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En Yucatán aumentarán penas por abuso sexual contra menores de edad

04 abril 2018
Noticias de Yucatán


En comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad incrementar la pena a un máximo de 12 años de prisión, a quien cometa el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad, al modificar dos artículos del Código Penal del Estado.

Durante el análisis del dictamen avalado, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez (PRI) informó que la reforma además plantea que esta acción penal será imprescriptible; es decir, que estará vigente sin importar que haya transcurrido un cierto periodo de tiempo, siempre y cuando la víctima sea menor de edad o no tenga capacidad para comprender el hecho o resistirlo.
“Estamos a favor de establecer en el Código Penal medidas más rígidas en materia de abuso sexual, que permita castigar a los delincuentes con mayor fuerza y por ende disuadirlo”, aseveró.
Además, Rivas Rodríguez indicó que con este producto legislativo se incluyen preceptos que contemplan los tratados internacionales, de los que México forma parte y que garantizan el respeto y la defensa de los derechos de la niñez.
“Hoy en día, el abuso sexual en menores de edad es un fenómeno que impacta directamente en diferentes esferas del ámbito social, por lo que la exigencia generalizada es la implementación de mayor castigo para quienes atenten en contra de la integridad física y mental de este sector vulnerable”, señaló.
El presidente de la comisión, Daniel Granja Peniche (PRI) instruyó a la Secretaría General enviar el producto legislativo a todos los diputados de la LXI Legislatura para su valoración y votación en una próxima sesión plenaria.

Propone diputado del PRI cadena perpetua contra funcionarios corruptos

07 febrero 2018
Noticias de Yucatán 
Con el propósito de hacer frente a la corrupción y la inseguridad que aqueja al país, el diputado federal del PRI, Alejandro Domínguez, propuso reformas para castigar con prisión vitalicia a los funcionarios que incurran en actos corrupción.

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, indicó que dicha reforma de ley establece penalizar a quienes resulten involucrados en delitos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, así como en el ejercicio abusivo de funciones públicas y abuso de autoridad.

El legislador priista señaló que, actualmente, una persona que comete delitos de ese tipo se hace acreedor a una sanción de tres meses a dos años de prisión, pero la sanción para tales actos debe ser “ejemplar, como la prisión vitalicia a quienes cometan actos de corrupción”.

“No podemos permitir el señalamiento parejo a todos los que hacemos política en este país, a todos los que realizan una función pública. Por lo que debemos dar un mensaje claro de combate firme a la corrupción”.

Para lograr lo anterior, Domínguez Domínguez planteó reformar el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones del Código Penal Federal. Notimex

Advierten sobre la liberación de casi 3,000 reos en México

29 enero 2018
Noticias de Yucatán

Cerca de 3 mil internos saldrán de los penales del país en los próximos seis meses y a través de la Alerta Temprana de Externaciones se avisará de manera anticipada de su salida a las autoridades de prevención y combate al delito para que estén atentas.
Son un total de 2 mil 945 reos, de los cuales mil 388 están por cumplir una condena por robo en todas sus modalidades, excepto vehículo o autoparte; 332 por crímenes sexuales; 288, contra la salud; 166 por homicidio; 154 por portación de arma de uso del Ejército; 123 por robo de vehículo; 85 por lesiones, y 57 por secuestro.
El sistema diseñado por la Comisión Nacional de Seguridad(CNS) se pondrá en marcha en tres meses y remitirá a mandos del sistema de prevención y readaptación social, de las secretarías de seguridad pública, procuradurías y fiscalías del país, datos de identificación del interno, fotografía, peligrosidad, delitos que compurga, nacionalidad, lugar de internamiento y entidad de ubicación del centro penitenciario.
Dará prioridad a los excarcelados por secuestro, homicidio, delitos sexuales y robo de vehículos, sobre todo a los que sean identificados como prioritarios por su nivel de peligrosidad y su perfil criminológico, previamente definidos por las autoridades federales.
La mayoría de los presidiarios, 671, que dejarán la cárcel están recluidos en la Ciudad de México; 251, en Chihuahua; 218, en Sonor; 141, en Veracruz; 137, en Sinaloa; mil 527 en el resto de las entidades. Los que no están en la Ciudad de México representan 22.8%.
Del total de internos de la capital de la República, 135 provienen de la delegación Iztapalapa: 15 cumplen una condena por delitos sexuales y dos por secuestro o privación ilegal de la libertad.
Antes de su detención, la mayoría vivía en las colonias Leyes de Reforma 3ª Sección, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa Cruz Meyehualco y Santa María Aztahuacán. Aunque también algunos procesados principalmente por crímenes sexuales, residían en Santa Martha Acatitla Norte, Santa Martha Acatitla, Degollado, Leyes de Reforma 2ª Sección, Guadalupe del Moral, Cerro de la Estrella, Valle de San Lorenzo, Jardines de San Lorenzo, Fuego Nuevo, Francisco Villa, Paraje San Juan y el Santuario.
“Herramienta de gran utilidad”
El titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la CNS, Ricardo Márquez Blas, aseguró que la Alerta Temprana de Externaciones será una herramienta de “gran utilidad” para las áreas de inteligencia policial, puesto que podrán allegarse de información de los internos con probable salida, para actuar en caso de reincidencia.
“El objetivo es fortalecer las capacidades de inteligencia, anticipación y prevención de los sistemas de información en materia penitenciaria. Al mismo tiempo, focalizar el esfuerzo en segmentos específicos, como secuestradores, delincuentes sexuales y aquellos por robo de vehículos”, afirmó el funcionario de seguridad.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Márquez Blas precisó que el sistema avisará a las autoridades en general, en particular a las áreas responsables de secuestro, delitos sexuales y robo de vehículos, incluyendo a las responsables de prevención del crimen en el país.
“Es decir, a las autoridades responsables tanto del combate de esos delitos como de su prevención”, recalcó.
El funcionario de la Unidad para la Información de la Seguridad, Márquez Blas abundó que la Alerta Temprana de Externaciones fortalecerá las capacidades de anticipación del sistema penitenciario nacional, así como los programas de prevención del delito.
Por otro lado, expuso, dará especial atención a líderes de bandas de secuestradores, a delincuentes sexuales y quienes fueron presos por hurtar autos.
Dijo que el sistema no sólo alertará a las autoridades del sistema penitenciario, sino también a los responsables de seguridad pública, procuración del delito y de prevención del delito.
“En concreto está dirigida a autoridades de prevención y readaptación, secretarías de Seguridad Pública de las entidades de liberación y del lugar de origen, procuradurías y fiscalías de todo el país, unidades especializadas en acciones contra el secuestro, áreas de análisis especializadas en el combate a los delitos sexuales, plagio y robo de vehículos”, detalló.
Márquez Blas precisó que 17% (512) de los 2 mil 945 internos sentenciados y activos con probable externación en 180 días a partir del 17 de enero de 2018 corresponden a los delitos de secuestro, delitos sexuales y robo de vehículo.
“Está fallando”
Jorge Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), afirmó que si la Alerta Temprana de Externaciones, que alista la CNS, es para evitar le reincidencia de los ex presidiarios, dejaría en claro que el sistema de la nación está fallando en su principal cometido.
“Si cumplen la pena y dicen: ‘Tengan mucho cuidado porque van a volver a delinquir’, pues creo que nos dejan claro, con este tipo de alertas, que el sistema está fallando”, consideró el experto.
El especialista aseguró que se estaría estigmatizando a la persona, lo que podría constituir en una violación a su derecho a la no discriminación.
“Una vez que ha cumplido la pena que le ha señalado el Estado, no debería existir ningún otro juicio y ninguna consideración negativa en su contra.
“Se violaría un derecho fundamental que es la garantía a la no discriminación, se le está discriminando por una concepción y por una falsa apreciación”, indicó el especialista.
En contraste, Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana, refirió que es una medida “necesaria” de monitoreo para dar aviso a las autoridades sobre dónde se están generando liberaciones, pero, declaró, también es para generar inteligencia preventiva en el país.
Lo anterior, comentó, para que se focalice algún riesgo y se mitigue con políticas de contención, reconstrucción del tejido social y de detención.
“Sin vulnerar la presunción de inocencia de gente que compurgó una sanción y tomar en cuenta los nuevos contextos criminológicos o de riesgo, simple y sencillamente pongan en previo aviso a las autoridades de seguridad, para que ellos sepan en dónde se están generando las liberaciones”, comentó el experto.
El ex subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR afirmó que México está en una nueva realidad, por lo que “urge que las distintas dependencias se pongan al día. Además, todo viene acompañado de la necesidad de generar información de inteligencia preventiva, que tiene que ver íntimamente con este mapeo adicional de riesgos”.
Consideró que la Alerta Temprana de Externaciones debe ponerse en el contexto de la nueva política criminal del Estado. Martín Barrón Cruz, experto en Ciencias Penales del Inacipe, afirmó: “La Comisión de Nacional Seguridad debe explicar el monitoreo y el mecanismo de seguimiento que realizará a las personas que salgan de la cárcel en los próximos seis meses, para evitar violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, dijo que se evidencia que el sistema penitenciario del país no logra la reinserción. “La cuestión es ver si en realidad sirve para la readaptación, y como dice la Constitución, creo que no”, refirió el especialista.
“No se garantiza la readaptación social”
Guillermo Garduño Valero, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que alertar a las autoridades de seguridad pública de la salida de internos para monitorearlos, es reflejo de que el sistema penitenciario no está funcionando al no garantizar la readaptación social de los sujetos.
El académico advirtió que la alerta puede ser violatoria a los derechos humanos, puesto que los reos no pueden ser tratados como delincuentes una vez que cumplieron la condena que les fue impuesta por determinado delito que cometieron en otra época.
Descartó que a través de este mecanismo, la Comisión Nacional de Seguridad genere información de inteligencia y prevención de delito ante la posibilidad de que reincidan en conductas delictivas.
“La inteligencia es anticipación y la prevención del delito tiene que hacerse antes de que este ocurra, cuando ya ocurrieron los casos de reincidencia lo único que apuntalan es que la personas ya conozcan el procedimiento por el cual van a ser encausados y sepan el punto de salida de inmediato”, comentó Garduño Valero.
El experto auguró que la alerta causará polémica, puesto que no se ha establecido el mecanismo de monitoreo hacia los reos que saldrán de la cárcel en los próximos seis meses. El Universal.

