¿Cuál es la razón de esto? Un diagnóstico sobre violencia sexual en el país a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) evidencia fallas estructurales que van desde la pobre detección oportuna de los casos hasta deficiencias en los registros, diferencias entre los estados sobre los tipos y gravedad de los delitos, y una mala atención y seguimiento de las víctimas.
Según proyecciones de la CEAV, a partir de las encuestas de victimización del Inegi, de 2010 a 2015 se habrían cometido más de dos millones 900 mil ataques sexuales en el país, pero 94% ni siquiera fue denunciado.
La Comisión solicitó a las procuradurías de los estados el número de averiguaciones previas por delitos sexuales en el mismo periodo. La mitad respondió y la cifra fue de 83 mil expedientes, un mínimo del universo de casos proyectados que se cometieron.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas proporcionó a “Animal Político” el documento completo del diagnóstico y a partir del mismo se presentan las principales fallas descubiertas por los investigadores.
En México los delitos sexuales no se miden con la misma vara. Esto se debe a que no existe una ley homologada o general para este tipo de ilícitos, por lo que cada estado define a su criterio en su código penal que sanciones se aplican e incluso, si algún tipo de agresión se castiga o no.
Por ejemplo, hay tres códigos penales, el de Zacatecas, Tamaulipas y el Federal, que para sancionar el hostigamiento sexual piden como requisito que haya un daño o perjuicio comprobable, lo que debería ser irrelevante (según el análisis) pues dicho ilícito atenta contra la libertad y seguridad sexual, sin que necesariamente llegue a perderse.
Hay estados como Baja California, Campeche, Durango y Sonora que dejan de castigar el estupro (relación sexual con un menor) si el agresor contrae matrimonio con la víctima, lo que los especialistas consideran que “legaliza la prolongación de la lesión al bien jurídico (la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual) que debía tutelar el tipo penal”.
Otro caso que ejemplifica el desorden en la legislación es el delito de violación el cual debería castigarse igual en los estados dada la gravedad que conlleva.
Resulta que la violación impropia (utilizar un objeto para penetrar a la víctima) en estados como Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa se considera un delito más grave que la violación propia (copular con la víctima contra su voluntad), mientras que en otros estados, como Durango, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas, se le considera menos grave.
Además de confusión, hay duplicidad dentro de los mismos códigos. Por ejemplo, el Estado de México, Nayarit y Coahuila consideran una pena para el feminicidio si la víctima es violada, y otra pena para la violación si la víctima muere, “aunque en los hechos el resultado es el mismo”.
Todos los códigos prevén el aborto luego de una violación como libre de responsabilidad pero, según el análisis, la mayoría de estas leyes son omisas en determinar requisitos, tiempos y autoridades responsables de dar la autorización.
Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí son las únicas entidades donde las violaciones no prescriben, es decir, donde no hay un límite de tiempo para que se indague el delito y castigue al responsable.
En el ámbito escolar, sólo las secretarías de Educación de nueve entidades (Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) además de la secretaría de Seguridad Pública Federal, contaron con información: 736 casos de violencia sexual atendidos en cinco años.
