El presidente municipal Renán Barrera Concha exhortó a la Fiscalía General del Estado a que haga justicia en el caso de la denuncia de desvío de $250 millones durante la pasada administración municipal, y en la cual están acusados los ex alcaldes Angélica Araujo Lara y Omar Lara, así como el ex tesorero Carlos Bastarrachea Lara.
-La justicia que pedimos no es una reclamación sólo del Ayuntamiento sino de lasociedad en general, que fue agraviada con esos hechos -indicó el concejal.
Barrera Concha reiteró que hay elementos suficientes para consignar a esos funcionarios, pues se presentaron pruebas y elementos suficientes en su contra.
-Es más que evidente lo que sucedió en esa administración respecto al manejo del erario -señaló.
La Fiscalía no debió cerrar el expediente basándose sólo en un trámite administrativo como la auditoría que todavía no termina la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, la cual, además, “no es vinculante” en ese caso.
Al respecto, la directora de Gobernación, Lizette Mimenza Herrera, expresó que esa resolución del Ministerio Público es inédita, pues cerró el expediente sin hacer diligencias, ni realizar pruebas periciales ni tomar el cuenta el dictamen que hizo al respecto un despacho contable privado, el de Rodolfo Martínez y Asociados, que es reconocido en ese campo.
Todo a su alcance
-En este caso usaremos todos los recursos a nuestro alcance porque no estamos luchando por intereses de la Comuna sino por los bienes de los meridanos -dijo-. El ciudadano no tiene por qué pagar esos desvíos del erario.
Respecto al caso de las lámparas chinas que instaló AB&C Leasing, y en el cual un juzgado federal negó al Ayuntamiento un amparo, Renán Barrera y Lizette Mimenza coincidieron en minimizar el asunto porque consideran que en parte eso favorece a la Comuna.
Positiva
-Esa resolución es positiva para la Comuna porque determinó que la sustitución de luminarias fue una acción correcta -explicó el alcalde-. Para nosotros eso es lo principal, nos sentimos tranquilos en ese aspecto.
El otro elemento, añadió, es el pago que ese juzgado ordena hacer al Ayuntamiento, pero eso no es definitivo porque se apelará ante el Tribunal Colegiado. Además, el juez no fijó la cantidad a pagar.A su vez, Lizette Mimenza expuso que esa resolución en torno al amparo es solo una pequeña parte del voluminoso expediente del caso, en el cual se han presentado muchos recursos, revisiones, quejas y reclamaciones por ambas partes, y todas ellas están en análisis.-Todavía no se entra al estudio de fondo del asunto -afirmó.La funcionaria expuso que el antecedente de ese amparo está en la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estatal, al cual recurrió AB&C Leasing cuando el Ayuntamiento dio por terminado el contrato con esa empresa.-Ese tribunal no resolvió a fondo la cuestión, sólo emitió una resolución provisional que permitía al Ayuntamiento seguir cambiando las luminarias pero obligaba a este a pagar la renta de ellas. Las dos partes nos inconformamos y pedimos amparo.-En la resolución de ese amparo se dice que el Ayuntamiento puede retirar las lámparas de la empresa, y que paguemos sólo por aquellas que permanezcan instaladas y que estén funcionando adecuadamente.-Ya no hay ninguna luminaria de la empresa instalada y ninguna funcionaba adecuadamente. Esto último lo dijeron expertos en el tema, quienes incluso advirtieron que esas luminarias no cumplen la Norma Oficial Mexicana en la materia.- Hansel Vargas Aguilar
Amparo | Negativa
La alcaldía minimiza la negativa de un amparo por un juzgado federal.
“Pequeña parte”
Lizette Mimenza dijo que la negativa de amparo es sólo una pequeña parte del voluminoso expediente del caso, en el cual se han presentado muchos recursos, revisiones, quejas y reclamaciones por ambas partes, y todas ellas están en análisis.