Senadora propone pena de 40 años por "ciberterrorismo"

22 enero 2018
Noticias de Yucatán 
La senadora Verónica Martínez (PRI) propuso reformar el Código Penal Federal para imponer pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días multa a quienes incurran en "ciberterrorismo", o el uso de las tecnologías de la información para causar temor, daño o intimidar a personas o grupos sociales.

La iniciativa prevé esas sanciones para quienes, por medio de las tecnologías de información, intimide o realice actos de coerción causando daños a grupos sociales con fines políticos, religiosos o económicos.
Senadora Veronica Martinez. Foto: El Universal

En la iniciativa se explica que el uso de herramientas tecnológicas para parar, degradar o denegar el acceso a infraestructuras críticas nacionales, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones o los servicios gubernamentales, con los propósitos de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil, es evidentemente una amenaza.

La legisladora por Jalisco expuso que el término "ciberterrorismo" se emplea para hacer referencia a la posibilidad de que sean atacados tanto los sistemas de información como las redes de datos o que estos sean utilizados por y para perpetrar actos terroristas. 

Señaló que se utiliza de modo más frecuente para referirse a una multiplicidad de ataques en contra de las comunicaciones, la información y de los sistemas informáticos que la contienen.

"Son susceptibles de este tipo de delitos las comunicaciones estratégicas, los sistemas de salud, el control aéreo, la videovigilancia, los transportes con sistema computarizado, las armas controladas por sistemas de cómputo, la georreferenciación de vehículos, los objetos que requieren de conexión a la red, las propias redes sociales, los bancos de datos, los sistemas financieros, la telefonía, los mensajes de texto, internet, entre otros". El Debate

Roba en casa de Mérida y al poco rato sale de Penal con fianza de $3,000

19 enero 2018
Noticias de Yucatán

Filiberto Pérez Martin fue detenido y consignado por agentes de la SSP cuando entró a robar en una casa del fracc. Real Montejo.
Sin embargo, en poco tiempo la Jueza de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez concedió al flagrante ladrón la libertad condicional mediante el pago de $3,000 por concepto de fianza.
Este sujeto quien iba acompañado de otro desconocido cometieron su fechoría el 10 pasado, alrededor de las 11.00 horas, en el predio en la calle 51 entre 84 y 84-A del fraccionamiento “Real Montejo”, de esta ciudad y luego de sustraer varios objetos los subieron a bordo de un Figo.
Pero fueron detectados por los tripulantes de una patrulla de la SSP a los cuales les pareció sospechosa la actitud y al revisar el automóvil, observaron que en el interior habían varias cosas cuya propiedad no pudieron comprobar.

El chofer del coche huyó abandonando a Pérez Martín en la calle quien finalmente confesó que poco antes habían robado.

Aclaran que la SCJN no ordenó la liberación inmediata de procesados por delitos graves

12 julio 2017
Noticias de Yucatán


La jurisprudencia que emitió, este miércoles, la Primera Sala en la que determinó que es procedente que inculpados en el Sistema Procesal Mixto soliciten la revisión de la prisión preventiva, de ninguna manera estableció que todos los reos que están en esa situación saldrán a las calles.


