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Cinco alcaldes yucatecos recién re-electos son investigados por peculado; podrían ir a prisión

30 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy




La Fiscalía General del Estado mantiene bajo investigación acusados de peculado a cinco alcaldes electos recientemente, entre ellos hay una con tres demandas y otros con dos denuncias, y aun cuando asuman la alcaldía se les procesará si resultan responsables.
De acuerdo con información recabada en esa dependencia estatal, estas autoridades municipales recién electas forman parte de un grupo de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, en contra de varios alcaldes actuales y expresidentes municipales, y por ese motivo están bajo investigación judicial.
Se precisó que las autoridades municipales que deberán tomar posesión el sábado 1 de septiembre próximo, y que tienen procesos penales en su contra son:
El panista Lucio Balam Herrera, de Chemax; Natalia Mis Mex, del partido Nueva Alianza, en Tinum; Roger Marcelo Benítez Espínola, del PAN, en Huhí; Ricardo Ordóñez Chan, panista de Opichén; y José Alberto Padrón Romero, del PAN en Hunucmá.
En el caso de Natalia Mis, contra ella hay tres denuncias penales de cuando fue alcaldesa por primera vez del municipio de Tinum.
A Benítez Espínola se le siguen dos procesos de investigación de peculado, y también por problemas con las cuentas públicas de su anterior administración municipal.
En la Fiscalía se informó que no importa que tomen posesión como autoridades, si al final del proceso se les encuentra responsables de los delitos en su contra, se turnará el caso a los juzgados, donde deberán responder por sus actos.
En el caso que se confirmara que son culpables —lo que nunca se ha visto que suceda— y si ya hubiesen asumido el cargo de nuevo, se les destituiría para ser consignados y en su lugar asumirían la alcaldía del municipio quien tenga el cargo de síndico.
Si antes de que asuman el cargo se llegara a resolver de manera condenatoria el procedimiento, entonces quien asumiría la alcaldía sería el síndico. Con información de Megamedia.


Detienen por peculado a exfuncionario de Tamaulipas cercano a Yarrington

13 mayo 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

(proceso.com.mx).- Pablo Zárate Juárez, exdirector del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización (1999-2004) y cercano a Tomás Yarrington –extraditado a Estados Unidos-, fue detenido por peculado.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que, derivado de las investigaciones realizadas contra el exgobernador Eugenio Hernández, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Zárate Juárez, por el delito de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exfuncionario fue capturado por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, luego que el Juez Segundo Penal de Ciudad Victoria valoró elementos presentados por la Fiscalía y otorgó la orden.
El imputado está relacionado con la enajenación indebida de un inmueble propiedad del gobierno del Estado, en el año 2004, cuando fungía como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización.

El inmueble en mención estaba destinado para el desarrollo urbano del puerto industrial que se encuentra en el municipio de Altamira, cuenta con una superficie de 68 hectáreas, y fue enajenado a favor de un tercero, en un precio sumamente inferior a su valor real en la época, mismo que actualmente tiene un valor de 40 millones 985 mil 119.20 pesos.
Pablo Zárate Juárez fue puesto a disposición de las autoridades competentes e internado en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, donde permanecerá hasta en tanto se resuelva su situación jurídica.
La penalidad aplicable al delito de Peculado que se le imputa es de 6 a 14 años de prisión.

Piden proceder contra Araujo

15 junio 2012
Noticias de Yucatán ()

Consideran quela alcaldesa no puede evadirse
Publicada: Viernes, 15 de junio de 2012 3:05 am  |  Mérida

La alcaldesa con licencia y actual candidata del PRI al Senado afronta tres denuncias en su contra por el caso del concierto de Shakira, que fue pagado con el erario.
Además de la denuncia de peculado que hay en su contra, la alcaldesa con licencia Angélica Araujo Lara se enfrenta ahora a la exigencia de que la Fiscalía del Estado comience el proceso penal y la llame a declarar.
En la demanda contra la funcionaria, candidata del PRI a senadora, se pide que ella responda por el presunto desvío del millonario gasto del erario para realizar el concierto de Shakira.
-No podrá negarse al citatorio del Ministerio Público, tendrá que comparecer porque carece de fuero -subrayó Marysol Canto Ortiz, ex consejera de la Comisión de Derechos Humanos del estado (Cochey), quien puso la denuncia por peculado y exigió ayer que comience ya el proceso penal respectivo.- Hansel Vargas Aguilar
Alcaldesa | Denuncia
La denuncia contra Angélica Araujo Lara por peculado fue presentada en mayo:
Concierto de Shakira
La ex consejera de derechos humanos Marysol Canto acusa a la actual candidata del PRI al Senado de un desvío de 21 millones de pesos, que se usaron para financiar el concierto de Shakira.
Las sanciones
Las sanciones van de seis meses a diez años de prisión, multa y destitución, entre otras cosas.

