Además del terreno de Chabihau que aceptó indebidamente en donación del Ayuntamiento de Yobaín, el secretario de Haciendadel Estado, Juan Gabriel Ricalde Ramírez, tiene al menos otras cinco propiedades que adquirió a nombre de él y sus familiares siendo funcionario público. Se trata de otros predios que están en la colonia Alemán, el fraccionamiento Paraíso Maya, Ciudad Caucel y Altabrisa, en estos dos últimos realizó las operaciones con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (Ivey), sucesor de la Cousey, que dirigió Angélica Araujo Lara. En las operaciones de compraventa llama también la atención que escribanos o notarios que tienen susoficinas, por ejemplo, en Cenotillo hayan escriturado el predio de Chabihau, y uno de Maxcanú haya venido a hacer el de Ciudad Caucel. Antes de ser secretario de Hacienda, Ricalde Ramírez sólo aparecía con dos predios, uno en San Antonio Cinta y otro en Santa María Chi, de manera que con las seis nuevas propiedades el patrimoniofamiliar se triplicó.No obstante de que el tesorero alega que comenzó el trámite de donación del terreno de Chabihau antes de obtener ese cargo, por ley estaba impedido para recibirlo, ya que éstas se hacen a personas que no tienen ninguna propiedad en todo el Estado.
El Cabildo de Yobaín, que presidía Adonay Avilés Sierra, habría incurrido también en una responsabilidad al aprobar la donación en sesión extraordinaria, toda vez que debió cerciorarse de que Ricalde Ramírez no tenía ninguna propiedad y era legalmente apto para recibir el terreno.
De acuerdo con información proporcionada a este periódico, sustentada con cédulas catastrales oficiales, el 18 de marzo de 2009 el secretario de Hacienda escrituró a su nombre el predio No. 270 de la calle 29-A entre 30 y 32 de la colonia Alemán, un terreno valuado catastralmente (su precio comercial es mayor) en $115,488.
Es un terreno de 288 metros cuadrados en el que, según las fuentes, construyó su despacho de asesoría contable.
El título de propiedad es el número 94 y está inscrito en el folio 557480, libro 1, tomo 00 y número de inscripción 1038443. La escritura estuvo a cargo del notario número 40, Carlos Peniche Escalante.
Los demás predios de la familia de Ricalde Ramírez son los siguientes:
-Ciudad Caucel, calle 70 número 603-D entre 31 y 80, con escritura pública No. 255 del 11 de agosto de 2009, a cargo del notario No. 99 adscrito en Maxcanú, Fernando Villanueva Jorge.
El predio está a nombre de su esposa María Antonieta Zárate Hernández. En ese terreno se construyó la escuela Instituto Educativo Bambino y, según las fuentes, también abarca un predio contiguo, el No. 603-C, aunque sólo está registrado el primero.
-Altabrisa, calle 24 No. 230, que le compró al Ivey el 1 de septiembre de 2008, siendo su titular la arquitecta Araujo Lara. Es de 527.79 m2.
-Paraíso Maya, dos predios, uno es el de la calle 16 No. 625 entre 13 y 15, con un terreno de 175.82 m2 y una construcción de 163.61 m2, tiene un valor de $490,465. Está a nombre de su hijo Raúl de Jesús Ricalde Zárate, director de Administración del Ayuntamiento que encabeza Angélica Araujo.
La fecha de la escritura es del 24 de junio de 2008, antes de que Raúl Ricalde fuera nombrado director en la Comuna. Dio fe el notario Rafael Ramos Vázquez.
-El otro predio de Altabrisa está a nombre de su hija Daniela Guadalupe Ricalde Zárate, el de la calle 27 número 378 entre 13 y 15, con 173.07 m2 de terreno y 163.61 m2 de construcción. Su valor catastral es de $489,137. La operación fue el 12 de mayo de 2008 y dio fe el mismo notario Ramos Vázquez.
En su calidad de ciudadanos, el regidor Kirbey Herrera Chab y el ex diputado Orlando Pérez Moguel demandaron el miércoles 14 pasado juicio político contra Ricalde Ramírez, porque aceptó el 10 de noviembre de 2009 la donación de un terreno de 10 x 30 metros del Ayuntamiento de Yobaín, lo escrituró a su nombre el 11 de diciembre de 2009 y registró el predio el 26 de enero de 2010 en el Registro Público de la Propiedad.
Ricalde Ramírez aceptó que la donación se formalizó siendo funcionario y dijo que acatará lo que dicte la ley y está dispuesto a devolver el terreno. Los promoventes de juicio exigen su destitución
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