Así lo señaló el Ministro José Ramón Cossío Díaz, en conferencia de prensa, al explicar el contenido de la resolución que se basa en lo que señala, de forma explícita, el artículo 5° transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Lo único que dijo ayer la Sala es: puede abrirse la audiencia, no está diciendo la Sala y nunca dijo eso y está clarísimo en el proyecto de sentencia que mañana va a decir todas las personas que estén en prisión preventiva por favor sírvanse abandonar el penal, eso nunca se dijo eh, simplemente se dijo pueden abrir una audiencia”.
Explicó que en esa audiencia la persona tiene que explicar por qué cree merecer la suspensión de la prisión preventiva y el MP, las víctimas y los ofendidos pueden inconformarse con esa petición.
El Ministro Cossío pidió realizar un pacto de estado para no utilizar  las fallas del Sistema Penal Acusatorio con fines políticos.
“Esta cosa es de un pacto de Estado, si estamos me parece frente a algo que de no contenerlo puede generar una crisis mucho mayor… Teniendo el problema de seguridad que tenemos, incorporándose personas a actividades delictivas, teniendo los problemas de prisión que están teniendo, etcétera, me parece que sería  de verdad de un enorme egoísmo pensar o politizar esto o hacer esto un elemento de campaña”.
Dijo que no es correcto decir que el incremento de los índices delictivos es culpa del Sistema Penal Acusatorio, cuando se ha evidenciado la falta de capacitación de los operadores del Sistema.
Hizo un llamado a realizar un autodiagnóstico de las fallas y no seguir repartiendo culpas.
“Simple y sencillamente se asignan las culpas a otro y la sociedad sigue padeciéndola, creo que es un momento de verdad de detención y de decir a ver: hay cosas que desde luego no salieron como se planearon, por qué no guardamos silencio un poco, vemos qué cosas son razonables y qué cosas sí podemos cambiar y qué cosas podemos arreglar”.
Señaló que no es un buen camino incrementar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva,  porque podría saturar las prisiones.


Presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda, cuestiona el actual sistema penal

06 julio 2016
El nuevo sistema judicial se aplica con formalismos extremos que vulneran los derechos de las víctimas, advirtió la organización civil Alto al Secuestro.
En conferencia de prensa, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la ONG, lamentó que en los casos de delitos graves, por ejemplo, el secuestro, se ventilen en juicios orales, lo que refleja la falta de capacitación de los juzgadores.
descargaAl presentar el caso del secuestro del maestro Rogelio Romo Fajardo, plagiado el 17 de junio de 2015 en Michoacán, explicó que la sentencia de primera instancia en oralidad determinó dejar libre a uno de sus captores, a quien la víctima había identificado plenamente por conocerlo desde hace 20 años.
Romo Fajardo dijo que al momento de su plagio le taparon la cara con un suéter, a través del cual logró identificar a su vecino Raúl Mariano Rueda, y que en la casa de seguridad a la que lo llevaron le cambiaron la prenda por una sudadera. En las inspecciones ministeriales, sólo se encontró el suéter.
El juzgado de primera instancia determinó que Rogelio Romo se contradecía y que no comprobó la responsabilidad de Rueda. “Al oír la sentencia nos sentimos desilusionados”, afirmó la víctima.
La decisión, señaló Samuel González Ruiz, asesor jurídico de Alto al Secuestro, fue tomada mediante criterios extremadamente formalistas. “Parece que pasamos de un formalismo de los documentos a uno oral”, declaró.
Cuestionó que la capacitación de los magistrados de oralidad deja a las víctimas sin posibilidad de argumentar para exigir justicia, pues ponderan los derechos del presunto culpable, lo que puede provocar que la población busque justicia por otros medios.

Conocido mininarco meridano ‘estrena’ Codigo Penal y lo ‘festeja’ fuera del penal

26 septiembre 2015
Noticias de Yucatán


Un narcomenudista con varios ingresos al penal por venta de droga fue quien ‘estreno’ el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que entró en vigor el pasado 22 de septiembre en Yucatán.

Se trata de  Florencio Villacís de la Rosa, de 51 años, quien se dedica a la venta de mariguana desde hace mucho.

Ahora fue detenido junto con Jesús Humberto Paredes Quiñónes y ahora enfrentan proceso por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión con fines de suministro de narcótico denominado cannabis.

Sin embargo, ambos corrieron con suerte, pues fueron liberados con la condición de que vayan a firmar ante la autoridad y no salgan de Yucatán.

En la primera audiencia que se realiza bajo el CNPP, en la sala 1 del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), la jueza de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez, ratificó de legal la detención de ambos, después de que escuchara la exposición de los fiscales

En la misma audiencia, la jueza Lizama Sánchez preguntó a los detenidos  si deseaban contestar a los cargos que se les imputaron, pero ambos se reservaron su derecho a declarar.

Se fijó el día 30 de septiembre a las 10:00 horas para continuar con la audiencia inicial, en la que se llevará la vinculación a proceso.

La jueza también determinó que los imputados acudirán diariamente ante la Dirección de Control de Procesos a firmar hasta el día 30 de septiembre, para posteriormente, en caso de una vinculación, acudir cada 15 días a la misma agencia, durante ocho meses, en lo que llega al fin el caso.

El expediente indica que el 22 de septiembre  a las 18:25,  los sujetos caminaban sobre la calle 7 diagonal de Juan Pablo II, pero al ver a un agente policiaco corrieron como reacción a su presencia.

Debido a eso, el agente les dio alcance y al solicitarles que mostraran sus pertenencias encontró en la mochila de uno 116 bolsitas de hierba seca, que, posteriormente, los peritos determinaron como cannabis  y en la del otro detenido encontró 24 envoltorios del mismo narcótico.

Casos penales, desde ayer con la norma nacional

23 septiembre 2015
Noticias de Yucatán



Con la entrada en vigor en Yucatán del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde ayer se aplican simultáneamente tres normas de ese rango en la entidad: el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, el Código Procesal Penal y ahora el nuevo ordenamiento nacional, aunque los dos primeros irán desapareciendo en forma paulatina.

Marcos Alejandro Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, explicó que el Código de Procedimientos en Materia Penal corresponde al sistema tradicional y ha dejado de tener vigencia en el interior del Estado y luego en Mérida de manera gradual.

En Mérida, por ejemplo, sólo es aplicable para los casos anteriores al 3 de junio de 2014, cuando entró en vigor el Código Procesal Penal, que establece los juicios orales en Yucatán y sólo se aplicará ahora para resolver casos ya iniciados con esa modalidad.

A partir de ayer martes, precisó el doctor Celis, los asuntos nuevos se atienden con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El magistrado presidente fue entrevistado después de la sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia que se llevó al cabo ayer con motivo del inicio de la vigencia del código nacional.