Pendiente un proceso legal 
Aún no hacenla indagatoriaa la alcaldesa
Publicada: Viernes, 15 de junio de 2012 3:00 am  |  Mérida
Debido a que hasta la fecha la Fiscalía no comienza las investigaciones relativas a la denuncia por peculado contra la alcaldesa con licencia Angélica Araujo Lara, la denunciante Marysol Canto Ortiz solicitó a esa dependencia que ponga en marcha ese proceso y no lo detenga más.
Para ello, pidió que se cite a declarar a la presidenta municipal con licencia, la cual también es candidata del PRI a senadora.
Marysol Canto se presentó ayer en la mañana a la Fiscalía General del Estado y entregó en la Oficialía de Partes un memorial donde pide a la agencia del Ministerio Público respectivo que haga comparecer a Angélica Araujo para tomarle su declaración sobre el caso.
-También solicité que se cite a declarar al tesorero municipal, Carlos Ariel Bastarrachea Lara (ex alcalde de Tixkokob) porque la acusación de peculado incluye a ese funcionario -apuntó la ex consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey).
El 6 de mayo publicamos que Angélica Araujo fue denunciada por el delito de peculado que le atribuye la ex consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien considera que hubo un desvío del erario de cerca de $21 millones para realizar el concierto de la cantante colombiana Shakira en julio del año pasado. El espectáculo fue gratuito.
La acusación se extiende a todos aquellos funcionarios o no de la Comuna meridana que también resulten responsables del presunto delito.-Hansel Vargas Aguilar.
El caso Shakira
Tres denuncias
La alcaldesa con licencia y actual candidata del PRI al Senado afronta tres denuncias en su contra por el caso del concierto de Shakira, que fue pagado con el erario.
Una denuncia se puso ante La Procuraduría General de la República, otra más ante la Audiroría Superior de la Federación, y la tercera ante la Fiscalía estatal.
El Dip. Daniel Avila Ruíz la denunció por pagar el concierto de Shakira con recursos del Ramo 33 destinado a combatir la pobreza. El monto del desvío es de unos $25 millones.

Acusada de desviar 21 millones de pesos

06 mayo 2012
Noticias de Yucatán ()

Angélica Araujo es denunciada por peculado
Publicada: Domingo, 6 de mayo de 2012 3:00 am  |  Mérida  |  26 de 382  | 
Concierto de Shakira en La Plancha de Mérida, en julio pasado
La alcaldesa con licencia Angélica Araujo Lara, candidata del PRI a senadora, fue denunciada ayer por el delito de peculado que le atribuye la ex consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Marysol Canto Ortiz, quien señala un presunto desvío del erario de cerca de $21 millones para realizar el concierto de Shakira en julio del año pasado.
La acusación también se extiende al actual tesorero municipal, Carlos Ariel Bastarrachea Lara, ex alcalde de Tixkokob, y a todos aquellos que también resulten responsables del presunto delito.
Los funcionarios que lo cometen reciben sanciones que van de seis meses a diez años de prisión, una multa, la destitución del cargo y el impedimento para desempeñar puestos públicos en un lapso que va de dos a diez años.
La denuncia fue hecha ayer ante la Fiscalía estatal por la profesora Marisol Canto. La acusación dice que en marzo pasado Angélica Araujo propuso al Cabildo realizar el concierto de Shakira a un costo de 1.5 millones de dólares más impuestos (cerca de $21 millones). Y se firmó el contrato con la empresa Entretenimiento, Promoción y Eventos de México”.
En sesión pública de Cabildo la actual candidata del PRI al Senado de la Repú blica manifestó que ese gasto no afectaría al erario municipal, pues la inversión sería reembolsada por patrocinadores que donarían los recursos para cubrir el gasto.
-Oficialmente sólo hubo dos donaciones, una del Grupo Bepensa y otra de Bancomer, cada una de $100,000, lo que hacen un total de $200,000 -señaló Marisol Canto, al ser entrevistada al salir de la Fiscalía.
-Además, la ley prohíbe destinar recursos a rubros no considerados en el presupuesto de egresos -agregó-. No había un Programa Operativo Anual para realizar esa erogación.
Marisol Canto Ortiz, ex consejera de la Codhey, al interponer la denuncia contra Angélica Araujo Lara
La denuncia subraya que Angélica Araujo y Bastarrachea son directamente responsables de administrar el erario municipal, y tienen legalmente prohibido hacer pagos fuera del presupuesto de egresos.-Hansel Vargas Aguilar.
En sus propias palabras
Marysol Canto Ortiz
“La ley dice que aunque los funcionarios devuelvan o hayan tenido intención de devolver los recursos del erario que desviaron, eso no desvirtúa la consumación del delito de peculado. La falta permanece.
“Devolver los recursos tampoco los releva de su responsabilidad penal, pues el delito se consuma desde el momento en que se distrae de su objeto, para usos propios, ese dinero recibido en su cargo”.

