas en México.
—De aquí ya se sabe mucho, pero últimamente hemos oído rumores sobre Durango y Yucatán.
—Por ejemplo, que en Mérida, solo un puñado de funcionarios puede acceder al sistema. Además del gobernador, estarían al tanto Víctor Caballero Durán, ex secretario de Gobierno y coordinador de la pasada campaña electoral del PRI; Roberto Rodríguez Asaf, actual secretario de Gobierno y ex secretario de Administración y Finanzas y Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública.
El Fiscal del Estado y otros funcionarios del área de seguridad, dice Cornejo, habrían quedado al margen.
OBJETIVOS. —También se ha sabido que en Yucatán, como aquí, en Baja California, los técnicos a cargo de operar el sistema de espionaje son personas ajenas al gobierno y que al inicio del programa, uno de sus principales propósitos fue espiar a los propios funcionarios gubernamentales y a los opositores políticos, incluyendo detalles de su vida privada, así como intervenir las comunicaciones de personas sospechosas de participar en actividades ilícitas.





Yucatan News August 16, 2015






This is Eduardo Pardo Carvajal, software engineer and adviser to the DEA and the FBI

Merida, Yucatan.  The operation of the Galileo system of digital espionage, sold by the Italian company Hacking Team to the government of Yucatan, involve serious security risks for the state, because the information collected may be transferred or filtered to bodies such as the DEA The FBI and other foreign police intelligence systems, warns Jose Antonio Cornejo Pineda, computer security consultant in Tijuana, Baja California.
In fact, he says, one of the technicians responsible for the installation of Galileo in Merida, Eduardo Pardo Carvajal, is considered a "super agent of digital systems of espionage" and is also advisor to the DEA in Colombia and police from other countries said Cornejo Pineda, interviewed by telephone at its offices in Tijuana.
For months, the specialist investigates the effects of Hacking Team operations in the north and advises civic organizations and media de la Frontera on the social risks of uncontrolled spy tools such as Galileo software.
That system, we now know, is vulnerable to external attacks and is not immune to the virus (see http://mayaleaks.org.mx/el-programa-de-espionaje-del-gobierno-vulnerable-y-con -fallas / ).
SPIES WITHOUT CONTROL.  The technicians of the Italian company, Cornejo added Pineda, involved in the installation of such systems around the world and themselves can intervene and move systems to other information gathered."There is no safe on the data stored in Galileo control" he says.
The people who settled in Mérida espionage system Galileo, by the government, were self Carvajal Pardo and  Lawrence Invernizzi, reports Cornejo Pineda.
They both were in town from 10 to 14 November to install the equipment and train technicians to operate it.
Pardo Carvajal, an engineer in software, originally from Colombia, arrived in Merida, from Bogota, Monday, November 10, 2014. He returned to his country on Friday 14 and from there went to Brazil, with a similar assignment, as follows emails  hacked  Hacking Team and published by WikiLeaks.
Invernizzi, meanwhile, arrived in Yucatan as Monday November 10, from San Diego California, with part of the equipment that was installed.
Later on Tuesday, 12, the group Daniel Martinez Moreno joined, operations officer Hacking Team in Mexico, who came to dealing with administrative matters and related equipment.
ADVISORY DEA . According to Cornejo Pineda, technicians Hacking Team in Merida taught a course of three days to several people He ignores the number- to operate Galileo in Yucatan, apparently at the site where the equipment is installed, at 6, number 339, between 3A and 3B, Gonzalo Guerrero colony.
Carvajal Pardo says bajacaliforniano specialist, is a known technical advisor to the office of the DEA in Colombia.
-In An email sent their heads of Hacking Team, dated May 20, 2015, Pardo informs them that he has met with the head of the DEA in the country, Michael Casey, who asked advice to finish installing two new programs to intercept all Internet communication in Colombia.
'These systems are in addition to Galileo, which already has the DEA of Colombia, and according to Casey, you want to update with the latest version of the program.
DEA in the South American country, Carvajal Pardo tells his superiors, is interested in extending the contract with Hacking Team. "Your officials are pleased with the news of the upcoming opening of our offices in the US and by the provision of advise  in situ  in Bogota. "
Superagente . The coach of the Italian company also relates to the use of the Galileo system by some regional offices of the FBI and informed his bosses who in recent weeks has met other DEA agents stationed in Bangladesh, Spain, Italy and several countries Latin America, "interested in our services."
According to Cornejo Pineda, Pardo Carvajal "is a super agent of the installation of espionage, with the possibility of access to the systems of the DEA, the FBI and the government of Mexico and several states and, moreover, is primarily responsible installation and maintenance of systems of police intelligence Colombia and Ecuador ".
GROUP YUCATAN . In political circles of Baja California and among the community of computer specialists in the state, says Cornejo Pineda, have leaked information about the operation of these programs in Mexico.
And long-hence it is known, but lately we've heard rumors about Durango and Yucatan.
For example, in Merida, only a handful of employees can access the system. In addition to the governor, they would be aware Victor Caballero Duran, former Secretary of Government and coordinator of the PRI last election campaign;Roberto Rodriguez Asaph, the secretary of Government and former Secretary of Administration and Finance and Saiden Luis Felipe Ojeda, Secretary of Public Security.
The State Prosecutor and other officials of the security area, said Cornejo, have been left out.
OBJECTIVES.  -Also has learned that in Yucatan, as here in Baja California, the technicians in charge of operating the system of espionage are people outside the government and that the program's inception, one of its main purposes was to spy on their own Government officials and political opponents, including details of his private life and communications intervene suspected of involvement in illegal activities.

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