Entre otras cosas, informó que en la actualidad la mayoría de los estados ya comenzó a aplicar el código. El plazo para hacerlo vence el 8 de junio de 2016, cuando en todo el país deberá estar implantado el nuevo sistema.

También dijo que el Código Procesal local que dejó de tener vigencia ayer es un ordenamiento de avanzada que ya establecía prácticamente todos los principios del sistema acusatorio. Las diferencias con el nacional son de algunas modalidades, pero básicamente considera las mismas reglas.

“Creo que estamos a nuestro propio ritmo”, apuntó, al recordar que Yucatán fue de los estados que se anticiparon a los cambios. “Tomamos nuestros tiempos para capacitarnos, para no andar con prisa, y hoy es la fecha para que entre en vigor (el código nacional). Creemos que vamos a buen paso”.

En su mensaje en el pleno, el magistrado Celis manifestó que la entrada en vigor del código nacional requirió “de una participación comprometida, coordinada y puntual de los Poderes del Estado, a fin de hacer efectivo el mandato legal”.

Entre los invitados especiales en la sesión estuvieron el fiscal general, Ariel Aldecua Kuk, y el consejero jurídico del gobierno del Estado, Ernesto Herrera Novelo.

El martes 22 entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales

20 septiembre 2015
Noticias de Yucatán



Aunque Yucatán lleva un paso adelante, este martes entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales

A partir del próximo martes 22, la justicia penal en Yucatán se regirá bajo dos normas: el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ese día entrará en vigor, y el Código Procesal Penal del Estado, que sólo se estará aplicando para casos en curso.

“Se debe abrogar el código local, pero se le estará aplicando en casos ya iniciados o que están en investigación ante la Fiscalía General del Estado o en proceso ante un juez de control”, explica Luis Edwin Mugarte Guerrero, juez de control del Primer Distrito Judicial.

El funcionario del Poder Judicial del Estado hace notar que Yucatán tiene un paso adelante, pues fue la cuarta entidad del país en adoptar de manera plena el sistema acusatorio y oral en todo su territorio.

En efecto, en Yucatán se aplica desde noviembre de 2011 el sistema penal acusatorio, que tiene como principios fundamentales la oralidad, la presunción de inocencia, la continuidad y concentración; la publicidad, la inmediación y la contradicción. De esta manera, el Estado se adelantó cuatro años al plazo establecido para replicar las reformas que impone el código nacional.

Con miras a esos cambios, en mayo de 2010 se reformó la Constitución local y a partir de entonces se crearon ocho nuevos ordenamientos: Código Procesal Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de la Fiscalía General del Estado, Ley del Instituto de Defensa Pública, Ley de Ejecución de Sanciones, Ley de Justicia para Adolescentes, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Ley de Justicia Constitucional. También se reformó el Código Penal del Estado, para armonizarlo con el Código Procesal.

El juez Mugarte Guerrero dice que con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se incorporan más derechos para la víctima y también para el imputado.

Entre los cambios más significativos menciona que ahora se podrán ampliar o reducir los plazos, según sea el caso, y se imponen obligaciones —ya no se les llamará facultades— a los policías.

“Una de las nuevas obligaciones de los policías es que tendrán que hacer saber sus derechos a la víctima”, añade. “También se reestructuran los conceptos. Por ejemplo, en Yucatán hablamos de salidas alternas, pero el código nacional se refiere a soluciones alternas; podríamos decir que es lo mismo, pero se supone que el segundo término es el más adecuado”.

“También hay obligaciones para el defensor. Un defensor podrá decir muchas veces que no ofreció testigos porque no lo creyó necesario, pero ahora la ley dice que es una obligación ofrecer medios o datos de prueba. Obviamente, si los hay…

“Ahora la ley advierte: son tus obligaciones, defensor; son tus obligaciones, policía, incluso al Ministerio Público. Ya no se trata de responder si lo quiero hacer como facultad o derecho, sino que es una obigación, y cuando no lo hagas hay que decir por qué no lo hiciste, fundar y motivar por qué no lo vas a hacer”.

El abogado Mugarte señala que en el código nacional se establece la figura de las medidas de protección, que “son muy buenas y se generalizan a todo tipo de víctima, para todo tipo de delito”.

“La Fiscalía las va a otorgar si se llenan los requisitos”, prosigue. “Por ejemplo, separación inmediata del domicilio, vigilancia en el domicilio, regreso al domicilio una vez que están eliminadas las fuentes de peligro…”

El Consejo de la Judicatura Federal manifiesta que con el nuevo sistema de justicia penal se genera un valor agregado, ya que la eventual aplicación de mecanismos alternos de solución —se privilegia la libertad sobre la prisión— y de justicia restaurativa se reduce el congestionamiento de asuntos en los órganos jurisdiccionales.

Además, agrega la institución, se asegura el debido proceso legal y se evita lo extenso de los procedimientos que abarca el sistema tradicional.

Los principios de continuidad y concentración exigen que las audiencias se lleven al cabo “en forma continua, sucesiva y secuencial” y, preferentemente, el mismo día. Por eso en la audiencia inicial se desahogan los siguientes puntos: control de la detención, formulación de la imputación, declaración preliminar, situación jurídica del imputado, medidas cautelares, plazo para el cierre de la investigación, y vinculación a proceso (lo que se conocía como formal prisión) en caso de que el imputado desee renunciar al plazo constitucional de 72 horas.

En otro lugar de esta página abordamos otros ángulos del sistema penal. Por lo extenso de los conceptos, en próximas edicio informaremos más sobre el tema.— ANGEL NOH ESTRADA

Respeto todos los comentarios, pero cuando alguien opina que no se hizo justicia lo dice sin saber o porque es ajeno al drama penal que ya se solucionó