Publicada: Domingo, 6 de mayo de 2012 3:00 am  |  Mérida  |  26 de 382  | 
La denuncia contra la alcaldesa con licencia Angélica Araujo Lara, candidata del PRI a senadora, tiene implicaciones penales y administrativas, según se indica en la acusación hecha ayer ante la Cuarta Agencia del Ministerio Público.
Ese expediente incluye como pruebas de lo que se dice copias certificadas de las actas de sesiones de Cabildo en las que se discutió el asunto del concierto de Shakira.
También copias del contrato que firmó la Comuna con la empresa Entretenimiento, Promoción y Eventos de México, así como comprobantes y recibos de pagos hechos a esa compañía.
Además, copias del Presupuesto de Egresos de la Comuna del 2011.

Sale "raspado" el PRI en peculado de González Canto

30 agosto 2011
Noticias de Yucatán

(peculado, desvío, acarreo, transporte, impunidad)

Involucran en unos pagos al presidente estatal del partido
Publicada: 30 agosto 2011

El regidor Kirbey Herrera y el ex diputado Orlando Pérez al interponer su denuncia ayer en la Contraloría estatal
El regidor Kirbey Herrera y el ex diputado Orlando Pérez al interponer su denuncia ayer en la Contraloría estatal Ver fotos(1)

Los presuntos desvíos con el pago de más de $52 millones a una empresa del subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto salpican ahora al PRI, con una denuncia contra el presidente de ese partido, Luis Hevia Jiménez.

El dirigente era oficial mayor del gobierno del Estado cuando se hizo la mayor parte de los pagos, por "servicios de transportación" a eventos de la gobernadora Ivonne Ortega, a excursiones y "apoyos varios".

La denuncia fue interpuesta ayer en dos instancias: la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.

A principios de julio publicamos amplia información de Central 9, Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, sobre los pagos realizados a la empresa Urbanos de Mérida, S.A. de C.V., cuyo accionista mayoritario es González Canto, subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno.

Hasta abril de este año el Ejecutivo pagó más de $52 millones a esa empresa, no obstante que, por ley, González Canto no puede ser proveedor del gobierno. Quedaban pendientes de pago otros $19 millones.

El 14 de julio los regidores panistas Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab interpusieron una denuncia contra el subsecretario ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General. Le atribuyeron desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.

Ayer, Kirbey Herrera y el ex diputado Orlando Pérez Moguel se presentaron ante esas mismas instancias para denunciar a Hevia Jiménez, quien fue oficial mayor del Ejecutivo hasta febrero de este año, cuando fue electo presidente estatal del PRI.

A la Contraloría se le pide que finque responsabilidad administrativa a Hevia Jiménez, lo inhabilite para ocupar de nuevo un cargo público y se proceda penalmente en su contra.

A la Fiscalía se le reportan hechos delictuosos contra el erario y se le pide que proceda a desahogar "todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos".

La denuncia se basa en los siguientes aspectos:

1) De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Oficialía Mayor le corresponde coordinar la realización de eventos protocolarios y ceremonias del Poder Ejecutivo.

2) El Código de la Administración Pública dispone que es de su competencia atender los requerimientos del Despacho del Gobernador(a) en materia de transporte, servicios generales, comunicaciones, adquisiciones, servicios y recursos humanos.

3) Con esas atribuciones, Hevia Jiménez contrató y pagó, a cargo del erario, a la empresa de González Canto para servicios diversos, muchos de ellos de tinte partidista.

4) Independientemente de otros ilícitos, el actual presidente del PRI violó varios preceptos de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y otros ordenamientos, pues es responsable de actos y omisiones que afectaron la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones.

"Las fechas de muchos pagos coinciden con eventos del PRI. Parece que la ordeñada del erario llegó a las cubetas que alimentan a ese partido", indicó Pérez Moguel.


Se extiende al PRI una acusación de peculado
Dicen que el líder estatal del partido es cómplice de un pago
Publicada: 30 agosto 2011

La acusación de peculado y desvío de recursos atribuida al subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto se extendió ayer al PRI yucateco.

En una denuncia que interpusieron ante la Contraloría General y la Fiscalía General del Estado, el regidor Kirbey Herrera Chab y el ex diputado Orlando Pérez Moguel dicen que el presidente estatal del PRI, Luis Hevia Jiménez, fue quien, como oficial mayor del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, contrató los servicios pagados a la empresa camionera de González Canto, Urbanos de Mérida.

Los pagos ascendieron a más de $52 millones hasta marzo pasado.

Los denunciantes presumen complicidad y triangulación de recursos para beneficiar al PRI.