Estudio pendiente
Todavía no se entra al estudio de fondo del asunto, y ya no hay instalada ninguna luminaria de AB&C Leasing, por las que se deba pagar renta.
“Ni siquiera investigamos”
"Error de origen" en la denuncia contra ex alcaldesa
La Fiscalía General del Estado no exoneró a la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara o a alguno de sus ex colaboradores, “ni siquiera entramos al estudio de este caso, porque llegó con un error de origen”, afirmó ayer la fiscal Celia Rivas Rodríguez.
“Por un error de procedimiento no entramos al estudio del caso, la denuncia la presentó el Ayuntamiento y no le corresponde a esa autoridad denunciarlo.., por eso no procedió”, explicó la funcionaria estatal.
Ayer informamos que en doble revés para el Ayuntamiento de Mérida la Fiscalía General exoneró a la ex alcaldesa del presunto desvío de $250 millones, por el caso de las lámparas, y un juez de distrito también le negó un amparo a la Comuna.
Entrevistada al respecto antes de iniciar la ceremonia de entrega de chamarras a estudiantes de primaria en Pacabtún -de lo que informamos en nota aparte- la fiscal negó que se hubiese exonerado a la ex acaldesa.
“Es muy distinto determinar el no ejercicio de la investigación por un error procesal a exonerar a alguien, ni siquiera la investigamos para poder decidir si es culpable o se le exonera”, puntualizó.
La fiscal declaró que en estos casos a quien le corresponde denunciar ante la Fiscalía, para que se inicie una investigación, es a la Auditoría Superior del Estado, y eso sería en caso de que en la revisión de las cuentas públicas encuentren anomalías, pero eso aún no ocurre.
Celia Rivas manifestó que incluso recurrieron a la Auditoría Superior para preguntar sobre ese presunto desvío de recursos y le respondieron que no tienen nada al respecto.
La fiscal añadió que, según la Auditoría Superior, apenas están en la revisión de las cuentas públicas de esa administración municipal, pero todavía no concluyen ese proceso.
La funcionaria consideró que el Ayuntamiento en todo caso debió recurrir a la Auditoría Superior, para presentar su denuncia, y no a la Fiscalía.
Alrededor del mediodía la Fiscalía envió a la Redacción un escrito donde se plantea la postura de esa dependencia y se afirma que la actuación fue con total apego a la ley.
El contenido del escrito es el siguiente:
-En el caso de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Mérida contra integrantes del Cabildo correspondiente a la administración municipal en el periodo 2010-2012 por un presunto desvío de recursos públicos denunciados por José Rodrigo Osorio Cáceres, como apoderado legal del municipio, la Fiscalía resolvió el no ejercicio de la citada querella, al existir anomalías de origen en la denuncia.
-La Fiscalía no es la autoridad facultada para auditar y resolver la culpabilidad o no del caso, pues no cumple con los requisitos de ley. Eso es lo que determinan en la resolución, lo demás son especulaciones infundadas.
-Cabe señalar que en este caso el Ayuntamiento no cumplió con los requisitos de ley al no ser la institución a la que corresponde denunciar de conformidad con la ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, de acuerdo con los artículos 29, 43 fracción cuarta y 75 fracción 14.
-En éste y todos los casos, la Fiscalía General del Estado ha actuado con seriedad, profesionalismo y con base en la ley. En torno a este caso se actuó de igual forma por lo que en su momento fueron citados los involucrados.
-Reitero mi compromiso porque así lo ha indicado el señor gobernador de actuar apegada a la ley. Eso es lo que hicimos en este caso.- David Domínguez Massa
Fiscalía | Revisión
El Ayuntamiento insiste en continuar su denuncia en la Fiscalía General.
Revisión
Celia Rivas Rodríguez informó que representantes del Ayuntamiento presentaron hace unos días un recurso de revisión contra la resolución de no procedencia de su denuncia contra la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, a lo que en los próximos días le darán una respuesta.