Aseguran que ahora sí tendrán más derechos las víctimas en casos penales

26 agosto 2015
Noticias de Yucatán



Boletín 
Las víctimas tendrá un papel preponderante y contarán incluso con más derechos que los imputados en los procesos penales con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que entrará en vigor en Yucatán el próximo 22 de septiembre, coincidieron en señalar funcionarios judiciales y Estatales en el marco de la mesa panel para presentar el libro “Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales”, realizada ayer en la sede del Poder Judicial del Estado.
La mesa panel estuvo moderada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal y participaron con exposiciones el Dr. Gabriel Zapata Bello, titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la implementación de la reforma en materia de seguridad y justicia en el Estado de Yucatán, la jueza del Tribunal segundo de juicio oral, María del Socorro Tamayo Aranda y el secretario de estudio y cuenta de la ponencia segunda del Tribunal Superior de Justicia del Estado José Christian Pérez Flores.
Al abrir la mesa panel, Pérez Flores explicó que este nuevo Código nacional, el cual sustituirá gradualmente a los Códigos procesales de cada una de las 32 entidades del país,  otorga a las víctimas el derecho de contar con un asesor jurídico gratuito en todas las etapas del proceso penal, el cual tendrá calidad de “parte” en las audiencias, es decir, podrá actuar en igualdad de condiciones tanto como cuentan el Ministerio Público o la Defensa.
Con este nuevo actor en los procesos, el asesor jurídico, el Ministerio Público dejará de tener la representación de la víctima, lo cual le permitirá realizar un trabajo sea más objetivo y eficaz, aseguró.
Pérez Flores explicó que el asesor jurídico podrá presentar alegatos ante el juez o el Tribunal, al igual que hoy en día en las audiencias lo hacen los representantes de la Fiscalía y de la Defensoría e incluso solicitar medidas cautelares.
Esto quiere decir, que aunque es facultad de los fiscales solicitar las medidas cautelares y la defensa puede rebatir dicha solicitud, el representante jurídico podría plantear ante el juez otras medidas cautelares diferentes si así conviene a los intereses de su representada que es la víctima. Asimismo, podrá solicitar al juez  otros medios de reparación del daño que dejen completamente satisfechas a las víctimas.
Cabe señalar que estas apreciaciones y otras vertidas en esta mesa panel se desprenden de un análisis integral que 159 funcionarios realizaron durante seis meses, en torno al contenido del CNPP, como una práctica de capacitación, conocimiento y difusión hacia todos los integrantes de la institución, trabajos que fueron coordinados por el magistrado Ricardo de Jesús Avila Heredia, presidente de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En su función de moderador de la mesa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal, expresó que la entrada en vigor del CNPP tendrá un impacto positivo en el sistema de justicia de Yucatán, tal como se desprende del análisis que compendia la obra que se presentó.
Continuando con su intervención el funcionario judicial Pérez Flores habló también del procedimiento abreviado, cuestión muy debatida incluso antes de su inclusión en los Códigos locales y en el propio CNPP, dado que se puede interpretar como una “justicia negociada”, lo que rechazó porque, dijo, “cuando hay negociación, eso ya no puede llamarse justicia”.
Explicó que el procedimiento abreviado está contemplado en el CNPP y es una forma de acelerar el proceso, cuando el imputado ha aceptado su participación en un hecho delictivo y existen medios de convicción suficientes para corroborar la acusación.
Por su parte, la jueza del Tribunal segundo de juicio oral, María del Socorro Tamayo Aranda, abordó la etapa de juicio oral en el CNPP y su relevancia ya que “es en esta audiencia que los datos y medios de prueba se hacen realidad, es decir, se presentan las personas que hicieron los peritajes, los propios objetos materiales encontrados en el lugar de los hechos y el contenido de los documentos como peritajes o pruebas documentales”.
Dijo que en el CNPP el Tribunal puede ser colegiado, como actualmente existe en Yucatán, pero también unitario, es decir, integrado por un solo juez. Este ordenamiento aborda la forma en la cual se llevará la audiencia de juicio, y la manera de interrogatorio de los testigos, víctimas o acusados y la garantía que los jueces deben proveer a testigos que sean menores de edad, de que no se vulneren sus Derechos en la audiencia
Señaló que el llegar a un juicio para resolver un asunto penal implica un enorme gasto no sólo para el Estado, sino para las partes, incluyendo a la víctima.
En su oportunidad, el  Dr. Gabriel Zapata Bello, titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la implementación de la reforma en materia de seguridad y justicia en el Estado de Yucatán, habló sobre el tránsito que desde hace 6 años ha pasado Yucatán para cambiar un sistema penal que ha prevalecido durante más de 100 años.
“Lo más difícil no ha sido cambiar las leyes, construir edificios o dar cursos de capacitación, lo más difícil ha sido crear una cultura jurídica que esté mas enfocada hacia la atención a la víctima y la reparación del daño”, aseguró.
Somos la primera entidad que cuenta con un libro como el que se presenta ahora, el cual contiene criterios e interpretaciones de los miembros de la judicatura de Yucatán que reflejan la experiencia de estos casi cinco años que ya lleva el sistema en nuestro estado, señaló.
Aseguró que el impacto de la entrada en vigor del CNPP va a ser muy importante, pero no será tan traumático como ha sido para otros estados porque Yucatán creó cuerpos normativos y procesos a partir de la reforma penal de 2008, que fue cuando se inició el cambio al actual sistema, a diferencia de entidades que empezaron antes de esa reforma como Chihuahua o Morelos.
Dijo que esta obra aporta un análisis de los distintos conceptos del Código tomando como referencia otras leyes que rigen los procesos penales como son la ley de medidas cautelares, la ley general de víctimas, la ley de mecanismos alternos y solución de controversias, las leyes orgánicas del Poder Judicial y más recientemente la propuesta de reformas al propio Código Nacional, además de que integra referencias de Tratados Internacionales, sentencias de organismos internacionales e incluso tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Yucatán, con un paso adelante en justicia para adolescentes

07 agosto 2015
Noticias de Yucatán



Preparativos para que entre en vigor una ley nacional



A dos meses de que se aprobaron las reformas constitucionales para dar pie a una nueva Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, Yucatán ha realizado preparativos que lo mantienen con un pie adelante en esa materia, según afirma Santiago Altamirano Escalante, magistrado de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Dentro de esos preparativos, hoy viernes, en el Tribunal Superior de Justicia, se impartirá la conferencia “La Ley Nacional de Justicia para Adolescentes”.
Eventos de este tipo, explica el magistrado Altamirano Escalante, tienen trascendencia no sólo para el Poder Judicial del Estado. “Tienen que ver con la conservación de la dinámica jurídica que tiene Yucatán en los ámbitos de seguridad y justicia”, subraya.— A.N.E.
En síntesis
Reforma constitucional. Para dar paso a la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes fue necesario reformar los artículos 18 y 73 de la Constitución.
Hace dos meses. Él Congreso de la Unión emitió la declaración de aprobación en junio pasado.