Denuncia federal por desvío por Shakira

15 julio 2011
Noticias de Yucatán

(shakira, peculado, desvío, frivolidad, mentiras)

15 julio 2011
Un diputado pide que intervenga la Auditoría Superior
Empleados del Ayuntamiento de Mérida arman el escenario donde se presentará Shakira, mañana en La Plancha
Empleados del Ayuntamiento de Mérida arman el escenario donde se presentará Shakira, mañana en La Plancha Ver fotos(2)

En plena cuenta regresiva para elconcierto de Shakira y en medio de las numerosas dudas que hay en torno al pago del evento, el diputado federal Daniel Avila Ruiz presentó ayer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación una denuncia por el presunto desvío de recursos de la hacienda pública municipal.

Acompañado del contrato, copias de cheques y documentos del portal del Ayuntamiento, el legislador afirma que la tesorería tomó dinero del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que es federal y viene etiquetado, para pagar los 1.5 millones de dólares pactados a la empresa Entretenimiento, Promoción y Eventos de México, S.A. de C.V., la promotora que trae a Mérida a la artista colombiana.

"Tomaron recursos del Fondo de Fortalecimiento para pasarlo a la chequera de recursos propios y de ahí se hizo la transferencia electrónica al promotor artístico Adrián Esteban de León Sosa, representante de Entretenimiento, Promoción y Eventos de México", apunta.

"Esa triangulación está fuera de la ley, porque las reglas de operación prohíben que se tome dinero de ese Fondo, que es del Ramo 33, para gastarlo como si fuera propio, de libre disposición", subraya el diputado.

"Aunque inventen que hay patrocinadores aquí los hechos dicen que el que pagó el concierto es el Ayuntamiento con dinero de los meridanos", enfatiza.

"El último de los tres pagos acordados se realizó la semana pasada, el contrarrecibo es del 4 y la transferencia se hizo el 5, mediante el pago electrónico No. 26746, que es el mismo número del contrarrecibo. El pago fue por la cantidad de $6.883,788", detalla el diputado.

"Esa cantidad equivale a 580,000 dólares, que es, al parecer el finiquito del contrato, viene siendo el saldo del millón y medio de dólares acordados. El número de proveedor de esa empresa es el 21823", agrega.

"Digo que es al parecer el finiquito, porque el contrato dice que el tercer pago se debió hacer el 25 de mayo de 2011 y que, en caso de que el Ayuntamiento no cumpliera en esa fecha, era causa para dar por terminado el contrato. ¿Fue el tercer pago?, ¿o es un cuarto pago?

"La cláusula octava es muy clara: el incumplimiento será causal de rescisión del contrato, quedando liberado de cualquier responsabilidad tanto la artista como el promotor artístico".

"La factura que ampara los $6.883,788 del contrarrecibo es la No. 1651", precisa Daniel Avila.

Desde anteayer, por cierto, circula en las redes sociales las facturas de los dos primeros pagos a Entretenimiento, Promoción y Eventos de México.

El primer pago, según la factura No. 1619, se hizo el 18 de marzo de 2001, por la cantidad de $7.018,000. El segundo es con la factura No. 1620 por $6.838,606.

En su denuncia, que presentó ayer a las 13 horas en la Cámara de Diputados, dirigida a Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, el diputado Avila Ruiz advierte que, en realidad, el gobierno que encabeza Angélica Araujo Lara destinará $30 millones al concierto de Shakira, ya que además de los $21 millones, que equivale al contrato de la artista, realiza gastos adicionales que van desde el acondicionamiento de "La plancha" hasta el pago de mobiliario, pantallas, sistemas de iluminación, camerinos y seguridad privada.

El legislador pone en tela de juicio el supuesto patrocinio que habría para recuperar esa inversión, ya que son escasos y son en especie, es decir, no regresarán los $30 millones a la arcas de la hacienda municipal.

"Hay una afectación a las finanzas municipales, porque el dinero sale de allí y son gastos que no están previstos en el Presupuesto de Egresos ni se usan en beneficio de los sectores que más lo necesitan ni en servicios que requiere la ciudadanía.

"De esta manera, se incumple la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán al realizar un evento que no se encuentra destinado a satisfacer las necesidades colectivas ni a proporcionar una función o servicio público como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, etcétera".

"El gasto de $30 millones en un concierto de dos horas, incumple también los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el uso de los recursos públicos", subraya.

Los $30 millones equivalen a casi un tercio del crédito de $100 millones que pide el Ayuntamiento, alcanzaría para cuatriplicar los 406 créditos (por $8.4 millones) que dieron del Micromer en un año, y para multiplicar 15 veces los 153 proyectos ($2.1 millones) que apoyaron en Desarrollo Agropecuario.

"Sólo con los $21 millones del pago a Shakira se puede dar apoyos de $15,000 para mejoramiento de vivienda a 1,400 meridanos, dar $466,666 a cada una de las 45 comisarías para calles, bacheo, ampliación de red eléctrica y alcantarillado o pagar dos salarios mínimos a 481 personas durante un año en Empleo Temporal, afirma Avila Ruiz.

"Quiero dejar bien claro que no estoy en contra de que venga Shakira, la artista es bienvenida a Mérida, ojalá viniera 10 veces. Estoy en contra de las mentiras y de la forma en que este Ayuntamiento la está trayendo", subraya el legislador.- FéLIX UCáN SALAZAR

En contexto:
Rumor | Agresiones

Circulan rumores en el sentido de que grupos de porros realizarían actos vandálicos durante el concierto de mañana:

Porros

Según algunas fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato por su cercanía con ex funcionarios públicos, un partido político estaría preparando grupos de porros que realizarían actos vandálicos contra los automóviles de quienes acudan al concierto de Shakira.

Mil pesos

El rumor señala que se pagarían mil pesos por cada vándalo que acuda a golpear, rayar y robar partes de automóviles.

Estacionamientos

Según se informó, la gente que acuda al espectáculo en automóvil podrá dejarlo en el estacionamiento de Plaza Sendero, de donde la Comuna los transportará a La Plancha. Ahí estarían bien cuidados.-

Pagan los más pobres a Shakira

Noticias de Yucatán

(shakira, peculado, desvío, despilfarro, sordera)

15 julio 2011
Numerosos trabajadores, algunos con playeras del Ayuntamiento de Mérida, arman y acondicionan el escenario y el terreno de la Plancha en el que mañana se presentará Shakira
Numerosos trabajadores, algunos con playeras del Ayuntamiento de Mérida, arman y acondicionan el escenario y el terreno de la Plancha en el que mañana se presentará Shakira Ver fotos(1)

El polémico concierto de la cantante colombiana Shakira no solamente no ha sido financiado con dinero de patrocinadores, sino que además el Ayuntamiento que encabeza Angélica Araujo Lara realizó una operación totalmente fuera de la ley al tomar el dinero que envía la Federación por medio del Ramo 33, prácticamente intocable por tratarse de recursos etiquetados para el desarrollo social, para cubrir el salario y los gastos de la artista internacional.

Se trata de un daño muy grave al patrimoniode los meridanos, principalmente de los que menos tienen, quienes son realmente los que están pagando el concierto. El diputado federal Daniel Avila Ruiz presentó ante la Auditoría Superior de la Federación una denuncia por desvío de recursos del municipio
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Denuncia federal en puerta por el caso Ucú

08 abril 2011
Noticias de Yucatán

(ucú, denuncia, peculado, despilfarro, mentiras, cinismo, corrupción)

8 abril 2011
El peculado es una acusación dolosa, afirma el Ejecutivo
Hugo Laviada Molina, Alfredo Rodríguez Pacheco y Patricia Gamboa Wong, en una conferencia de prensa sobre los líos de tierras en Ucú el año pasado
Hugo Laviada Molina, Alfredo Rodríguez Pacheco y Patricia Gamboa Wong, en una conferencia de prensa sobre los líos de tierras en Ucú el año pasado Ver fotos(1)

"Ante la denegación de justicia en Yucatán por el caso Ucú, estamos explorando qué tipo de denuncia interpondremos ante las instancias federales, porque no se puede quedar así el daño patrimonial por $360 millones que nos han ocasionado a los yucatecos", advierte el senador Alfredo Rodríguez Pacheco.

"Este asunto no es político ni es una bandera del PAN, es cuestión de respeto a las leyes. Están bailando $360 millones, pues ya se gastaron sin tener las tierras a cambio y es nuestra obligación vigilar el buen uso del dinero público", subraya el legislador.

El consejero jurídico Sergio Cuevas González afirma que la denuncia por peculado es una acusación dolosa del PAN, ya que la anterior administración hizo una operación similar en 2005 con la compra de tierras en Hunucmá para el aeropuerto.

"La Auditoría Superior de Fiscalización ordenó que se revise la compra, porque las tierras se pagaron sin haber concluido el trámite de escrituración, de lo que hoy nos acusan", indica.

"El ex secretario de gobierno Pedro Rivas alegó que de acuerdo con los artículos 1398 y 1407 del Código Civil de Yucatán, la venta es obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entregada o el segundo satisfecho".

"Y desde el momento en que la venta es perfecta, pertenece la cosa al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos el derecho de exigir al otro el cumplimiento del contrato. Es lo mismo que nosotros alegamos", dice el consejero.

“La Procuraduría no ha citado a nadie por la denuncia de Ucú”

22 julio 2010
Noticias de Yucatán

Un senador lamenta que en Yucatán la justicia no sea pareja
22/07/2010

“Hasta donde sabemos, la Procuraduría no ha citado a comparecer a nadie por nuestra denuncia de peculado por el caso Ucú, lo que demuestra las dos pesas y dos medidas que aplica este gobierno en materia de justicia”, señala el senador suplente Hugo Laviada Molina.