Aprueban entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Legales

29 noviembre 2014
Noticias de Yucatán ()


De forma unánime, el Pleno de Diputados de la LX Legislatura de Yucatán aprobó el Decreto por el que se declara la entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado el 22 de septiembre de 2015,  la Iniciativa de Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y  la Iniciativa que modifica la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado.
Con lo anterior, el Estado se adelantará nueve meses al plazo máximo para la implementación del mencionado Código, cumpliendo antes del tiempo previsto con la adecuación de la terminología procesal y de cada una de las actuaciones que deben hacer los defensores públicos, garantizando con ello la correcta y eficiente impartición de justicia en la entidad.
Al someterse a discusión los dictámenes probatorios, relativos a cada una de las tres Iniciativas presentadas por el Gobernador Rolando Zapata Bello y el Secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán, diputados de las fracciones parlamentarias manifestaron su voto a favor.
El diputado José Castillo Ruz (PRI), Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, indicó que con las reformas se logra homologar la Ley Adjetiva en materia penal, cuyo objetivo es garantizar un debido proceso, cimentado en los principios de Publicidad, Contradicción, Concentración, Continuidad, Inmediación e Igualdad, así como aquellos principios reconocidos por nuestro país en Tratados Internacionales.
“Estamos ante el Paradigma de un nuevo modelo único en el proceso de investigación y persecución de los delitos, rompemos décadas de criterios diversos a lo largo y ancho del territorio nacional; con la entrada en vigor de este Código Nacional, alcanzaremos de manera uniforme consolidar la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal”, abundó.
El diputado Javier Chimal Kuk (PAN), señaló que hoy más que nunca su fracción parlamentaria entiende el significado y exigencia de justicia pronta y expedita para los ciudadanos. Además de que resaltó que con los cambios aprobados se da un equilibrio entre los derechos de la víctima y los del imputado, calificando a esta transformación jurídica como un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente en materia legislativa y política.
Por otra parte, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal la Iniciativa del Ejecutivo del Estado con la que somete a consideración el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda de Yucatán.
También las Iniciativas del Ejecutivo del Estado de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015; Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal; así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.
Asimismo, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Presupuesto las Iniciativas presentadas por 106 Ayuntamientos del Estado con las que someten a consideración de su Ley de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015; además de la Iniciativa de nueva Ley de Hacienda del municipio de Río Lagartos y las Iniciativas de reformas a la Ley de Hacienda de cinco municipios de Yucatán.
En Asuntos Generales, el diputado Mauricio Vila Dosal (PAN), presentó una propuesta de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante el Pleno del Congreso de Yucatán. Al someter a consideración del Pleno la propuesta, ésta fue no admitida por mayoría de votos en contra.
En otros temas, la diputada Elsa Sarabia Cruz (PRI), Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos y el diputado Bayardo Ojeda Marrufo (PRD), recordaron que el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA por lo que confiaron en que se redoblen los esfuerzos en materia de atención a quienes padecen la enfermedad.   
No habiendo más asuntos que tratar, el pleno de la LX Legislatura aprobó celebrar la siguiente Sesión Ordinaria el martes 2 de diciembre a las 11 de la mañana, con lo que se dio por clausurada la plenaria del día.
Integraron la Mesa Directiva, el diputado Rafael Chan Magaña (PRI), Presidente; la diputada Flor Díaz Castillo (PRI) y el diputado Luis Manzanero Villanueva (PRD), secretarios.
Inicia formalmente el análisis de los paquetes fiscales 2015
Momentos después, en sesión de trabajo de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal se distribuyeron entre sus integrantes, copias fotostáticas y discos compactos con documentos en formato digital de las Iniciativas relativas a los paquetes fiscales 2015 del Estado de Yucatán y los 106 municipios del Estado.
Así mismo, se instruyó a la Secretaría General para que hoy mismo sean entregados a cada uno de los diputados restantes que conforman la LX Legislatura, la totalidad de los Paquetes Fiscales del Estado, en versión escrita y electrónica, para que puedan comenzar, cada uno de ellos, la revisión de dichos paquetes.
De esta forma inició formalmente el análisis de todos los Paquetes Fiscales 2015 en los que se incluye el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda de Yucatán.
También de las Iniciativas del Ejecutivo del Estado de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015; Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal; así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán.
Asimismo de las Iniciativas presentadas por 106 Ayuntamientos del Estado con las que someten a consideración su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015; además de la Iniciativa de nueva Ley de Hacienda del municipio de Río Lagartos y las Iniciativas de reformas a la Ley de Hacienda de cinco municipios de Yucatán.
El Presidente de la Comisión, diputado Rafael Chan Magaña (PRI), instruyó a la Secretaría General la elaboración de  una propuesta de criterios para el análisis de las leyes de ingresos municipales, una propuesta de calendario para las sesiones correspondientes de la Comisión y una propuesta para dictaminar el paquete fiscal municipal de las leyes de hacienda y de ingresos.
De igual forma, invitó a los diputados integrantes a una reunión con el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Roberto Rodríguez Asaf, el lunes 1 de diciembre a las 11 de la mañana, en las oficinas de la Junta de Gobierno, a fin de conocer a detalle aspectos relevantes de la propuesta de Paquete Fiscal 2015 del Ejecutivo estatal.
Completan la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la diputada y diputados Sofía Castro Romero (PAN), vicepresidenta; Luis Echeverría Navarro (PRI), Francisco Torres Rivas (PRI), secretarios; Luis Hevia Jiménez (PRI), Dafne López Martínez (PRI) y Mauricio Vila Dosal, vocales.
COMUNICADO DE PRENSA
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“Es difícil” para los yucatecos nuevo sistema penal

28 julio 2014
Noticias de Yucatán ()


No todo acusado tiene que estar preso -la fiscal

“El nuevo sistema penal es algo difícil para la sociedad yucateca y complicado para las autoridades”, manifestó Celia Rivas Rodríguez, fiscal general del Estado.
En entrevista se preguntó a la funcionaria sobre los resultados del sistema penal oral y la liberación de varios acusados de delitos graves.
En recientes fechas fueron excarcelados una mesera que ultimó a su amasio en Kanasín, los asaltantes de una casa de empeños y varios acusados de narcomenudeo, delitos considerados graves, según la consignación de esa Fiscalía a los jueces penales con el sistema oral.
La maestra Rivas señaló que el nuevo sistema privilegia “los acuerdos entre las partes y la reparación del daño” y que bajo este esquema el 52% de las denuncias se resolvieron sin que los inculpados pisen la cárcel.
Ese porcentaje es el registrado en el primer mes del sistema judicial, del dos de junio a la misma fecha de julio, precisó.
“Pero los asuntos no acaban con que los detenidos sean liberados, pues se siguen integrando las carpetas de investigación y en el tiempo que fija la ley los jueces citarán a los responsables de algún delito”, señaló. El sistema sólo determina la prisión “en casos excepcionales”.
Eso significa que los detenidos pueden ser liberados a las pocas horas de su aprehensión, pero si no hay acuerdo con la parte quejosa, el caso seguirá su curso en los juzgados orales.
Celia Rivas manifestó que la ciudadanía comprenderá, con el paso del tiempo, que no todo acusado tiene que estar preso. “Es algo difícil para la sociedad y complicado para las autoridades”, comentó.
“Nostros tenemos que capacitarnos más, preparanos” para que las carpetas de investigación estén integradas adecuadamente, indicó.- Rudesindo Ferráez.
Justicia | Un caso
La fiscal Celia Rivas habló, entre otros, del caso del detenido “El Hoch”.
Cerrado
Ese asunto “está cerrado”, dijo en relación con la muerte de la señora Luciana Puc Uc en polémica intervención policíaca en una casa de la Amalia Solórzano en noviembre. La muerte ocurrió durante la detención de Juan Gerardo Aguilar Torres “El Hoch”, quien fue acusado de poseer droga con fines de venta.