“Por un lado, hay tortuguismo deliberado porque la denuncia involucra a funcionarios de gobierno, y por el otro, resulta evidente la inusitada celeridad con que se cita y procede contra funcionarios y ex funcionarios del PAN”, apunta.

El doctor Laviada Molina indica que mientras se protege a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a la ex directora del IVEY, ahora alcaldesa, Angélica Araujo Lara, señaladas en la denuncia por peculado, se aplicó enseguida el embargo a la ex directora de la Japay, Lolbé Carrillo Jiménez, y se citó al Ministerio Público al ex alcalde César Bojórquez Zapata, para que declare en torno a la ampliación de una concesión de la planta de separación de basura.

“Niños y Crías ya refrendó públicamente que el dinero que les dio la Japay está intacto y ya generó hasta intereses, es decir, no hubo ningún daño patrimonial, pero este gobierno ya castigó a Lolbé Carrillo.

“Y en el caso de César Bojórquez ya quedó claro que no hubo ninguna irregularidad, que la ampliación de la concesión se aprobó por unanimidad en el Cabildo, pero se le trató de exhibir dolosamente.

“Por el contrario, en la compra-venta de tierras de Ucú hay $343 millones que están al aire. La ley le prohíbe al gobierno pagar por un bien si no tiene la propiedad, así que aquí se configura el desvío de recursos”, subraya Laviada Molina.

“Me extraña que la gobernadora y la ex directora del IVEY guarden silencio y no hayan salido, hasta hoy, a defender su buen nombre. Deberían ser las primeras interesadas en aclarar todo, si es que no hay nada irregular”, indica el senador.

El galeno, como informamos en primera plana, asegura que el ejido de Ucú no está a un paso de obtener los títulos de propiedad como declaró su asesor Luis Fernando Pérez Escalante.

También advierte que el pago del saldo de $11.7 millones al ejido, que ofreció cubrir el Ejecutivo en 15 días, sólo reforzará la denuncia por peculado.

“Están entrampados, no hay títulos de propiedad, no pueden pagar, cerrar la operación y tampoco recuperar los $343 millones”, afirma.

Habrá otra denuncia por el caso Ucú

Noticias de Yucatán

Un senador dice que el RAN no le dio el visto bueno al ejido
22/07/2010

“Si el gobierno del Estado insiste en pagar el finiquito de las tierras al ejido de Ucú incurrirá en un acto de contumacia y reforzará la denuncia por peculado”, advierte el senador suplente Hugo Laviada Molina.

“Sería reiterar una violación a la ley, ya que estaría pagando por un bien que no tiene, pues no hay títulos de propiedad de por medio”, subraya el galeno, quien junto con la ex diputada Patricia Gamboa Wong interpuso la denuncia por peculado y prestación indebida del servicio público por el caso Ucú.

Hugo Laviada afirma que es falso que el Registro Agrario Nacional (RAN) le haya dado el visto bueno al ejido de Ucú para que obtenga el dominio pleno de sus tierras y se los pueda vender al gobierno del Estado.

“El oficio al que hace referencia su asesor Fernando Pérez Escalante es del 8 de enero, antes de que se descubra que el caso está lleno de irregularidades y se ordenara frenar el proceso”.

Hugo Laviada afirma que en unos días estará lista otra denuncia que interpondrán por la compraventa de tierras en Ucú, pero esta vez ante el Ministerio Público de la Federación.

“Encontramos elementos interesantes para proceder por esta vía”, afirma.

Más millones al caso Ucú

20 julio 2010
Noticias de Yucatán

El Ejecutivo pagaría hoy el último saldo a los ejidatarios
20/07/2010

En medio de un clima de expectación, por el escándalo que ha generado, el gobierno del Estado pagaría hoy el último saldo a los campesinos de Ucú por la pretendida compra de 3,012 hectáreas del ejido.

Sin contar con los títulos de propiedad y precedido por una denuncia por peculado, que parece estar “congelada”, el Ejecutivo finiquitaría el pago de las tierras, en una operación que se inició en febrero de 2008, hace dos años y cinco meses.

El secretario del comisariado ejidal de Ucú, Santos Rogelio Dzul García, afirma que Luis Fernando Pérez Escalante, asesor e intermediario, ofreció que hoy a las 10 horas pagará el último saldo de $39,000 a los ejidatarios y $27,000 a los posesionarios para cerrar el trato.

La derrama ascendería, sumando lo que recibirán los 176 ejidatarios y los 180 posesionarios, a $11.7 millones.

Ese dinero equivale al presupuesto anual del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), rebasa el presupuesto del Tribunal Electoral del Estado y alcanzaría para pagar la nómina de un año de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del Estado.

A 27 meses de que se presentó con bombo y platillo el Plan Maestro Ucú (sábado 4 de abril de 2008), no se ha concretado ni la propiedad de las tierras de ese proyecto, que fue anunciado como la futura segunda ciudad más grande de Yucatán, con 56,800 viviendas.

El megadesarrollo de Ucú tendría, según el gobierno del Estado, 16 mercados públicos, dos centros comerciales, 20 tiendas de autoservicio, 12 plazas de usos múltiples y 12 mercados sobre ruedas. Todo sigue en el papel.

“Mañana va a haber otra borrachera”, anticipa Eleucadio Osorio Dzul, de 72 años. “Muchos derrocharon sólo así su dinero”.

“Cuando es día de pago los salones cerveza traen hasta meseras para atraer a los ejidatarios porque saben que están forrados. Una cuartita (de cerveza) la dan en $40”, dice el vecino de Ucú.


Pago

- Bajo la lupa El Ejecutivo dice que ya pagó $343 millones al ejido y admite que aún no tiene la propiedad.

Peculado Legisladores del PAN denunciaron que se trata de un caso de peculado, en el que involucran a la gobernadora Ivonne Ortega y a la ex directora del IVEY, hoy alcaldesa, Angélica Araujo Lara.

Ucú recibiría $11.7 millones
Sería el último pago del Ejecutivo, sin tener la propiedad

20/07/2010

El secretario del ejido de Ucú, Santos Rogelio Dzul García, afirma que el gobierno del Estado les pagaría hoy, por medio del intermediario Luis Fernando Pérez Escalante, el saldo que les debe por las 3,012 hectáreas que pretende adquirir.

El pago, dice, comenzaría a las 10 horas en el local del comisariado ejidal, ubicado a unos metros de la plaza principal. Primero cobrarían los 176 ejidatarios, a $39,000 cada uno, y luego seguirían los 180 posesionarios, quienes recibirían a $27,000.

La derrama sería de $11.7 millones, para beneplácito de cantineros y comerciantes de Ucú.

“A ver si puedo cobrar hoy lo que me deben los compañeros”, comenta Dzul García, quien da dinero al interés a sus colegas del ejido que no cuidaron los $950,000 que han recibido.

“Muchos malgastaron su dinero y ahora andan prestando. Yo les doy porque sé que van a recibir un saldo”, dice el secretario del ejido.

“Lo gastaron en mujeres y en parrandas. Otros compraron sus camionetas, en vez de que lo cuiden o inviertan”.

En abril de este año, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, presidente y tesorero del ejido de Ucú, informaron que el gobierno del Estado les congeló un último pago, en tanto no salgan los títulos de propiedad de las 3,012 hectáreas.

Los campesinos aseguraron que los ejidatarios ya habían recibido de 2008 a esa fecha $950,000 y los posesionarios $700,000 cada uno, lo que hace un total de $293.2 millones.

Según el gobierno del Estado, ya pagó $343.3 millones, de manera que hay $50 millones cuyo destino se desconoce.

Euán Dzul y Chan Dzul afirmaron que el gobierno del Estado les ofreció pagar $1.008,000 a cada uno de los ejidatarios y $800,000 a cada uno de los posesionarios por las 3,012 hectáreas que están en suspenso.

Santos Rogelio Dzul recuerda que está pendiente también un pago del “comprador de Monterrey”, que pretende adquirir otras 591 hectáreas del ejido.

Legisladores del PAN afirman que ese comprador es el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

El senador Hugo Laviada Molina señaló que Enríquez Hernández es el operador en varios estados de un proyecto inmobiliario que genera recursos para las campañas del PRI.

El senador suplente y la ex diputada Patricia Gamboa Wong interpusieron, como informamos, una denuncia por peculado contra la gobernadora Ivonne Ortega y la ex directora de la Cousey y el IVEY, Angélica Araujo Lara, entre otros funcionarios del Ejecutivo.

La compra de tierras en Ucú nació y sigue bajo la polémica. Comenzó con una protesta de ejidatarios que se dijeron sorprendidos por el trato que realizó a sus espaldas el ex comisario Miguel Pech Cabrera.

Enterado del caso, el procurador agrario Jacinto Sosa Novelo denunció que la Cousey se “brincó” a esa dependencia en la compra de tierras en Ucú y la acusó de usar dinero público como capital de riesgo y de actuar como cualquier especulador.

De entonces a la fecha han surgido acusaciones y la denuncia por peculado ante el Ministerio Público. Al salir en defensa del caso, el consejero jurídico del Ejecutivo, Sergio Cuevas González, afirmó que se trata de una “compra perfecta”, aún cuando admitió que carecen de los títulos de propiedad.

Hugo Laviada Molina dijo que la “compra perfecta” sólo se aplica en casos civiles y le revirió que esa confesión se convirtió en la “prueba perfecta” de la denuncia por peculado.

En una carta que distribuyó en el Senado, la gobernadora hizo veladas amenazas al senador yucateco.