Garantía jurídica de tener un proceso penal con justicia

10 julio 2014
Noticias de Yucatán ()

Mayor combate a la impunidad con un nuevo código

La aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penal facilitará que cada día tengamos mejores procesos de este tipo, pero sobre todo que se combata la impunidad y que los delitos efectivamente se castiguen pero con el pleno respeto a los derechos de los imputados y las víctimas, así lo señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal.
Durante la mesa panel “Aspectos relevantes del Código Nacional de Procedimientos Penales”, el magistrado señaló que a través del sistema de audiencia la aplicación del código equilibra las partes y le da herramientas al Ministerio Público para facilitar y profesionalizar la investigación, lo cual permitirá una mejor justicia penal.
En el evento se entregaron reconocimientos a los jueces y personal judicial que obtuvieron los mejores promedios en el seminario de difusión análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, los días 10, 11,21 y 22 de abril en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia.
“La participación de 120 abogados, en su mayoría particulares, es muestra del interés de la comunidad jurídica, que asume el reto como una motivación de ponerse al día actualizarse y dominar habilidades en el proceso penal”.
El el evento participaron los jueces de control Luis Solís Montero, Luis Armando Mendoza Casanova y Níger Pool Cab.- Alejandro Moreno Peña
De un vistazo
Igualdad
Tendrá figuras jurídicas y recursos que permitirán un proceso con más igualdad para la víctima y el acusado.
Derechos
La definición de los criterios para la salvaguarda de los derechos humanos de ambas partes fue uno de los aspectos que se resaltaron durante la mesa panel ” Aspectos relevantes del Código Nacional de Procedimientos Penales”, que la tarde de ayer se realizó en la sede del Poder Judicial del Estado.

Armas contra la manipulación

30 junio 2014
Noticias de Yucatán ()

Los jueces, con más herramientas para proteger al menor

El interés superior del niño es un principio relevante en el Código de Familia del Estado de Yucatán, que ofrece herramientas a los jueces para garantizar la protección de los menores, declaró Fanny Guadalupe Iuit Arjona, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
En una entrevista que concedió en días pasados, como parte de un reportaje sobre los padres que no cumplen las obligaciones de asistenciaalimentaria, la maestra en Derecho indicó que el interés superior del niño es un aspecto considerado en tratados internacionales, que la legislación local recoge y regula para que los jueces tengan más elementos para una mejor impartición de justicia.
“Se busca que los niños nunca salgan perjudicados”, añadió. “Por el contrario: el objetivo es ponderar ese interés en todos los problemas, cuidar a los niños, que es una obligación del Estado”.
Al detallar las herramientas que se conceden ahora a los jueces, subrayó que atendiendo a ese interés superior el juzgador puede modificar la custodia en caso de que el padre o la madre con esa prerrogativa esté perjudicando o causando agravio al menor.
“Si de repente, por ejemplo, el padre o la madre que tienen la custodia impiden al niño que vea a la otra parte, los jueces pueden modificar la custodia y dársela al otro u otra”, explicó. “Incluso se la puede dar a un tercero si ambos padres están causando perjuicio al niño en su integridad física o emocional”.
En cuanto a la alienación parental, un concepto nuevo que también está regulado, Fanny Iuit indicó que ese término se refiere a una manipulación de los hijos por parte de la madre o el padre, siempre predisponiéndolo contra la otra parte.
“Al dejar mal a la contraparte con el hijo, éste va tomando una conducta inadecuada con el padre o la madre que no tienen la custodia”, agregó. “Pueden asumir una actitud de rencor, de resentimiento, de no querer convivir con el otro u otra. Se puede llegar al odio en casos extremos”.
Cuando se acredita esa manipulación, señaló la consejera, se puede cambiar o perder la custodia del menor. Inclusive, puede proceder la pérdida del ejercicio de la patria potestad.
Rosa Isela Sandoval Durán, jueza primera de oralidad familiar, explicó que el Código de Familia establece amplias disposiciones que tienen como propósito de la protección de los menores de edad.
“En un divorcio, ya sea voluntario o sin causales, la ley señala cuáles son los requisitos para presentar una propuesta de convenio que atienda a la protección de los menores”, indicó la abogada Sandoval, de cuyas declaraciones también informamos en amplio reportaje que publicamos el domingo 15 de este mes.
Más adelante señaló que cuando la pareja llega a juicio es porque hay un conflicto, lo cual dificulta un acuerdo.
“Uno de los principios que rigen este procedimiento es el principio de concordia”, apuntó. “Es decir, se busca que las partes puedan solucionar su conflicto, que ellos mismos propongan la solución. En materia familiar están de por medio los intereses de los niños, que son los más afectados”.
“Tratamos de que esa solución de los padres se concrete de manera amistosa. Por eso buscamos que ellos la propongan, por el bienestar del niño”.
En el caso específico de los alimentos a que tiene derecho todo menor, la jueza explicó que se trata de un concepto que el Código de Familia define como una prerrogativa que nace del parentesco.
“El concepto de alimentos abarca comida, vestido, habitación, gastos escolares, servicio médico y todos los gastos necesarios para que el menor alcance una profesión, un oficio”, continuó.
La ley establece que la obligación alimentaria se otorga hasta que el hijo concluya sus estudios profesionales, aun siendo mayor de edad. Si se casa pierde el derecho.

Padres manipuladores

La ley protege más a los menores de la influencia nociva

Sociedad
En los conflictos de pareja suele ocurrir un fenómeno: la alienación parental, que consiste en la manipulación de los hijos para predisponerlo contra alguna de las partes.
El Código de Familia del Estado de Yucatán, que entró en vigor en febrero de 2013, regula ese concepto y establece candados para evitar que la influencia nociva afecta la estabilidad física y emocional de los niños.
“Al dejar mal a la contraparte con el hijo, éste va tomando una conducta inadecuada con el padre o la madre que no tienen la custodia”, explica Fanny Guadalupe Iuit Arjona, consejera de la Judicatura delPoder Judicial del Estado. “Pueden asumir una actitud de rencor, de resentimiento, de no querer convivir con el otro u otra. Se puede llegar al odio en casos extremos”.
Sin embargo, ya no es tan fácil ejercer esa influencia negativa. La maestra Iuit Arjona advierte que cuando se confirma y acredita la manipulación se puede modificar la custodia del menor e incluso perderla. Más aún, el juez que tenga conocimiento del caso puede declarar la pérdida del ejercicio de la patria potestad.- ÁNGEL NOH ESTRADA
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Derecho | Los niños
El Código de Familia introdujo innovadores conceptos para la impartición de justicia.
La concordia
El interés superior del niño es un concepto predominante. Cuando hay conflicto en la familia se busca una solución amistosa en la pareja, para afectar lo menos posible a los hijos.