Ucú, un “callejón sin salida”

05 mayo 2010
Noticias de Yucatán

  • El caso llega a la Cámara de Diputados: piden al Ejecutivo que se desista
  • Un senador hace más revelaciones de la compra paralela
05/05/2010

“Ya averiguamos con las autoridades agrarias del más alto nivel qué hay con las tierras de Ucú y la respuesta es contundente: su estatus jurídico sigue siendo ejidal, de manera que no es sujeto de compraventa”, afirma el senador Hugo Laviada.

“La ley civil es muy clara: si no hay cosa, no hay compra. En este caso no hay cosa porque no hay títulos de propiedad en Ucú, así que el gobierno del Estado está en un callejón sin salida”, sub- raya el legislador panista.

El escándalo de las tierras llegó el viernes a la Cámara de Diputados: la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama planteó un punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo a que “se abstenga de continuar con la irregular adquisición de terrenos del ejido de Ucú, considerados como zona forestal”.

La legisladora dice que esa propuesta pasó en bloque con otros puntos de acuerdo y no obstante que se dijo lo medular sobre en qué consistía y quién la presentó, ningún diputado yucateco del PRI la objetó ni rebatió sus argumentos.

En la sesión, dice, estuvo también el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán, compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a quien se involucra en la compra paralela de tierras en Ucú.

“El punto de acuerdo se turnó a comisiones”, dice la diputada.

El senador Laviada afirma que la “compra encubierta” de Enríquez se pretende hacer mediante 3 campesinos: Santos Dzul Pech, Alfonso Can Valdez y José Guadalupe Pech Balam, a quienes se les “parcelaron” 576 hectáreas. “La operación tiene los mismos vicios”.


Ucú

- Denuncia Legisladores del PAN sostienen que el Ejecutivo desvió $343.3 millones en el caso Ucú.

Dos delitos El sábado, como informamos, presentaron una denuncia por peculado y prestación o abandono de un servicio público contra quienes resulten responsables por las operaciones de Ucú. Ese mismo día ratificaron su denuncia.


La Semarnat irá a Ucú
“Se les echó a perder el negocio”, afirma el senador Laviada

05/05/2010

“El ejido de Ucú ya recibió un apercibimiento para que técnicos de la Semarnat realicen una inspección para verificar si las tierras que pretenden vender al gobierno del Estado son forestales”, afirma el senador Hugo Laviada Molina.

“La ley dice que si en una hectárea hay más de 15 árboles con troncos de un diámetro de 11 centímetros se cataloga como forestal. Así que no hay vuelta de hoja, las 3,012 hectáreas son forestales”, subraya el legislador.

“Lo único que van a hacer los técnicos de la Semarnart es corroborar que, efectivamente, se trata de selva y que esa superficie no es sujeta de parcelización y, por tanto, de venta”, asegura el doctor Laviada.

“El art 59 de la Ley Agraria dice que cualquier operación que se haga en ese caso es nulo de pleno derecho”.

“En la misma situación están las 576 hectáreas, no son 581 como se había dicho, que Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega, pretende adquirir para los negocios inmobiliarios que generan dinero para las campañas del PRI”, dice el legislador panista.

“Ya detectamos que quiere apoderarse de ese filete, pues son las tierras mejor ubicadas, entre Ucú y Ciudad Caucel, las de mayor plusvalía, por medio de tres ejidatarios: Santos David Dzul Pech, Alfonso Can Valdéz y José Guadalupe Pech Balam”.

“Pero, les falló: la compra encubierta tiene los mismos vicios que las 3,012 hectáreas que pretende comprar el Ejecutivo.

“Son tierras de uso común, son forestales y no se pueden enajenar. Aquí lo extraño es que tanto el ejido como el gobierno del Estado sabían que era necesario contar con el dictamen de la Semarnat y nunca lo solicitaron. ¿Pensaron brincarse la ley como acostumbran?.

“Ahora que han quedado al descubierto las irregularidades son capaces de meter maquinaria y deforestar el ejido, para que cuando llegue la Semarnat vea que no hay árboles, que no se cumple la condición que establece la Ley Forestal.

“Son capaces de todo, así que vamos a estar muy pendientes. Si lo hacen incurrirían en otros delitos”, advierte el senador.

El presidente y el tesorero del ejido de Ucú, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, confirmaron, como publicamos, que las tierras siguen siendo ejidales y revelaron que les congelaron sus pagos hasta en tanto no obtengan los títulos de propiedad tanto de las 3,012 hectáreas como las 576 que les pidió “un comprador de Monterrey”.

Los directivos revelaron también que el intermediario del gobierno del Estado, Fernando Pérez Escalante, es el mismo que opera la compra paralela, orquestada, según los legisladores panistas, por Felipe Enríquez..

“Las dos compras están fuera de la ley, se les echó a perder el negocio”, afirma Hugo Laviada.

“En la denuncia que interpusimos el sábado hay nuevos elementos que involucran a la ex directora de la Cousey, Angélica Araujo (Lara, candidata del PRI a la alcaldía). También tiene responsabilidad”.

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