Padres desobligados

16 junio 2014
Noticias de Yucatán ()


Promedio de 2,000 denuncias al año por no dar sustento

Sociedad
La Fiscalía General del Estado recibe unpromedio de 2,000 denuncias al año por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, informa la titular de esa institución, Celia Rivas Rodríguez.
De ese total, explica, aproximadamente el 55 por ciento se resuelve desde la primera instancia, mediante acuerdo de las partes, y esto evita su llegada a los juzgados.
En amplia entrevista en sus oficinas de la Fiscalía, la maestra Rivas Rodríguez subraya que el nuevo sistema de justicia penal trajo grandes beneficios en ese tema, pues se acortó el proceso para llegar a una resolución y se impusieron más herramientas para protección de los hijos de la pareja en conflicto, como la posibilidad de embargar propiedades del deudor alimentario cuando se niega a cumplir.
Sobre el número de denuncias de este tipo en los últimos años, la fiscal indica que al menos en lainstitución a su cargo se ha mantenido estable, considerando que la población es cada vez mayor.
De acuerdo con sus estadísticas, desde su llegada a la Fiscalía en 2012 las denuncias aumentaron en un 20 por ciento, pero insistió en que se le puede considerar un porcentaje estable porque también ha crecido el número de habitantes.
“Desde que se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres ha sido recurrente el tema de las denuncias”, enfatiza. “Hemos sentido que aumenta, por supuesto, desde que hay una mujer al frente de la Fiscalía. Creo que esto es una situación normal porque hay confianza en que las denuncias serán atendidas en el marco de la ley, pero con mayor sensibilidad”.
La funcionaria también se refiere a las órdenes de arresto contra padres incumplidos. Este año el número es considerablemente menor que en períodos anteriores, porque el nuevo sistema privilegia el acuerdo.

Menos cárcel, más acuerdos

Detallan el trabajo de la Fiscalía ante padres incumplidos

En lo que va de 2014 la Fiscalía General del Estado ha ejecutado 160 órdenes de aprehensión por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, una cantidad baja si se le compara con años anteriores.
Sin embargo, eso no significa que haya menos denuncias o que se haya bajado la guardia en las órdenes de arresto: es resultado de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, que facilita los acuerdos para garantizar protección a los menores que tienen derecho a los alimentos.
La fiscal general del Estado, Celia Rivas Rodríguez, explica en una entrevista que se mantiene el promedio de 2,000 denuncias al año por ese delito ante la institución a su cargo. El 55 por ciento se resuelve mediante acuerdos.
“Con el sistema tradicional se ejecutaban órdenes de aprehensión”, añade. “Desde que iniciamos nuestro trabajo en la Fiscalía (en octubre de 2012), el número de órdenes aumentó prácticamente en un 100 por ciento”.
“En 2013 ejecutamos 404 por incumplimiento de asistencia familiar, pero en lo que llevamos de este año son 160, considerando que en muchos municipios ya se aplicaba el nuevo sistema de justicia penal”.
La entrevista con la maestra Rivas Rodríguez forma parte de un reportaje vinculado con la otra cara de festejos como el Día del Padre. Ayer publicamos datos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) sobre maltrato infantil, cometido en la mayoría de los casos por el padre y la madre, y declaraciones de una jueza de oralidad familiar sobre la situación en que quedan los hijos en casos de divorcio.
La fiscal general también formula los siguientes conceptos:
-Desde que se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres se ha dado especial atención a este tema tan delicado, porque desgraciadamente muchos papás no entienden que dejan de ser pareja pero no dejan de ser papás. A veces, en medio de sus problemas, una manera de agredir o molestar a la ex pareja -y lo digo porque puede ser hombre o mujer- es dejar de pagar la manutención, esta pensión alimenticia que es un derecho de los niños, no de los papás que tengan la custodia de los menores.
-Con el nuevo sistema de justicia penal se acortan los tiempos. Si bien es cierto que con el sistema tradicional se podían ejecutar órdenes de aprehensión, también lo es que los papás podían salir de prisión consignando cierta cantidad de dinero y el proceso se podía llevar hasta tres años, sobre todo si había amparos.
-Con el nuevo sistema, lo más que se puede demorar un caso de este tipo son seis meses llevándolo hasta el final, pero esto es lo que no se pretende. Desde el inicio de este esquema se trata de llegar a arreglos y así lo estamos haciendo. Lo último que hacemos, el último recurso, es integrar la carpeta y “subirla” al juez.
-En el nuevo sistema, además de que se acortan los tiempos, hay una gran ventaja en los casos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar: se giran oficios al Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial y a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de corroborar si los imputados tienen propiedades y vehículos, que en cierto momento se les pueden embargar.
-Si llegamos al final, que no es lo que se pretende, podría darse la prisión, con una sentencia de uno a cuatro años. También multas, privación de los derechos de familia y pago de reparación del daño.
-Si hay reincidencia, la sanción sube de tres a seis años de cárcel. Si el reincidente se coloca en situación de insolvencia a propósito, también la pena aumenta de uno a seis años.- ÁNGEL NOH ESTRADA
Denuncias | Proceso
El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado fue inaugurado el 7 de marzo.
Pasos a seguir
Ese organismo hizo más eficiente la atención de mujeres que son víctimas de algún delito o están involucradas en algún problema legal. Cuando se trata de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la interesada se entrevista con una trabajadora social, que determina si se reúnen las condiciones para un proceso. De ser así se le indica qué documentación debe reunir y luego recibe el acompañamiento de un asesor jurídico.
Arreglo desde el principio
Cuando se cita al papá incumplido para que acuda a declarar, como por “arte de magia” se llega a un acuerdo, en palabras de la fiscal general, Celia Rivas Rodríguez. Con la conciliación termina el problema, pero de no ser así se integra la carpeta de investigación y se “sube” el caso al juez. Esto, enfatiza la maestra Rivas Rodríguez, es el último recurso.

También el varón se queja

Aunque raros, hay casos en que pide dinero de la mujer

En el 99 por ciento de los casos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que conoce la Fiscalía General del Estado, las denunciantes son mujeres.
El porcentaje restante son varones que reclaman un pago de su pareja o ex pareja, revela la fiscal general, Celia Rivas Rodríguez.
“Sí hay casos de (denuncias de) hombres, pero son extremadamente raros, digamos que excepcionales”, indica la maestra en Derecho.
“Me ha tocado algún caso donde la mamá tiene la custodia y el papá se dedica exclusivamente a cuidar a los niños, y entonces pide una pensión alimenticia”, apunta.
La fiscal reitera que en el ámbito penal se acortaron significativamente los tiempos para resolver un caso de esa índole, como fruto de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia.- 

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